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Presidente de camioneros y conflicto por Operación Huracán: “Existe una indignación mayor porque, independiente de los problemas, las víctimas existimos”

Presidente de camioneros y conflicto por Operación Huracán: “Existe una indignación mayor porque, independiente de los problemas, las víctimas existimos”

Presidente de camioneros y conflicto por Operación Huracán: “Existe una indignación mayor porque, independiente de los problemas, las víctimas existimos”

En conversación con “El Líbero”, Sergio Pérez (foto) sostiene que “el Estado y las instituciones de la República han sido incapaces de asegurar una mínima convivencia” y agrega que “nosotros estamos en la indefensión, ya que acá no hay responsables, los delincuentes están autorizados para seguir trabajando y haciendo lo que han hecho”.

 

Mientras la polémica entre Carabineros, Fiscalía, el Poder Judicial y el gobierno crece a raíz de la Operación Huracán -en la que se buscaba a los responsables de la quema de medio centenar de camiones en la zona sur del país y cuyos imputados fueron sobreseídos la semana pasada por supuesta implantación de pruebas por parte de la policía uniformada-, las víctimas de la violencia en la Araucanía siguen esperando que se haga justicia.

En conversación con “El Líbero”, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, dice que existe una “indignación” ya que pese a los conflictos “las víctimas existimos”.

– ¿Cómo tomó la resolución de la justicia de sobreseer a imputados del caso?

– Existe una indignación mayor porque, independientemente de los problemas entre la Fiscalía, Carabineros y el Poder Judicial, las víctimas existimos. El gobierno central, este gobierno particularmente, ha sido incapaz de resolver los graves problemas que tenemos, pero por sobre todo la indefinición que ha tenido. Acordémonos que el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, dijo antes de asumir que el gobierno no aplicaría la Ley Antiterrorista; luego la Presidenta Michelle Bachelet también dijo que no se aplicaría, pero después el ministro del Interior Mario Fernández señaló en el Congreso que los actos en el sur de Chile sí eran terroristas, y por último el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo que no hay actos terroristas. Hay una indefinición permanente. A eso, no pueden estar ajenos Carabineros de Chile, la Fiscalía y particularmente el Poder Judicial. Lo concreto, es que nosotros estamos en la indefensión, ya que acá no hay responsables, los delincuentes están autorizados para seguir trabajando y haciendo lo que han hecho.

– ¿Qué le parece que los comuneros investigados se querellen contra Carabineros?

– Todo Chile conoce el caso de las bombas que se pusieron en Santiago, donde el fiscal Peña trató de que fueran sancionados los terroristas. Si bien no fue posible comprobar los delitos, paradójicamente fueron los mismos los que pusieron bombas en Barcelona, y allá sí los sancionaron. Ahora, lo que no todos saben es que el Estado chileno tuvo que indemnizarlos en casi mil millones de pesos. ¿Qué pasa ahora? Esta misma gente que ha participado en estos actos de terrorismo en el sur se querella. Los hechos son gravísimos. ¿Cómo no va a haber responsables de la incineración del matrimonio Luchsinger Mackay? ¿Cómo no va haber responsables de haber quemado 30 iglesias, 16 católicas y 14 evangélicas? A los camioneros de Chile y a los colegas que trabajan en el área forestal, nos han quemado más de 500 equipos de altísimo valor. Entonces, esos son los hechos concretos. Ahora, esta gente va a demandar al Estado, entonces van a tener que indemnizarlos, igual a lo que pasó con el caso Bombas. Acá hay un problema grave de fondo, y yo hago un llamado al nuevo gobierno para que trabaje en profundidad en estos temas para poder dar una solución.

– Usted dice “las víctimas sí existimos” ¿Cómo se sienten tras estos hechos?

– Hay una sensación de inseguridad tremenda. Nosotros en general, los que trabajamos en la región, la gente que va a los templos católicos y evangélicos, para qué hablar de los familiares del matrimonio Luchsinger Mackay, nos sentimos muy indefensos. Es decir, el Estado y las instituciones de la República han sido incapaces de asegurar una mínima convivencia, una tranquilidad. No hay que olvidar que en la región hay más de 500 familias que pertenecen a la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural. Con estas evidencias de injusticia, si ellos ya estaban victimizados, se van a victimizar doblemente y nosotros también.

– ¿Qué medidas se están tomando para prevenir los ataques?

