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Nuestra desgracia educacional

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Álvaro Góngora: “¿Fue correcto haber destinado el ‘mega’ presupuesto estatal a la educación superior, sin haber resuelto antes la calidad de la educación pública básica y media?

Suelen atribuirse a la experiencia del Estado de Bienestar (1920-1973) logros evaluados con distinta ponderación, aunque vistos como positivos en general. Entre otros, la democratización política, un desarrollo industrial (¿modesto?) de tono proteccionista que tendió a sustituir las importaciones en beneficio de la producción nacional, el incremento de las organizaciones sindicales y protagonismo del mundo obrero, el fortalecimiento de la clase media y una serie de beneficios enfocados en los sectores empobrecidos y medios: salud, previsión social, planes de vivienda y educación. Esto último es cuestionable, con argumentos en contrario.

La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920) -la básica consideraba seis años de estudio- efectivamente indujo al Estado a ampliar la cobertura educacional. Pero el incremento de la matrícula, aspecto destacado por quienes evalúan favorablemente el desempeño alcanzado por el sistema de bienestar, no significó un progreso real en materia de escolarización. Hoy lo sabemos gracias al estudio realizado por Francisca Rengifo, recientemente publicado (Sol Serrano y otros, “Historia de la educación en Chile (1810-2010)”, Tomo III). “Alcanzó solo un primer piso de la enseñanza formal, uno o dos años de aprendizaje, truncando el desarrollo de las destrezas cognitivas entre la población”.

Preliminarmente, de los matriculados en el primer año solo un 17% llegó a cursar el sexto, pero en la década de 1960 no había variado mucho, pues solo el 28,5% terminó el ciclo, un 40% de los niños recibían un servicio de solamente dos años. Fue lo común, y de agregarse aquellos que llegaron hasta el 5º, resulta que el 71% abandonó el sistema educacional prematuramente. En Santiago, hubo décadas en que un 33% de las escuelas primarias contaba con el ciclo acabado y, en el resto del país, un 65% solo ofrecía enseñanza primaria hasta 4º. Así, una política escolar tan abierta fue incapaz de estructurar una oferta educacional completa en el nivel primario.

A la deserción habitual se sumó un alto número de alumnos repitentes en los primeros años, de manera que niños de diferentes edades convivieron en las mismas aulas, generando problemas pedagógicos que afectaban el aprendizaje. Se entenderá, en consecuencia, que el malogrado proceso escolar impedía su prolongación masiva al nivel secundario, y para qué decir al universitario.

El problema de fondo que conspiró fue biológico: el hambre. Una arraigada y permanente desnutrición que los niños cargaban desde la cuna. Según médicos, la población infantil de los años 60 no alcanzaba los indicadores biológicos registrados por niños de sectores acomodados de 1908: 10 kilos menos de peso y 10 centímetros menos de estatura. Peor aún, menos volumen cerebral y menores capacidades cognitivas. No bastaba abrir escuelas para todos los niños sin haber considerado cómo incorporar sus mentes al proceso de enseñanza. Y hasta aquí nada se ha dicho sobre otras variables: profesorado, planes y programa de estudios, metodologías, infraestructura nacional, etcétera.

“La política de bienestar no fue de carácter educacional sino tangencialmente… no incorporó modos específicos de protección hacia el pobre… El sistema educacional, al menos hasta la década de 1970, no implicó la escolaridad efectiva de la población” (F. Rengifo dixit). Un panorama sobrecogedor con efectos sociales y políticos que pueden rastrearse hasta la actualidad. De partida no podemos decir que la democracia real se desarrolló en esos años.

Pero el estudio hace pensar en el estado educacional de los últimos tiempos. ¿Existe mal nutrición en sectores vulnerables? No digo desnutrición. ¿Y sus habilidades cognitivas? Hay una realidad incuestionable: las gravísimas carencias educacionales y culturales basales constatadas en la mayoría de los egresados de la educación media. ¿Fue correcto haber destinado el “mega” presupuesto estatal a la educación superior, sin haber resuelto antes la calidad de la educación pública en los niveles básico y medio?

Columna de Álvaro Góngora. EL MERCURIO, 01-11-2018

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