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El activismo que busca restringir el Ministerio Público: Fiscales Chong y Arias tuitean hasta 17 veces al día y Gajardo tiene una cruzada contra “los poderosos”

El activismo que busca restringir el Ministerio Público: Fiscales Chong y Arias tuitean hasta 17 veces al día y Gajardo tiene una cruzada contra “los poderosos”

El activismo que busca restringir el Ministerio Público: Fiscales Chong y Arias tuitean hasta 17 veces al día y Gajardo tiene una cruzada contra “los poderosos”

En los últimos dos meses, Ximena Chong y Emiliano Arias han publicado más de 300 tuits de diversos temas. Una nueva política comunicacional del fiscal nacional intenta regular los mensajes que pueden difundir los persecutores.

En un hecho inédito, el fiscal nacional Jorge Abbott anunció la nueva política comunicacional que deberán cumplir de manera obligatoria los persecutores del país.

La medida surge cuatro años después de que los fiscales que investigan casos de financiamiento político o tráfico de influencias, como Penta, SQM, Corpesca, Caval y OAS, adquirieran una destacada presencia en los medios de comunicación y las redes sociales, y algunos se convirtieran en una especie de “rock stars” mediáticos.

La nueva política limita las expresiones públicas de los fiscales sobre casos de contingencia nacional que pudieran investigar, y califica de “corrupción” filtrar información de causas en investigación.

De hecho, esa frase fue utilizada ayer por Sebastián Dávalos, quien al quedar sobreseído en la justicia tras cuatro años de investigación del caso Caval, afirmó que “no me extrañaría que la muy corrupta fiscalía trate de formalizarme por un delito inexistente a modo de represalia”.

Los pasajes del instructivo del Fiscal Nacional que más controversia han generado son que “fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales o con ámbitos que anticipen posiciones o juicios, en casos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro, a fin de evitar la afectación al principio de objetividad. Con tal propósito, y resguardando el derecho a la libertad de expresión, tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no”.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, dijo que esa afirmación marca un “quiebre”, ya que puede entenderse que se está refiriendo efectivamente a las cuentas privadas de los fiscales (redes sociales) y, por lo tanto, es algo que vamos a conversar con el Fiscal Nacional, porque entendemos que por vía reglamentaria o vía oficio no puede abordar o expandir su autoridad a la vía privada de los actores del Ministerio Público”, señaló a La Tercera.

Además, sostuvo que “hay partes complicadas y que atentan contra la libertad de expresión, lucha que el gremio ha dado en forma histórica (…). Yo creo que esta es una especie de ‘ley mordaza’, nos preocupa este oficio”.

Los fiscales más activos en Twitter: Chong, Arias y Gajardo

La decisión de Abbott dejó de manifiesto la conducta mediática de los fiscales que llevan las causas más bulladas de la política, como Carlos Gajardo, Ximena Chong, Emiliano Arias, Manuel Guerra, Pablo Norambuena y Pablo Gómez.

Sin embargo, varios de ellos han continuado con sus publicaciones después de la aplicación de la nueva política, que empezó a regir el pasado 27 de diciembre.

En este grupo, sin embargo, hay importantes matices, ya que algunos como Pablo Gómez, el fiscal regional de Valparaíso, a cargo de la causa SQM, solo ha tuiteado ocho veces desde que abrió su cuenta en septiembre de 2016, mientras otros como Chong y Arias han publicado 355 y 319 tuits desde el 1 de noviembre pasado, a razón de ocho mensajes al día. Incluso, han tenido hasta 17 tuits en un solo día sobre los más diversos temas.

Además, Gajardo, Chong y Guerra han abrazado campañas ciudadanas como “No +AFP”. Algunas de sus polémicas declaraciones son las siguientes: “Quítale una i a afiliado y encontrará la mejor definición de usuarios de AFP e Isapres”; “más que una AFP estatal se requiere terminar con las AFP”, son una “frescura legalizada”; “las clínicas ganan tremendas cifras, un síntoma más de un país enfermo donde la salud claramente no es un derecho”; son algunas de las frases de fiscales que investigan los casos de SQM, Penta y Corpesca.

El fiscal regional metropolitano oriente que dirige las pesquisas en Penta, Manuel Guerra, optó por no continuar escribiendo y su cuenta está sin mensajes desde el el 28 de agosto de 2016.

Su colega Gajardo se preguntó que “si todos nos pasamos al fondo E, repercute como incentivo a parar hegemonía de las AFP a pasar al sistema mixto?”; y que “si 95% de los chilenos cambian a misma AFP, colapsa sistema previsional?, y estado por qué no financia las pensiones como en EEUU?”.

Ximena Chong retuiteó artículos críticos sobre las AFP desde la Fundación Sol, una entidad crítica de dicho mecanismo de capitalización individual y que denunció que el 91,6% de las personas que reciben una pensión de vejez obtiene menos de $156 mil, y que “un buen negocio renta 5%, uno muy bueno 8%, uno extraordinario renta 12%. AFP han rentado 26% para sus dueños”.

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El fiscal Gajardo tiene su propia campaña personal contra los poderosos y contra la corrupción focalizada. En los dos últimos meses ha publicado 17 tuis en alusión a dicha problemática. Este año lo comenzó con un RT de Chile Transparente que señala que “seguiremos luchando contra la corrupción y aportando con más transparencia, probidad, integridad y rendición”.

En otro planteó que hay “mucho que hacer para combatir la corrupción en las municipalidades”, y criticó que se “debata sobre delincuencia y ni una palabra sobre delitos de cuello y corbata ni corrupción”.

El 7 de diciembre escribió: ¿En qué pena parte un delito? Hurto en supermercado: 61 días, venta DVD pirata: 61 días cohecho alta autoridad: 61 días”. También criticó un fallo judicial a una multitienda por publicidad engañosa de 30 UTM ($1.400.000)

La fiscal Chong también ha generado polémica por su accionar en las redes sociales. En octubre pasado, le puso “Me gusta” en su cuenta de Twitter a un mensaje del abogado Gabriel Zaliasnik, en la antesala del decisivo duelo de la selección chilena de fútbol contra Brasil, en que se preguntó: “¿Y si le pedimos a MEO que hable con los brazucas?”.

De inmediato el Partido Progresista le pidió explicaciones, ya que ella es la persecutora designada para investigar los presuntos vínculos chilenos del escándalo de corrupción en Brasil conocido como OAS-Lava Jato.

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El problema es que en dicha causa el propio Marco Enríquez-Ominami aparece entre los querellados. En 2013 el CDE presentó la acción penal apuntando a la rendición de gastos de la campaña presidencial de 2013 calificando como falsa una boleta de cerca de $171 millones.

En una carta dirigida al fiscal Abbott, Camilo Lagos -presidente del PRO- plantea que “el sólo hecho de pronunciarse u opinar respecto del Twitter (el mensaje) en cuestión, podría afectar eventualmente los principios de objetividad e imparcialidad que deben primar en todo proceso penal a cargo del Ministerio Público”.

Además, se insta a la Fiscalía Nacional que investigue y que “si existe alguna responsabilidad que afecte el principio de objetividad y amerite algún tipo de sanción, se haga procedente”.

Emiliano Arias, fiscal regional de Rancagua, es un activo tuitero con más de siete mensajes al día de diversos temas, en que destaca su preocupación por las especies en extinción como el huemul, el zorro chilla, los delfines del oeste de África; el calentamiento global; las “brutales” ganancias de las autopistas concesionadas, entre otros temas.

Uziel Gómez Padrón. EL LIBERO, 03-01-2018

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