Jueves 5 de julio del 2012

EL MUSEO PÚBLICO PRIVADO

axelEscribe Axel Buchheister: El Museo de la Memoria es un proyecto sesgado, se niega a entregar antecedentes del contexto en que los hechos ocurrieron y omite a las víctimas de la violencia política que no sean imputables al régimen militar.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha estado en medio de un agitado debate, que sorprende cuando pareciera que no queda espacio para cuestionar verdades oficiales y todo el que ose hacerlo corre el riesgo cierto de recibir la inmediata funa de la izquierda. Le pasó a la directora de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), de innegable autoridad y trayectoria en la materia, pues el solo hecho de dar su opinión justificó la presentación de una carta ante el ministro de Educación, exigiendo su salida del cargo, firmada por un centenar de personajes de la academia y la cultura. Las redes sociales lamentaron la premura con que hubo que presentar el requerimiento, pues de lo contrario las firmas habrían sido muchas más. El debate académico en su máxima expresión: borrar del mapa al que opina distinto.

El Museo de la Memoria es un proyecto sesgado, no sólo porque se niega a entregar antecedentes del contexto en que los hechos ocurrieron, algo propio del rigor de un museo, sino porque omite a las víctimas de la violencia política que no sean imputables al régimen militar. Porque las hubo, entre agentes del Estado y simples inocentes que iban pasando, y así lo consigna el Informe Rettig. La izquierda las ha justificado como bajas que acontecieron en la lucha en contra de la dictadura, lo que quiere decir, entonces, que el contexto importa.

El director del museo explica que la misión de éste es exclusivamente dar a conocer las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura. Cierto que toda iniciativa privada -como formalmente es este caso- tiene derecho a fijarse su ámbito y exponer su propia visión, sin que esté obligada a considerar otras. Pero entonces que se financie con fondos privados, porque ésta se financia con fondos públicos. Y cuando están involucrados los dineros de todos, hay que someterse a ciertos estándares: postular el proyecto y competir con otros, presentar la realidad equilibradamente y rendir cuentas. Es cosa de revisar la página web del museo y advertir que no cumple con los requisitos básicos de transparencia que hoy se demandan a cualquiera que administre platas públicas; por ejemplo, en la memoria anual no figura su balance, ni detalle de sus gastos o cualquier otra explicación numérica del destino de los fondos fiscales que recibe.

Si el tema de los derechos humanos es tan importante -como lo es- ¿por qué no se hizo un museo público dependiente de la Dibam -como hay otros-, sino que una corporación privada? Los partidarios del Estado para todo, de pronto encontraron que la solución privada era mejor. Es que así no rinden cuentas y no están sujetos las incómodas reglas de la administración pública. Y pueden presentar su verdad privada como oficial, sin que los que pagamos impuestos y los financiamos podamos exigir que se matice algo, como por ejemplo que fuera un museo de la violencia política, que muestre la tragedia completa y nos quede claro quiénes fueron todos los culpables de ella.

En realidad no es tan difícil hacer un avance: será privada, pero todos los años hay que aprobar el aporte en la ley de presupuestos. Y el gobierno tiene iniciativa exclusiva en materia de gasto público. ▄▀

Axel Buchheister

Abogado

La Tercera”

01 07 2012