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Buenos a la fuerza

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“Esta confianza excesiva -e ingenua- en las leyes subyace a la reforma a la ley de donación de órganos que se tramita en el Senado”

Para nadie es un misterio que la sociedad chilena es tremendamente legalista. No hay problema que surja para el que no se propicie una nueva ley o una reforma de ley. Parafraseando a García Márquez, puede decirse que vivimos en una especie de “legalismo mágico”, que quiere ver en todo texto legal una varita de mago capaz de todo tipo de transformaciones maravillosas.

Pero hay otro aspecto que contribuye a que este legalismo sea todavía más nocivo: la idea de que las virtudes personales y ciudadanas pueden ser conseguidas a punta de sanciones legales. No se tiene en cuenta que la institucionalidad jurídica es un instrumento delicado que solo debe ser utilizado para estimular o asegurar conductas mínimas de respeto y convivencia. En todo lo que supere este límite, la ley debiera dejar espacio para que sean otras las instancias de formación y cultivo de la bondad humana, ya que la inmensa mayoría de sus manifestaciones requiere un ambiente sin coerción y solo florecen en el jardín de la libertad.

Y, sin embargo, no es esto lo que vemos en iniciativas legales del último tiempo, que parecen entender que es posible y conveniente forzar a la gente a que sea solidaria, humilde, generosa y compasiva. El Tribunal Constitucional, con buen sentido, nos ha librado de una de ellas al eliminar el requisito del “arrepentimiento” que se pretendía exigir para el beneficio de la libertad condicional. ¿Qué laya de arrepentimiento habría sido este, obtenido por imposición legal? Esa misma compulsión por imponer virtudes a la fuerza se advierte en el proyecto que propone criminalizar la negación de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar; sus autores parecen pensar que, como sigue habiendo “desalmados” que no creen en la dignidad inviolable de todos los seres humanos, habrá que conminarlos a cambiar de parecer o a quedarse callados.

Esta confianza excesiva -e ingenua- en las leyes y en su fuerza impositiva subyace a la reforma a la ley de donación de órganos para trasplantes que se tramita en el Senado y que ha vuelto a la palestra a propósito del dramático caso del niño Joaquín Adasme, que murió esperando un hígado.

Los órganos para trasplante son muy provechosos y ayudan a salvar muchas vidas; pero para obtenerlos lícitamente es menester que la persona que muere o sus familiares realicen un acto virtuoso de generosidad y desprendimiento. Se trata de una “donación”, es decir, de un acto gratuito y desinteresado.

En un primer momento, la ley así lo comprendió y se limitó a facilitar la expresión de la voluntad de donar en los trámites de renovación de la cédula de identidad o de la licencia de conducir. Pero en 2010 comienza una tendencia coercitiva y se reforma la ley para disponer que todo mayor de edad es donante, salvo que manifieste voluntad en contrario (ley de donante universal). Como millones expresaron su negativa, el legislador trató de dificultar la declaración exigiendo que se hiciera ante notario. Nuevamente, miles de personas se dieron el tiempo para declararse no donantes y la cifra de órganos disponibles continuó descendiendo.

¿Cuál es la solución que, tanto gobierno como parlamentarios, están propiciando ahora? La de insistir por el camino de conjurar el poder coactivo de la ley. Se quiere reformar por enésima vez la ley, ahora para otorgar un plazo a los no donantes para que vuelvan a manifestar su voluntad negativa ante notario, bajo la amenaza de que, si no ratifican, se les considerará legalmente como “generosos” donantes. Lo que hizo fracasar hace unos días la votación en el Senado fue una discrepancia sobre la extensión de este plazo: mientras unos dicen que bastan seis meses, otros proponen cuatro años.

No hay que ser muy sagaz para vislumbrar que, cualquiera sea el plazo que se fije, esta reforma legal no incrementará las donaciones de órganos, porque mientras más coactiva sea la “donación”, más suspicacias y sospechas despertará en la población.

La educación y una gestión eficiente en el trato de los posibles donantes y de sus familias pueden hacer mucho más que leyes que aspiran a hacernos buenos a la fuerza.

Columna de Hernán Corral. EL MERCURIO, 10-01-2019

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Al rey español Felipe IV (1605-1665) le gustaba que le llamasen «el Grande». Tras la pérdida de Portugal, el duque de Medinaceli (1607-1671) comentó:

—A su majestad le pasa como a los hoyos, que cuanta más tierra pierden, más grandes son.

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—Era un gran patriota, un amigo fiel, un esposo abnegado y un padre ejemplar..., suponiendo, claro está, que haya muerto.

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