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Objeción de conciencia minimizada

Objeción de conciencia minimizada

Objeción de conciencia minimizada

Se instala una lógica perniciosa y de graves alcances en la forma de relacionarse el Estado con las instituciones de la sociedad civil.

Un complejo paso ha dado el Gobierno al hacer suyo el discutible criterio de la Contraloría respecto del ámbito de la objeción de conciencia institucional frente a la Ley de Aborto. El reglamento recién dado a conocer arriesga graves consecuencias prácticas, pero además instala una peligrosa lógica en la forma de relacionarse el Estado con las instituciones de la sociedad civil para la provisión de bienes públicos.

Respecto de lo primero, el texto pone bajo cuestión todos los convenios hoy vigentes entre el Ministerio de Salud y distintas entidades privadas para la atención gineco-obstétrica de pacientes. Ellos permiten ofrecer a miles de personas una atención de calidad que hoy la deteriorada red pública no se encuentra en condiciones de brindar. Un ejemplo es el existente entre el Estado y la Universidad Católica, en virtud del cual unas 65 mil personas son atendidas por una red de consultorios en las comunas de La Pintana y Puente Alto, y en el cual, fuera del aporte estatal, la universidad invierte sus propios recursos. De acuerdo con el reglamento dictado -y dada la obvia objeción de una entidad católica a realizar prácticas que repugnan a su ideario-, dicho convenio debería excluir en adelante toda atención gineco-obstétrica, con el consiguiente perjuicio para quienes hoy la reciben y que perderían así la continuidad de sus tratamientos. En otro ámbito, también podría darse el caso de personas que, hospitalizándose por cuestiones de índole distinta de la ginecológica en recintos acogidos a la objeción de conciencia, quedarían impedidas de recibir una atención integral, por ejemplo, si durante su hospitalización se les detectara una dolencia de esa naturaleza. Paradójico es que quienes han celebrado el dictamen de la Contraloría por supuestamente resguardar los derechos de las mujeres omitan que la consecuencia práctica de aquel será una severa limitación en las opciones de miles de ellas para acceder a prestaciones de salud.

Pero los alcances del criterio definido por el órgano fiscalizador y ahora asumido por el Gobierno son aún más delicados. En los hechos, este restringe, hasta tornar casi irrelevante, el derecho de las personas jurídicas a la objeción de conciencia, reconocido de modo amplio y sin limitaciones por el Tribunal Constitucional. Como han notado distintos especialistas, las instituciones clínicas privadas, en general, no requerirían apelar a la objeción de conciencia para no realizar abortos, pues en ninguna especialidad ellas realizan la totalidad de las prestaciones. Donde sí dicha objeción jugaría un rol crítico sería precisamente en los casos de entidades a las que el Estado, en virtud de la existencia de un convenio, podría pretender exigirles ese procedimiento. Con el nuevo reglamento, sin embargo, se les niega tal posibilidad, vaciando de contenido real el derecho a objetar. Se impone así una lógica perniciosa, según la cual por el mero hecho de aportar el Estado recursos para la prestación de bienes públicos por parte de un privado, este último debiera actuar cual una repartición pública más, renunciando a sus propios idearios y convicciones, y sometido a deberes que comprometen su esencia institucional. Aplicado este razonamiento a otros ámbitos, principios profundamente asentados en la evolución institucional del país -y respecto de los cuales el mismo TC ha dictado amplia y clara jurisprudencia-, como la libertad de enseñanza o la autonomía universitaria, aparecen ahora amenazados. En efecto, con la misma lógica con la que el Estado podría ordenar a una institución realizar abortos, ¿no podría también interferir en la selección del cuerpo docente por parte de un colegio subvencionado, o en la bibliografía pedida por un profesor universitario?

Es probable que el ruido político que originó el pronunciamiento de Contraloría, incluida la presentación de una injustificada acusación constitucional, haya inhibido al Gobierno de defender con mayor energía su postura inicial en esta materia, que reconocía de modo amplio el derecho a la objeción de conciencia. Con todo, el reglamento ahora dictado está lejos de haber zanjado el problema y distintos parlamentarios han anunciado la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Un pronunciamiento de este permitiría no solo clarificar el ámbito de un derecho que hoy aparece cuestionado, sino también precisar el alcance de la función de control de la legalidad por parte de la Contraloría, conjurando riesgos de una extralimitación en sus tareas.

EDITORIAL, EL MERCURIO, 04-07-2018

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