Jueves 16 de agosto del 2012

¿QUIÉN DEFIENDE A LOS JUECES?

fernandezEscribe Mario Fernández: “Los poderes del Estado no pueden revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones judiciales, aunque lo decidido sea impopular”.

“Si esto continúa como una escalada y una política permanente, evidentemente que vamos a tener que hacer presente, ante estas organizaciones a las cuales pertenecemos, que efectivamente se está afectando en nuestro país la independencia de los jueces y del Poder Judicial en su conjunto”.

Así se pronunció el presidente de la Asociación de Magistrados de Chile frente a los recientes cuestionamientos sobre resoluciones judiciales expresados por autoridades de Estado.

La inquietud de los jueces es válida y preocupante.

La independencia de los tribunales de justicia no es un privilegio arcaico de los magistrados, sino una garantía democrática y de sano funcionamiento del Estado de Derecho. Su vigencia no sólo se garantiza con la exclusividad para ejercer jurisdicción, sino mediante la prohibición constitucional a los otros poderes públicos para que interfieran en sus esferas de competencia.

“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Así de perentorio es el artículo 76 de la Constitución. Los poderes del Estado no pueden revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones judiciales en caso alguno, o sea, aunque lo decidido por un tribunal sea impopular o contrario al parecer de gobernantes y legisladores. Para modificar una decisión jurisdiccional indeseada, están los recursos que la ley dispone, cuya utilización está abierta a la autoridad o a las personas, ciñéndose a las formas procesales.

Además, esta prohibición de interferencia se dirige a cautelar la extrema pulcritud de las relaciones entre los poderes de Estado. Hay que recordar que el Presidente de la República y el Senado participan en la designación de los ministros de corte. Por otra parte, ambas Cámaras conocen de las acusaciones constitucionales que pudiesen afectar a dichos magistrados superiores por notable abandono de deberes. Como se ve, el trato entre los poderes públicos va más allá de una relación de deferencia. Se trata de una relación de mutua separación, equilibrio y control.

¿Y por qué la Constitución establece expresamente la independencia del Poder Judicial? Porque existe una asimetría entre los poderes políticos y el Poder Judicial. Mientras que el gobierno y el Parlamento disponen de innumerables instrumentos para defender sus prerrogativas, los jueces sólo hablan a través de sus sentencias. No disponen de otro poder que su sapiencia jurídica y la rectitud de su desempeño.

Meditamos con seriedad lo que está pasando: ¿Qué pasaría si los diferendos judiciales pasaran a ser resueltos en el debate público y si las sentencias se definieran por elección popular o por encuestas, según la atmósfera pública?

La cultura cívica en el Chile de hoy es precaria. El desconocimiento de la Constitución ha llegado muy lejos. Y no se trata de que todos seamos abogados. Se trata simplemente de ser buenos ciudadanos.▀▄

Mario Fernández

Abogado

La Tercera”

12 08 2012