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Educación: la década perdida

Educación: la década perdida

Educación: la década perdida

En su inmensa mayoría, los ministros han sido ingenieros comerciales y abogados (salvo Adriana Del Piano, asistente social) los que han estado a cargo de dirigir las políticas del ministerio, que se centró estos últimos 10 años en aplicar lógicas econométricas a un mundo que nunca terminaron de entender: el aula y la comunidad educativa.

En los últimos diez años, tuvimos ocho ministros/as en la cartera de Educación. Quizás esa frase basta para explicar parte importante del origen de la crisis estructural que vive Chile desde hace rato, pero que al parecer se hizo visible para todos a partir de octubre del 2019. Y digo estructural porque eso es; estamos frente a un cambio en eso que el historiador inglés Edward P. Thompson, denominaba economía moral de una sociedad: cambios en aquellos acuerdos tácitos que moldean y condicionan la interacción entre sus miembros.

Esos acuerdos que debiesen cristalizarse en una nueva Constitución que refleje este nuevo ethos. Pero supongo que esa es otra columna. En esta, enfocada en educación, me parece pertinente revisar dos aspectos de esta última década.

En primer lugar, analizar la importancia que la clase política dirigente de los últimos 30 años le ha otorgado al ejercicio de nombrar un/una ministro/a adecuado/a para la cartera, producto, propongo, de una buscada improvisación estructural del estado de Chile en el área de Educación. En segundo lugar, destacar el carácter político de las campañas en contra de la enseñanza del ramo de Historia en las escuelas y colegios del país en esta última década, como un ejemplo de lo descrito anteriormente.

Detenernos en extenso en cada ministro o ministra –Joaquín Lavín, Felipe Bulnes, Harald Beyer, Carolina Schmidt, Nicolás Eyzaguirre, Adriana Del Piano, Gerardo Varela, y Marcela Cubillos– sería un abuso para la paciencia de los lectores, no porque hayan encabezado un listado infinitito de políticas públicas revolucionarias, sino debido a que las similitudes entre sus perfiles no-idóneos para el cargo resulta irritante.

En su inmensa mayoría han sido ingenieros comerciales y abogados (salvo Adriana Del Piano, asistente social) los que han estado a cargo de dirigir las políticas del ministerio, que se centró estos últimos 10 años en aplicar lógicas econométricas a un mundo que nunca terminaron de entender: el aula y la comunidad educativa.

Lamentablemente, el problema no sólo se remite a las evidentes ignorancias de las y los ministros sobre su propia cartera, sino también a que se hicieron de un discurso que los ubica(ba) como “técnicos” necesarios en un ministerio que “no debía caer en las nefastas lógicas ideologizadas del magisterio”. Como si la decisión de poner a gente no preparada a dirigir uno de los más importantes ministerios no fuese una decisión ideológica. Saber leer, sumar y restar no te hace un experto en educación, claro está, pero permite taponear temas, dilatar discusiones o construir artilugios discursivos como la narrativa del mérito, que busca perpetuar el statu quo, beneficiando a unos pocos, y construyendo la ilusión de ascenso social a otros pocos más.

Esta última década se inauguró con el nombramiento de uno de los tantos talentos Da Vincianos con los que cuenta nuestro país; de esos talentos únicos que pueden pasar de ser alcaldes a ministros, de congresista a secretario de Estado, o cambiar de ministerio como quien cambia de ánimo. Este es el caso de Joaquín Lavín Infante, quien por esos años pasaba de ser alcalde de Las Condes a convertirse en el nuevo ministro de educación nombrado por el recientemente asumido Sebastián Piñera, durante su primer gobierno.

En noviembre del 2010, Lavín presentó ante la prensa lo que él definió como “el mayor cambio curricular de los últimos años”, que en términos simples se trataba de un aumento de las horas de Lenguaje y Matemáticas, y una disminución de las horas de Historia y Tecnología. La idea, explicitaba Lavín, era poder focalizarse en “lo importante”, y así mejorar en los índices más relevantes para los rankings de la OCDE. Finalmente, la medida no se hizo efectiva gracias a la buena articulación de un movimiento académico y ciudadano que defendió la importancia política de la enseñanza de la historia en la formación de ciudadanos críticos.

Dos años después, en abril del 2012, en un hecho no suficientemente criticado, se creó la Comisión Nacional de Educación, CNED, buscando “cautelar y promover la calidad de la educación parvularia, básica, media y terciaria en el marco de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y superior, a través de la evaluación de diversas propuestas educacionales de organismos públicos e instituciones de educación y la entrega oportuna de información a estudiantes y sus familias, tomadores de decisiones, académicos y la comunidad en general”. En corto, se formó para hacer el trabajo que un ministerio con herramientas básicas de fiscalización está mandatado a realizar. Pero nuestra elite, asumiendo que el ministerio podía ser usado como agencia de empleo por los partidos políticos hegemónicos de turno, tercerizó el mal llamado trabajo “técnico”, supuestamente buscando salvaguardar la educación de políticos sobre-ideologizados.

Desde abril del 2019, Marcela Cubillos, actual ministra de educación, se convirtió en protagonista de una nueva controversia provocada por la decisión del CNED – y avalada por la ministra – de dejar el ramo de Historia como opcional y no obligatorio. Diez años después de Lavín, nos encontramos nuevamente ante un escenario que nos obliga a defender la importancia de la enseñanza de la historia para la formación ciudadana, lo que confirma la poca importancia que nuestra clase política le ha dado al tema, y lo inoperante que han resultado esa casta de pseudo-tecnócratas a la hora de pensar políticas públicas en el área de la educación.

Mucho se ha escrito desde el 19 de octubre sobre las deficiencias éticas y morales de nuestra elite durante estos últimos 30 años. Sin embargo, pienso que eso no basta. A la corrupción de nuestras instituciones y autoridades civiles, eclesiásticas y militares hay que agregar otro elemento de análisis: la funcional baja preparación intelectual de nuestra elite dirigente a la hora de pensar el país. Lamentablemente, un rápido vistazo a las políticas públicas emanadas de la cartera evidencia que el ministerio de Educación no fue la excepción. De ahí la importancia de (re)pensar qué hemos hecho en educación en esta última década en momentos de grandes transformaciones.

Cristián Castro García, Director de la Escuela de Historia Universidad Diego Portales

QUÉ PASA, 07-01-2020

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