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“El valor y manejo de los datos, la información, en realidad es un activo principal en sociedades que quieren desarrollarse, y el manejo de la misma una prioridad esencial…”

Esta semana, la comisión asesora a la que convocó el Ministerio de Salud nos hizo ver que no fueron 25.000 personas las que han fallecido esperando una atención AUGE, como había informado el ministerio al Congreso, sino que 15.625, y señaló que solo en 6.744 muertes ocurridas el año pasado, la causa del deceso podría estar relacionada con una prestación de salud pendiente y su consiguiente espera en el sistema público. Diríamos que, paso a paso, se viene configurando un ambiente de falta de servicio que tendrá, con el tiempo, correlatos reparatorios que seguramente serán decididos por los tribunales de justicia. Imagino a estas alturas que ávidos colegas deben estar buscando esas listas para ofrecer prontos servicios jurídicos.

Pero esta historia siniestra no quiere referirse a la responsabilidad del Estado, sino a otro antecedente que puso en el tapete la señalada comisión. Ella señaló y detectó que hay severos problemas de registro (faltas de fichas clínicas, datos incompletos o de mala calidad). Las políticas públicas, en su diseño, definición y ejecución, requieren información de calidad, y viene siendo una suerte de paradigma el que no logramos darnos cuenta del valor de la información, lo que se torna más grave cuando el Estado, en cualquiera de sus vertientes de organización -central (servicios fiscales), descentralizada funcional (servicios personificados, empresas públicas) o territorial (municipios y gobiernos regionales)-, construye silos incomunicados y, asimismo, de mala calidad.

Gran parte de esta información útil, en materia de seguridad ciudadana, salud, defensa, protección de menores, limitación de actividades económicas, calidad de servicio, fe pública, cuidado ambiental y de recursos de toda naturaleza, probidad, intimidad, etc., se ha vaciado en una intensa actividad registral que, por ley, viene imponiendo desde hace mucho el Estado. Es un modo de gestión para la actividad administrativa y, al mismo tiempo, un nuevo modo de actividad policial oblicua, pues solo a través de esa inserción registral, muchas veces se podrá desarrollar una determinada actividad económica (certificador de instalaciones de gas y en materias eléctricas -certificados SEC- o el emprendimiento de la actividad de explotación de un taxi).

Es que el mundo de los Registros Públicos tiene ribetes que a veces el ciudadano medio no vislumbra en una mirada de sistema. Por ejemplo -entre muchos otros-, tenemos Registro de Abogados en causas de narcotráfico; Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación; Registro Nacional de las Personas Jurídicas Receptores de Fondos Públicos; Sistema Nacional de Registros de ADN; Registro Nacional de Prófugos de la Justicia; Registro de Pescadores Artesanales; Registro Pesquero Artesanal para la Pesquería de la Merluza del Sur; Registro de condenados por delitos sexuales contra menores; Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares; Registro Nacional de Vehículos Motorizados; Registro de Competencias Laborales; Registro Nacional de Conductores de vehículos Motorizados; Registro Nacional de Posesiones Efectivas; Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros; Registro Nacional Inspectores Técnicos de Obras, etc.

Pero la intención registral, que, como dijimos, solo puede ser dispuesta por la ley, aunque hay varios casos ilustrativos de extensiones simplemente reglamentarias de orden ministerial y de Ordenanzas Municipales que siempre quieren avanzar en poner más y más registros que muchas veces solo irrogan trámites y burocracia, puede tener sentido siempre y cuando en su ejecución sean completados de manera íntegra, oportuna, coherente, sistémica y puestos a disposición -con mayor o menor restricción, conforme la debida protección de datos personales sensibles- de modo tecnológicamente eficiente y con datos disponibles de modo abierto en su acceso.

La realidad nos está imponiendo que los datos son malamente subidos, en registros de difícil ubicación, sin una vigilancia coherente en su satisfacción, rara vez compartidos en el propio Estado y normalmente en formatos que no permiten un uso eficiente cuando logran ser visualizados. Como se ve, hoy nuestras autoridades con dificultad pueden dar contenido exacto del número de niños que han sufrido agravios en el Sename, con pacientes que no han sufrido la atención debida en los centros públicos de salud, impedir a quienes han abusado de menores que manejen vehículos de transporte escolar o detener en nuestras fronteras a quienes tienen órdenes de aprehensión pendientes.

El valor y manejo de los datos, la información, en realidad es un activo principal en sociedades que quieren desarrollarse, y el manejo de la misma una prioridad esencial. El nacimiento legal de cada registro requiere una visión integral del Estado que vele por la disposición consistente y colaborativa de esos datos entre el Estado y en su disposición a los privados. No puede dejarse al arbitrio de cada entidad estatal cómo ella cumple ese cometido y ese manejo. Ello debe tener una mirada externa, normativa y vigilante que debe consagrarse en algún ente afín a dicha materia que permita la interacción de los involucrados sectoriales y la ruptura de los silos de información que hoy existen.

No debemos desoír lo que se nos dice por esta comisión en lo grave de su advertencia. Quizás para algunos es irrelevante saber cuántos taxis hay, pero nunca puede serlo el no saber con certeza cuántos compatriotas han fallecido por lo que no hicimos a tiempo.

Columna de Ramiro Mendoza. EL MERCURIO, 19-08-2017

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