– En un país democrático, las instituciones encargadas de mantener la tranquilidad son las instituciones del Estado democrático. Nosotros los camioneros de Chile y los pequeños y medianos emprendedores, que estamos asociados a la Multigremial Nacional de Emprendedores, denunciamos los hechos a la autoridad. Es el gobierno central el que tiene la obligación de que el Estado de derecho funcione, de lo contrario, acá habría una anarquía. A uno le dicen ‘hasta cuándo van a aceptar’. Nos animan a nosotros a poco menos resolver el problema de la delincuencia, cuando es uno de los problemas número uno de Chile. Los portonazos, el robo permanente y los actos de terrorismo en el sur tienen a la nación de rodillas. Lo que tenemos que hacer es denunciar permanentemente y exigir. Nosotros trajimos los camiones quemados de la Araucanía a La Moneda el 25 de agosto del año 2015 y luego, con el ex ministro Jorge Burgos, trabajamos en la ley agenda corta antidelincuencia, donde hay un instrumento que es valioso, que es el control preventivo de identidad. ¿Qué hicieron los parlamentarios del PS? Que este control era atentatorio contra la libertad de las personas, entonces uno se pregunta si estos parlamentarios son pro delincuencia o anti delincuencia. La idea central de nuestros gremios es que el nuevo parlamento legisle y sancione. Tiene que haber una nueva Ley Antiterrorista donde exista el testigo protegido y el agente encubierto, de tal manera que esa normativa antiterrorista tenga efectividad. Si hoy un Carabinero o un funcionario de investigaciones va a infiltrar un grupo terrorista o ilegal y queda al descubierto, ese funcionario queda en la más absoluta indefensión. Aquí se trata de modificar las malas normativas que existen, el procedimiento penal hoy es garantista, los delincuentes tienen siempre un abogado defensor público, que es brillante porque casi siempre el juez no los sanciona y las pruebas que presenta el fiscal después de haber hecho un trabajo tremendo de Carabineros e Investigaciones, no son válidas.

– ¿Qué espera del resto de las causas?

– Mire, yo el otro día escuchaba muy atentamente a un señor que defiende a los extremistas del sur y decía que los camioneros quemábamos nuestros camiones. Ahí uno pide que la gente que va a los medios de comunicación tenga un mínimo de respeto, un poco de consecuencia. Nosotros obviamente no vamos a quemar nuestras propias herramientas de trabajo, en el mundo del transporte, somos pequeños y medianos empresarios. Es una locura. Ahora, es verdad que hubo un caso de dos personas que quemaron un camión para cobrar un seguro, pero el gremio en forma inmediata pidió que fueran sancionados con el máximo rigor de la ley, y entiendo que están detenidos. Pero claro, hoy no hay responsables en la quema de las 30 iglesias, tampoco en la incineración del matrimonio Luchsinger Mackay, y en la quema de más de 500 equipos de los camioneros y transportistas de Chile. Entonces, uno se pregunta: ¿Qué pasa con la ley, las instituciones, los jueces, la Fiscalía? Acá ha habido mucha crítica en el último tiempo, sobre todo al servicio de Investigaciones, a Carabineros de Chile, que son instituciones de la República, pero si hay dos, tres, 20 o 100 personas que no cumplen con su deber según corresponde, y son deshonestos, tienen que ser sancionados. Pero a las instituciones de la República nosotros tenemos que respetarlas y entregarle los medios. Las buenas medidas hay que destacarlas. ¿Qué hizo el ex Presidente Lagos para mantener la Araucanía con tranquilidad? Llamó al general Bernales y le dio el apoyo político del gobierno, el apoyo material del Estado de Chile, y le dijo hágase cargo de que la Araucanía esté pacificada. El cumplió eso.

– ¿El gremio se reunió con el Presidente Piñera o con miembros del nuevo gobierno?

– Hay un trabajo muy serio hecho por los senadores José García Ruminot y Alberto Espina, respecto del tema de la Araucanía. También está la mesa de diálogo que presidió el obispo de la Araucanía, Monseñor Vargas, que si bien no participamos las verdaderas víctimas, hay un trabajo hecho. Hago un llamado al gobierno que asume el 11 de marzo a que tome estos trabajos que ya están analizados y que los ponga en práctica. Y también, que copie los buenos ejemplos que hay para resolver el problema de las etnias en otros países, y que han dado buenos resultados. Creo que el Presidente Piñera va a ordenar que los ministros, el parlamento y las instituciones del Estado se afanen para resolver este problema que es muy importante, ya que si esto se resuelve, a los extremistas y la gente que hace tanto daño, se les termina el caldo de cultivo. Ahora, respecto de si nos hemos reunido con el nuevo Presidente y con los ministros, hemos hecho un trabajo desde hace algún tiempo, y efectivamente nos hemos reunido y hemos conversado los distintos problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo.

– El Presidente Piñera se comprometió a reformular completamente el sistema de inteligencia. ¿Qué le parece?

– Creo que el nuevo gobierno tiene las cosas claras. La prioridad está muy nítida y obviamente que nosotros, los gremios, los multigremios, los camioneros y la gente de trabajo en Chile, hace un llamado al nuevo parlamento a que puedan aprobar proyectos. Acá se han mandado proyectos para legislar respecto de sancionar a los encapuchados, para modificar la Ley Antiterrorista donde existen las figuras del agente encubierto y del testigo protegido y los parlamentarios se han opuesto. Entonces, seamos claros, identifiquemos a los parlamentarios que no quieren sancionar a los encapuchados, y los parlamentarios que no quieren hacer leyes efectivas contra la delincuencia, robo y terrorismo. Tenemos que denunciarlos para que entonces en la próxima elección no sean electos.

Carmen Novoa. EL LIBERO, 13-02-2018

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