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Aborto: ¿una prestación de salud?

Aborto: ¿una prestación de salud?

Aborto: ¿una prestación de salud?
julio 26

La ley 21.030 publicada en Septiembre de 2017, modificó el Código Sanitario, y solo reguló la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, lo que significa que el aborto sigue teniendo la calidad de delito, con la única salvedad que no se aplica la pena asignada al delito a quienes lo ejecutan, solamente cuando concurre alguna de las tres premisas contempladas en la ley.

 La salud es un estado de perfecto o completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad, según  la OMS. Por su parte la RAE define salud pública como el conjunto de condiciones mínimas de salubridad de una población determinada, que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger.

El aborto en Chile es un delito, previsto y sancionado en los artículos 342 a 345 de nuestro Código Penal, hoy día plenamente vigentes.

La ley 21.030 publicada en Septiembre de 2017, modificó el Código Sanitario, y solo reguló la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, lo que significa que el aborto sigue teniendo la calidad de delito, con la única salvedad que no se aplica la pena asignada al delito a quienes lo ejecutan, solamente cuando concurre alguna de las tres premisas contempladas en la ley.

La misma ley establece textualmente: “La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución.”

Ese mismo artículo de la ley, dispone que el Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia, los que deberán asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo en conformidad con los artículos anteriores de la ley.

De los antecedentes anteriores, se puede concluir que en ningún caso el protocolo que dicte el Ministerio de Salud puede afectar la vigencia de los convenios de prestaciones de salud obstetra-ginecológica que alguna institución tenga firmado con el Estado, y ello por cuanto: a) el aborto no es una prestación de salud, sino solamente un delito despenalizado por tres causales; b) Nadie puede ser obligado a cometer un delito, aunque esté despenalizado, ya que ésta es la causa que justifica la objeción de conciencia; c) La objeción de conciencia no está limitada ni condicionada en la ley, y la puede invocar una institución con entera libertad, sin que ello pueda afectar sus derechos ni obligaciones; d) Los convenios vigentes con el Estado solo pueden ser modificados de común acuerdo por las partes que concurrieron a otorgarlos. Estas son normas básicas de derecho común que no pueden ser desconocidas por la autoridad, y cuya infracción atenta gravemente contra el Estado de Derecho. Aquí no caben argumentos religiosos, solo legales.

Luis Alejandro Silva Valdés

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Un conocido en apuros económicos acudió en busca de consejo a John D. Rockefeller sénior. Su problema era que un individuo que le debía cincuenta mil dólares se había ido a Constantinopla, y él no tenía ningún comprobante o reconocimiento de deuda que le permitiera exigir su pago. Rockefeller le aconsejó:

—Escríbale una carta reclamándole los cien mil dólares que le debe. Seguro que él le contestará diciéndole que está en un error, que no son cien mil, que sólo son cincuenta mil. Y así ya tendrá usted su reconocimiento de deuda.

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Cuando Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) se hizo cargo de las finanzas de Francia, hizo llamar a los principales hombres de negocios del reino. A fin de congraciarse con ellos y para ganar su confianza, les preguntó:

—Caballeros, que puedo hacer por ustedes.

—Le rogamos, señor —le contestaron todos a una—, que no haga nada. Déjenos que lo hagamos nosotros.

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