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Punto de vista: un problema de diagnóstico

Punto de vista: un problema de diagnóstico

Punto de vista: un problema de diagnóstico

Entregar las decisiones de distribución de recursos y cargas a los jueces, y no a los representantes del pueblo, en una discusión a través del proceso democrático, empobrece las políticas públicas, pero sobre todo la democracia. Un sistema político en forma tiene la obligación de enfrentar el debate sobre justicia social, pero debe hacerlo a través de sus representantes.

La Presidenta ha dado a conocer al país su proyecto de nueva Constitución. Lo ha hecho a días de dejar el cargo. Sus detractores -aunque varios partidarios- han destacado que se trata de “un saludo a la bandera”, con exceso de “secretismo” y pensando exclusivamente en su legado. Es cierto: hay una serie de cuestiones de forma que pueden ser objeto de justa crítica. Con todo, y más allá de los excesos maximalistas de la fundamentación del texto -intentando fijar una lectura monolítica de la evolución de la tradición constitucional chilena-, y de algunas propuestas innovadoras que no fueron centrales ni en los encuentros locales ni en los cabildos, el problema de fondo del texto es su diagnóstico.

Cuando la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo de 2015 invocó la autoridad de Fray Camilo Henríquez y el “Catecismo de los patriotas” (“el pueblo siempre tiene derecho de rever y reformar su constitución” y que “una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras”), buscó fijar una posición intelectual respecto del cambio constitucional. Este sentido refundacional pareció impregnar la posición oficialista desde el comienzo, acentuando una lógica maximalista, estridente, que agregaba tensión al proceso de manera innecesaria. La excepción: los importantes esfuerzos del ministro Burgos por construir un acuerdo liberal-socialdemócrata, en medio de los maximalismos de lado y lado. Lo mismo que el Presidente Lagos.

Pero quizás el error principal no fue uno de formas, sino de fondo: el diagnóstico sobre el problema constitucional. El gobierno desde el comienzo -en el centro del programa constitucional de la Nueva Mayoría- buscó constitucionalizar un Estado de Bienestar, mediante amplios y nuevos derechos sociales, universalmente garantizados. Así en el nuevo texto se incluyen un nuevo derecho al trabajo, derechos a una pensión y vivienda digna, entre otros. Todos los derechos reconocidos en la Constitución (y con cierto grado de ambigüedad respecto de los incorporados en tratados internacionales), exigibles ante tribunales ordinarios de justicia mediante un amparo amplio de estos derechos. No deja de ser paradójico que una de las mayores críticas del gobierno a la actual Constitución, su supuesto carácter neoliberal, se transformó en exactamente su opuesto: el intento por fosilizar en la Constitución un modelo económico y social determinado.

El ideal de avanzar en un Chile más justo y decente con todos sus habitantes, especialmente con los más pobres y vulnerables, es ampliamente compartido. Pero el camino de los derechos sociales universales, no es la manera de enfocar la discusión. Entregar las decisiones de distribución de recursos y cargas a los jueces, y no a los representantes del pueblo, en una discusión a través del proceso democrático, empobrece las políticas públicas, pero sobre todo la democracia. Un sistema político en forma tiene la obligación de enfrentar el debate sobre justicia social, pero debe hacerlo a través de sus representantes.

El gran déficit del debate constitucional consistió, por el contrario, en no repensar a fondo nuestra arquitectura político-institucional, que es la que hay enfrenta una crisis de legitimidad ciudadana. Las constituciones son antes que nada un mecanismo sofisticado de distribución de poderes públicos, habilitantes para la actuación estatal, pero en seguida sofisticados límites y contrapesos. Hoy en día, los déficits en esta articulación, que parece una cuestión abstracta, se traduce en una serie de patologías, por ejemplo, la falta de solidaridad parlamentaria en la conducción del gobierno (por nuestro hiper-presidencialismo), los excesos de burocracia y centralización (por una descentralización defectuosa), entre otros. Ello afecta de manera muy concreta y cotidiana la vida diaria de los chilenos. Reconfigurar esta distribución del poder político puede, creemos, ayudar a que un mayor número de temas -especialmente los de política social- sean enfrentados con mayores dosis de responsabilidad, transparencia, accountability y eficacia.

Es otra manera de pensar la impostergable modernización del Estado.

José Francisco García, Profesor de derecho constitucional de la UC y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores.

PULSO, 07-03-2018

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