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Malograda ley de educación superior

Malograda ley de educación superior

Malograda ley de educación superior

La nueva normativa deja múltiples cabos sueltos, es confusa, generará roces y contradicciones, y necesitará enmendarse mientras se aplica para evitar daños. 

 

Con gran premura terminó aprobándose la ley de educación superior (LES). Izquierdas y derechas, gobiernistas y opositores celebraron los beneficios de contar con una ley “de amarre” que -igual como la LOCE de Pinochet- pretende dejar “todo atado y bien atado”. Para unos, consagra una improbable gratuidad universal; para los otros, concluye un embrollo que persiguió al gobierno saliente hasta el último día.

Entonces, ¿se halla todo convenientemente encadenado y el futuro bajo control?

Por cierto que no. La LES deja múltiples cabos sueltos, es confusa, generará roces y contradicciones, y necesitará enmendarse mientras se aplica para evitar daños que desde ya se han vuelto evidentes.

Básicamente, la ley mantiene un régimen mixto de provisión -con participación de proveedores y de financiamiento estatal y privado-, pero la gobernanza y las reglas de operación del sistema se modifican en pro de un control cuasi panóptico por parte de agencias y agentes estatales.

¿Qué significa esto?

Que se establece un diseño normativo, de reglas e instancias administrativas para el control centralizado del sistema, casi en todas sus dimensiones, multiplicándose para ello los instrumentos de vigilancia, supervisión, inspección, fiscalización, información, clasificación, ordenamiento, jerarquización y sanción.

Los supuestos básicos de la nueva LES son tres. Primero, radical desconfianza en el autogobierno de las instituciones y la coordinación generada a través de la competencia y el rol de conducción no intrusiva ejercido por un Estado evaluador y regulador acotado. Segundo, firme creencia de que los procedimientos de control y comando obtenidos mediante una ceñida gestión burocrática conducen a un mejor desempeño del sistema. Tercero, necesidad, por tanto, de contar con un copioso aparato legal para ensanchar -en todas las direcciones posibles- la influencia de los órganos administrativos sobre las instituciones y el sistema: su gobierno, manejo independiente, espectro de funciones, admisión de alumnos, restricción de vacantes máximas, gestión académica, financiamiento, planeación estratégica, cumplimiento de criterios y estándares, obligación de informar, rendición de cuentas, facilidades para ser inspeccionadas, etc.

Todo esto es contrario a las tendencias internacionales y amenaza la autonomía universitaria.

En efecto, la experiencia y la investigación muestran que los controles panópticos, en 360 grados, minuciosos, obsesivos, detallados, reducen la autonomía de las universidades, restringen la innovación, burocratizan la academia, raramente mejoran la calidad, extreman la defensa de intereses corporativos, vuelven dependientes a las instituciones del favor de las autoridades y las distraen en el “juego del cumplimiento”. O sea, en el continuo esfuerzo para detectar y gestionar los riesgos de inobservancia o incumplimiento de obligaciones normativas, reglas, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. La propia LES intuye esto al prevenir que la Superintendencia -que ella misma crea- “deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor de las instituciones fiscalizadas”.

Por lo demás, el enfoque controlista requiere la existencia de un Estado hiper racionalizado, efectivo, eficiente, bien dotado de inteligencia técnica, información y recursos, y de personal altamente calificado y relativamente estable. Es bien sabido que nada de esto abunda en el Estado; sobre todo en nuestro anacrónico Ministerio de Educación.

Más bien, la gobernanza que a partir de ahora deberá encargarse de la conducción-planificación-coordinación-financiamiento-supervisión-evaluación detalladas del sistema aparece más inorgánica e imprevisible que nunca antes.

En el Ministerio de Educación, desde ya sobrecargado, se instituye una Subsecretaría de Educación Superior con infladas funciones, entre las cuales se cuenta administrar la admisión de estudiantes para lo cual se prevé una Comisión ad hoc; se reforman y burocratizan aún más la Comisión Nacional de Acreditación y el Comité de aseguramiento de la calidad; se crea una nueva Superintendencia para este nivel educacional; se modifican las atribuciones relativas a la educación superior del Consejo Nacional de Educación (CNED); siguen en pie los administradores-interventores para instituciones en crisis; se convoca a una inaudita Comisión de expertos para la regulación de aranceles; se amplía el Consejo de Rectores (CRUCH) pero a su lado se crea un Consejo de Coordinación de universidades estatales. Una ley en trámite añade adicionalmente un nuevo ministerio de ciencia y tecnología a este complejo tinglado.

Para enmarcar el desenvolvimiento del sistema se contemplan instrumentos tales como una Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior, la Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional, el Plan de Fortalecimiento de universidades estatales, un Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior y numerosos otros dispositivos -permanentes y transitorios- que servirían para conducir a este sistema estrechamente controlado.

La nueva ley es francamente perturbadora. Está mal pensada y ha sido despachada de prisa y corriendo, sin el menor cuidado. Crea un engorroso régimen de controles que desequilibra el sistema, amenaza su funcionamiento y otorga ventajas e impone desventajas a diferentes categorías de instituciones. La gobernanza se burocratiza y fragmenta, pudiendo preverse múltiples fallas de coordinación.

En fin, una enorme tarea espera al nuevo gobierno y a su ministro de Educación, que deberán implementar esta nueva ley “de amarre”, desatando nudos y corrigiéndola en el camino.

Columna de Joaquín Brunner

EL MERCURIO, 04-02-2018

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El escritor satírico español Luis Taboada (1848-1906) publicó en 1890 un tomo titulado Madrid en broma. A todos y cada uno de sus amigos y conocidos (que, dados su buen humor y su bondad, no eran pocos) les fue diciendo:

—Perdona, chico, si en mi libro te aludo un tanto así... descaradamente. No hay nada de mala intención.

El amigo, intrigado, compraba el libro y no veía en el alusión alguna a su persona. En pocos días se agotó la edición.

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