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Editorial

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agosto 24

¿Qué parte del precepto constitucional recién citado, es tan obscura en su redacción como para que seis jueces del Tribunal Constitucional, hicieran caso omiso de su deber de recurrir al tenor literal de dicha norma magna?  ¿Cómo se puede justificar un fallo dictado en contra de texto expreso y claro, como lo es la obligación legal de proteger la vida del que está por nacer?

 

 

El artículo 19 inciso primero del Código Civil, dispone: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.” De esta norma emana el conocido aforismo jurídico de la no distinción, a saber: “donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir.” El artículo 20 del mismo Código, dispone: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras;”

Cualquier tribunal, puede valerse de las reglas que ilustran y ayudan al juez a interpretar las leyes aplicables al asunto sometido a su conocimiento, cuando ellas tienen una expresión obscura, y admiten por ejemplo, distintas interpretaciones. Por el contrario, cuando el sentido de la Ley es claro, el tribunal no debería apartarse de su tenor literal al dictar sentencia. Al hacerlo puede incurrir en prevaricación.

El Tribunal Constitucional, en un fallo de mayoría, ha rechazado la impugnación efectuada por parlamentarios de oposición, respecto del Proyecto de Ley promovido por la Presidente Bachelet, que autoriza el aborto en tres causales, porque atenta contra lo que ordena nuestra Carta Magna.

En efecto, el Artículo 19 número 1 de la Constitución Política, dispone: “La Ley protege la vida del que está por nacer.”

A la luz de las citadas normas de interpretación de nuestro ordenamiento legal, cualquier persona puede legítimamente preguntarse ¿Qué parte del precepto constitucional recién citado, es tan obscura en su redacción como para que seis jueces del Tribunal Constitucional, hicieran caso omiso de su deber de recurrir al tenor literal de dicha norma magna?  ¿Cómo se puede justificar un fallo dictado en contra de texto expreso y claro, como lo es la obligación legal de proteger la vida del que está por nacer?

 ¿Alguien puede razonablemente pensar que la Ley en comento, cumple con la Constitución, si lo que se autoriza en aquella está en directa oposición de lo que ordena ésta? El sentido natural y obvio del verbo proteger, en este caso, es contrario al verbo matar, asesinar.

La Constitución no distingue ni en la calidad ni en las circunstancias que tiene el que está por nacer; Simplemente protege su vida. En consecuencia, si la Constitución no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir.  La Ley recién aprobada hace esa ilegítima distinción atentando contra el derecho a la vida de algunos seres que están por nacer.

Es grave, muy grave, gravísimo para el futuro del Estado de Derecho en Chile, que el Derecho a Nacer de algunos, según sus circunstancias, haya sido desahuciado precisamente por el Tribunal que tiene como obligación velar por la constitucionalidad de las leyes, dando luz verde a una Ley inicua.  El Principio de Supremacía Constitucional, fue dinamitado por quien debía preservarlo.

Felipe García-Huidobro Sanfuentes.

Abogado.

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