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Tribunal Constitucional (TC) y lucro

Tribunal Constitucional (TC) y lucro

Tribunal Constitucional (TC) y lucro

Gerardo Varela: “…siempre existe el riesgo de que las universidades sean capturadas por intereses ajenos a su quehacer -el lucro es uno de ellos-, pero es más peligroso que sean capturadas por la intolerancia, la violencia o la irracionalidad. Esos son riesgos más graves y reales para la academia…”.

 

El fin del lucro en las universidades ha quedado definitivamente zanjado por la nueva Ley de Educación Superior. Con independencia de la decisión del TC sobre si una universidad puede contar entre sus controladores con una o más personas con fines de lucro (sociedades civiles o comerciales), la columna vertebral de la ley impide el lucro.

La ley obliga a las universidades a organizarse como entidades sin fines de lucro; les exige reinvertir sus excedentes (utilidades) en la propia universidad y les prohíbe destinarlos a cuestiones distintas del mejoramiento de la educación; sanciona hasta con penas de cárcel a los directivos que aprueben transacciones con infracción a la ley y crea una nueva superintendencia para fiscalizar y sancionar estas obligaciones.

Entidades sin fines de lucro, como las universidades, clubes deportivos y gremios, no tienen prohibido tener utilidades; solo se les prohíbe repartirlas a sus miembros o fundadores, tengan o no fines de lucro.

Esta prohibición la captura bien la ley, restringiendo, además, la distracción de recursos hacia personas relacionadas, que no sea necesaria para cumplir con el objetivo de la universidad o que no se haga en condiciones de mercado.

No es ajeno a nuestra historia que empresas con fines de lucro funden, administren o apoyen entidades sin fines de lucro. Es más, parte de la responsabilidad social que promovemos para nuestras empresas supone que junto con servir al país siendo eficientes en sus actividades lucrativas, contribuyan también apoyando causas benéficas o educativas.

El artículo 63 rechazado por el TC no contenía un principio válido siempre y en todo lugar. Tanto es así, que el propio artículo 80 exceptuaba de la prohibición a tres universidades (Austral, Concepción y Federico Santa María) que tienen sociedades con fines de lucro entre sus miembros. El ejemplo que nos dan esas universidades demuestra que se puede cumplir con los nobles fines académicos y los principios que inspiran a una universidad con independencia de la naturaleza jurídica de sus miembros, fundadores o controladores.

Lo que quisiéramos para la educación en Chile es que muchos contribuyeran a su fundación, financiamiento y administración. La ley debe promover y facilitar los aportes del próximo Federico Santa María, sea que lo haga directamente o desde una sociedad. La ley no debe hacer su aporte más difícil ni más caro, sino que debe simplificar su contribución y regular que no se desnaturalice.

La ley dejó bien resuelta la prohibición de retirar fondos desde las universidades; lo que está pendiente es asegurar la entrada de fondos, para evitar la repetición de casos como el de la ARCIS o de la U. del Mar, en que sus controladores se llevaron los bienes y les endilgaron las deudas a todos los chilenos. La nueva superintendencia deberá preocuparse de que eso no se repita.

Siempre existe el riesgo de que las universidades sean capturadas por intereses ajenos a su quehacer -el lucro es uno de ellos-, pero es más peligroso que sean capturadas por la intolerancia, la violencia o la irracionalidad. Esos son riesgos más graves y reales para la academia y la convivencia estudiantil que la naturaleza jurídica de los controladores.

Por estas razones, he sostenido que el artículo 63 no es relevante en la arquitectura de la ley. El Derecho exige que toda prohibición o restricción de libertad o discriminación hacia una persona se funde en beneficios claros y concretos que deben lograrse de la forma menos lesiva posible y superando largamente los costos que impone. El TC ha determinado que el artículo 63 no satisface ese estándar.

El TC tiene por función evitar que mayorías transitorias afecten derechos permanentes. Cuando lo hace, lejos de debilitar la democracia, la fortalece. No parece sensato criticarlo cuando cumple su función.

Gerardo Varela Alfonso

Ministro de Educación

EL MERCURIO, 04-04-2018

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