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Designación de los jueces

Designación de los jueces

Designación de los jueces

Jorge Correa: “…todo aquel que participe de la designación de jueces estará tentado de usar su poder para beneficio propio. Eso me lleva a desconfiar de la incorporación de académicos o dirigentes gremiales en la designación de los jueces. Temo el mismo o más tráfico de influencias, solo que más solapado…”.

Ante el llamado “desastre de Rancagua” surgen voces para modificar el sistema de designación de los jueces, como si allí estuviera la razón de la corrupción y su remedio. Bienvenido el debate, el sistema es perfectible, aunque también, no olvidemos, podemos empeorarlo. Sumo cinco consideraciones a este debate:

Primero: No hay bala de plata. En Chile, bajo el mismo sistema de designación (básicamente el superior jerárquico judicial del cargo a llenar propone tres o cinco nombres al Presidente, quien designa, salvo a la Suprema, en que, en los últimos 20 años, ha debido someter su elección al Senado) logró formarse un cuerpo de jueces con alto nivel de profesionalismo y probidad (1814-1970); caímos en fuertes oleadas de corrupción (1975-1997); salimos, al menos en lo grueso de sus redes (últimos 20 años), y hoy presenciamos lo que parecen ser brotes episódicos.

Países hermanos, con sistemas diversos, Consejos de la Magistratura, por el que algunos abogan, han visto primero politizarse y luego corromperse sus poderes judiciales. Ese mismo sistema funciona mejor, aunque no del todo bien, en España e Italia.

Sistemas de elección popular de jueces develan de cuando en vez a poderosos litigantes financiando sus campañas. Este panorama no debiera paralizar la reforma ni excluir una alternativa, pero sí hacernos descreer de discursos simplistas.

Segundo: Nuestro sistema, con jueces fuertemente dependientes de sus superiores —quienes disponen de sus calificaciones y ascensos con alta discrecionalidad—, hace que los niveles de probidad hayan dependido fuertemente de aquel reinante en la Corte Suprema; el que, a su vez, ha dependido del comportamiento del poder político. Corrompida la Suprema, poco ha podido hacerse para salvar al cuerpo de jueces, pero cuando los pocos miembros de esa Corte se han autoimpuesto y han exigido probidad, el mensaje no ha demorado en imponerse.

Tercero: Todo aquel que participe de la designación de jueces estará tentado de usar su poder para beneficio propio. La tentación, me parece, se reparte pareja entre humanos, cualquiera sea su edad, sexo, profesión, gremio o condición. Eso me lleva a desconfiar de la incorporación de académicos o dirigentes gremiales en la designación de los jueces. Temo el mismo o más tráfico de influencias, solo que más solapado. Si, en cambio, se decide mantener la confección de las listas de candidatos en el propio Poder Judicial, muchos proponen vehementemente que la haga una comisión de estos, para así distinguir las funciones jurisdiccionales de las de promoción. Ese cambio podría ser ventajoso para la mejor marcha de las tareas propiamente judiciales, pero no veo la razón por la que un sistema así pudiera ser ventajoso para combatir el amiguismo, la corrupción o asegurar más independencia personal al designado. Por el contrario, entre menos decidan, más riesgo de esos males.

Cuarto: El legítimo espacio de la política. Todo abogado sabe que los principios y valores del juez (ojalá ellos, abiertos y razonados, y no los prejuicios) serán decisivos en la forma en la que este entiende el Derecho. Estándares jurídicos abiertos, cada vez más frecuente en nuestro sistema, como el interés superior del niño, el ser o no peligroso para la sociedad o lo que sea un acto de discriminación arbitraria, serán leídos de manera diversa por jueces conservadores y liberales, garantistas y severos, feministas y misóginos, individualistas y socialistas. Por ello, en la elección de los jueces tienen y deben seguir teniendo un espacio las autoridades elegidas popularmente. No es bueno para la libertad ni para la justicia que los ciudadanos tengamos injerencia en lo que resuelve diariamente cada juez; pero es legítimo que los ciudadanos aspiremos, indirectamente y a través del tiempo, a un cuerpo judicial representativo de los valores dominantes y de la diversidad reinante.

Quinto: No es malo el sistema que tenemos, en el que participan los propios jueces, midiendo méritos, y luego el poder político, prefiriendo valores. El problema está en la corrupción de uno y otro criterio. El desafío, entonces, es cómo tener reglas y alentar prácticas en las que la elección de los jueces efectivamente mida méritos y no lealtades, y en que el poder político evalúe principios y no docilidades. Contra esa corrupción, el remedio es viejo: transparencia en los procesos. Algo de lo que nuestro sistema, en sus dos fases, pero sobre todo en la de la política, carece casi por completo.

Jorge Correa Sutil, Abogado

EL MERCURIO, 26-04-2019

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Al devolver un original no solicitado a un autor novel, el sabio estadounidense Samuel Johnson (1709-1784), sin más miramientos, le dijo:

—Su manuscrito es a la vez bueno y original; pero la parte que es buena no es original, y la parte que es original no es buena.

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Durante la llamada «ley seca» puesta en vigor en Estados Unidos durante los locos años veinte, se vendían unos paquetes de zumo de frutas en los que se podía leer el siguiente mensaje:

«Atención: el contenido de este paquete no debe ponerse en una vasija de barro, mezclarlo con levadura y ocho litros de agua, porque entonces se obtendría una bebida alcohólica cuya fabricación está prohibida».

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