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Respeto a posturas distintas a las de la mayoría

Respeto a posturas distintas a las de la mayoría

Respeto a posturas distintas a las de la mayoría

Que el Estado retire esos subsidios, porque la institución objeta realizar procedimientos médicos ajenos a sus creencias, parece más bien un abuso de su poder

En su reciente columna, Carlos Peña argumenta que si una organización, invocando su autonomía, utiliza la objeción de conciencia institucional ante la ley de aborto -habiendo firmado con el Estado un convenio pagado para otorgar servicios de atención gineco-obstétrica-, incurre en un “liberalismo a costa ajena”. Estaría, continúa Peña, “homenajeando sus propias creencias gracias a rentas generales” de la nación, pues cuando el Estado delega la provisión de un servicio de salud a un tercero, dicho tercero “toma sobre sí mismo las mismas obligaciones que pesaban sobre el Estado”.

Pero, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué dicho convenio no podría delegar solo las obligaciones que la institución está en condiciones de cumplir, excluyendo aquellas de las que es objetora? ¿Acaso el convenio gineco-obstétrico no va mucho más allá del aborto? ¿Acaso el Estado no firma dichos convenios porque considera que entregan beneficios a la población, los que siguen estando vigentes, incluso después de invocada esa objeción? ¿Acaso al hacerlo, la población no estará mejor servida que si dichos servicios fueran provistos solo por el Estado?

La afirmación de Peña de que “los cuerpos intermedios no tienen derecho a que se subsidie con cargo a rentas generales su negativa a cumplir la ley” no representa con fidelidad lo que está sucediendo. Cuando el Estado establece un convenio de pago a una institución de salud -objetora o no-, equivale a otorgar, por subrogación, un subsidio a quienes requieren esos servicios de salud, fundado en que la infraestructura estatal no estuvo en condiciones de satisfacerlos en su totalidad, o bien, que por razones de calidad, oportunidad u otras, no fueron preferidos por las personas. En eso consiste la transacción tras el convenio. Que el Estado retire esos subsidios, porque la institución objeta realizar procedimientos médicos ajenos a sus creencias, parece más bien un abuso de su poder, en perjuicio del resto de los beneficios que de ese convenio se derivan y que está en el interés social perseguir, que una indebida promoción -a costa del erario nacional- de los valores de la institución objetora, que es lo que acusa Peña.

El ejemplo que da Peña de una escuela amish -o, agrego, de una escuela que se resista a enseñar evolución por selección natural por razones religiosas- también puede verse con la misma óptica. Si el Estado pretendiese retirarles el subsidio, pues no enseñan el currículum estatal de manera estricta, por haber aspectos donde discrepan de aquel, o incluso, si por esa razón ni siquiera se les reconoce como escuelas del sistema, ¿no estaría acaso el Estado abusando de su autoridad e interfiriendo con la libertad de creencia de esas comunidades, más que estas últimas aprovechando ilícitamente los recursos estatales? Si las comunidades amish o fundamentalistas religiosas prefieren no educar ciertas materias contrarias a sus convicciones, pero en el resto siguen las indicaciones generales del Estado, ¿por qué debería el Estado quitarles el subsidio? ¿Acaso el subsidio es solo para la educación que el Estado estrechamente defina como aceptable según la mayoría imperante? ¿No será mejor entenderlo como una forma de repartir parejamente recursos de los contribuyentes para la educación de los ciudadanos, independientemente de la manera en que a cada comunidad le parezca razonable hacerlo, siempre que “salve los derechos de terceros”, como dice Peña? ¿Acaso no es preferible utilizar los recursos del Estado para permitir la expresión de esos disensos específicos, que forzar a las personas a seguir un criterio único, aunque este haya sido aprobado democráticamente por la mayoría? ¿No es mejor la persuasión razonada que la presión pecuniaria como método para que las nuevas generaciones de esas comunidades modifiquen sus posturas, si lo que se busca es extender los consensos en esas materias?

Este debate no es solo respecto del supuesto “abuso liberal” en el uso de los recursos estatales. Es un debate respecto de la convicción que se tiene para respetar posturas distintas a las de la mayoría, y especialmente respecto de la manera en que el Estado sustenta esa convicción. Esto es particularmente válido en los casos mencionados, en los que el disenso surge de omitir actuar de manera contraria a las propias convicciones (aborto, enseñar evolución) y no de cometer actos explícitamente prohibidos.

Álvaro Fischer Abeliuk. EL MERCURIO, 07-11-2018

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