Jueves 26 de julio del 2012

COTIZANTES ABUSIVOS

fuenzalidaEscribe Javier Fuenzalida A.: “una mala ley favorece a las Isapres en desmedro de sus cotizantes como es el privilegio único de aumentar el precio unilateralmente”

Así debió titularse la inserción pagada de las Isapres publicada en la edición del 17 de Julio. ¿Cuántos recursos de amparos, de inaplicabilidad ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han requerido los tenedores de pólizas de salud de las compañías de seguros de vida y cuántos artículos de la ley de seguros han sido declarados inconstitucionales? Ninguno. ¿Cuántos en contra de las Isapres? Cerca de 70.000 en los últimos tres años. Algo anda mal.

Ese algo nace de una mala ley que ha impedido que otras leyes sanas como el Código Civil, la ley de Derechos del Consumidor se apliquen, favoreciendo a las isapres en desmedro de sus cotizantes como es el privilegio único de aumentar el precio unilateralmente. Una ley mala que permite que una de las partes invente un índice de precio que no es tal y que su fiscalizador lo ha hecho propio. Una ley mala que reconoce la existencia de cerca de 500.000 cotizantes en cautiverio que no pueden cambiarse, una ley mala que le dio el privilegio exclusivo de hacerse del 7 % de las remuneraciones, una ley mala que tolera un monopolio con rentabilidades superiores al 40 % sin riesgo.

La referida inserción, pretendió defenderse de los cotizantes indignados acusando:

1) Que 70.000 demandantes de justicia no es nada. Considerando que un 30 % de cotizantes son cautivos, los demandantes son el 10 %. No son pocos los perjudicados.

2) Que para que a alguien con una renta mensual es de $ 300.000 se le reajuste dos veces su plan en $ 5.000 por aumento en la UF más un discutible ipc salud, es insignificante. Pero este módico “chaucheo”, según las isapres, le aumenta los ingresos en cerca de $ 3.000 millones, lo que no es poco.

3) Su abogada Vivanco alega que el ejercicio del derecho de justicia cuesta más o menos $ 700 millones ($ 4.000 millones de 6 años) y que si los cotizantes aceptaran el daño y no ejercieran sus derechos, a los demás le habrían rebajado el precio en $ 39 mensuales, una minucia. Pero nada habrían obtenido si esos $ 700 millones hubieran engrosado las utilidades del sistema en 10 %.

4) Altura Management, consultora que las asesora, sostiene que la judicialización afecta a la credibilidad de la Superintendencia. Cierto. Por algún motivo valedero, los afectados prefieren recurrir a la justicia y no a la Superintendencia. Entre otros porque alegó junto con las Isapres en contra la derogación del art. 38 ter en el Tribunal Constitucional, inventó un IPC de salud que no es tal y propuso una reforma que va en contra de los cotizantes. De paso, la asesora acusa a los abogados de montar un lucrativo negocio judicial ¿Qué dicen los Jueces y el Colegio de Abogados?

5) La inserción seña que el gasto per cápita en salud en Chile es de $ 500.000 por persona, el mas bajo de la OECD pero omite señalar que el PIB per cápita de Chile también es el más bajo de la OECD y también omite que gasto por cotizante de las Isapres es el doble de es suma.

6) La inserción pagada señala que debiera restringirse el derecho a la justicia mediante una ley que “establezca reglas ciertas, ajustada a la constitución” ¿Qué reglas? Por el contexto parecería sugerir que juicio justo debiera condicionarse a una suma de dinero y no al daño causado.▄▀

Javier Fuenzalida A.

Profesor, Universidad Finis Terrae

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25 07 2012