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Estudio: Más de un millón de estudiantes de colegios subvencionados estarían en riesgo por ley de inclusión

Estudio: Más de un millón de estudiantes de colegios subvencionados estarían en riesgo por ley de inclusión

Estudio: Más de un millón de estudiantes de colegios subvencionados estarían en riesgo por ley de inclusión

Sólo un 15% de los 4.975 establecimientos particulares subvencionados que tenían fines de lucro cuando se promulgó la ley se han transformado en corporaciones o fundaciones, lo que se traduce en que más de un millón de estudiantes no estarían en condiciones de recibir la subvención del Estado el próximo año, según un estudio de Libertad y…

 

La denominada “ley de inclusión” del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que eliminó el lucro, el copago y la selección en los colegios particulares subvencionados podría terminar siendo una “ley de exclusión”, a juzgar por las conclusiones de un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD).

“Más de 1.000.000 de estudiantes no tiene certeza de si su establecimiento podrá seguir funcionando el próximo año. Sin embargo, a pesar de que esto equivale aproximadamente a un tercio de la matrícula total del país, la cifra no fue informada por la ministra de Educación, Adriana Delpiano (foto), al Congreso en la sesión especial realizada con el fin de analizar los efectos de la mencionada ley”, afirma la investigación de LyD.

Según el documento, los efectos negativos anunciados por quienes se oponían a esta política se han comenzado a vislumbrar, y es de esperar que a medida que “los plazos establecidos para la transición se acerquen, sean cada vez más evidentes”.

En lo concreto, de mantenerse la situación actual al 31 de diciembre, un 53% de la matrícula del sector particular subvencionado estaría asistiendo a establecimientos con fines de lucro y que por lo tanto no cumplen con las condiciones para recibir recursos públicos, explica Cristina Tupper, investigadora de LyD.

La realidad antes de la ley: El 58% de los colegios era gratuito

El 30 de junio se cumplió el plazo para que los establecimientos particulares subvencionados que se transformarán a particulares pagados o cerrarán el próximo año informen la decisión a sus apoderados.

Además, hace pocos días se realizó en el Congreso una sesión especial para que la ministra de Educación diera cuenta de los avances y efectos que está teniendo la ley que pone fin al lucro, al copago y cambia los mecanismos de selección en nuestro sistema educacional.

En ambas ocasiones, la ministra y otras autoridades del Ministerio de Educación manifestaron estar muy conformes con los resultados obtenidos, argumentando que una inmensa mayoría de los establecimientos educacionales se han acogido a la nueva ley, y que si bien hay algunos establecimientos que han tomado la decisión de transformarse en particulares pagados o cerrar, estos son casos aislados que incluso podrían revertirse.

Sin embargo, “si se hace un análisis un poco más detallado de las cifras que se han entregado es difícil mantener el optimismo. Más bien se desprende de ellas que el futuro de nuestro sistema educativo, y de los cientos de miles de niños y jóvenes que de él dependen, es tremendamente incierto”, afirma la investigadora de LyD.

En 2015, antes de implementarse dicha ley, en el país había 6.060 establecimientos particulares subvencionados, con una matrícula total de 1.935.222 alumnos. Esto correspondía al 50% de los establecimientos educacionales del país, y al 55% de la matrícula total.

Además, de los 6.060 colegios, 3.517 eran gratuitos (58%), lo que significaba que casi 2 millones de alumnos estudiaban en dichos establecimientos sin pagar.  Los colegios con fines de lucro eran 4.975.

Los impactos de la nueva ley

Pero con la aprobación de la ley, se establecen una serie de restricciones para los establecimientos particulares subvencionados, “cuyas consecuencias podrían ser perjudiciales para sus alumnos. Esto fue resaltado varias veces por la oposición durante la tramitación de la ley, pero los argumentos no fueron escuchados y hoy se comienzan a vislumbrar los primeros efectos”.

Por ejemplo, desde 2018 todos los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados deberán estar constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro, y desde 2023 los sostenedores deberán ser propietarios de la infraestructura en que se desarrollan las actividades pedagógicas (aquellos sostenedores que al 30 de junio de este año estuviesen constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro, tendrán un plazo hasta el año 2027 para cumplir este requisito).

Además, a partir del año académico 2016 pueden cobrar como máximo el monto nominal del copago que cobraron el 2015. En la práctica esto significa que el copago irá disminuyendo año a año en términos reales. Si se considera una inflación del 3% anual, en 10 años el monto del copago disminuirá en términos reales en aproximadamente un 26%.

Como efecto directo de dichas restricciones, este año 22 establecimientos particulares subvencionados se transformaron en particulares pagados, y entre 2016 y este año lo mismo sucedió con otros 146 establecimientos. En total, más de 71.000 alumnos se han visto afectados, ya sea por la vía de tener que pagar una mensualidad mayor o por tener que cambiarse de establecimiento.

“Esto puede parecer una cifra menor si consideramos el total de la matrícula que tenía el sector particular subvencionado el año 2015. Sin embargo, se debe tener en cuenta que solo han pasado poco más de dos años desde la promulgación de la ley, que todavía los colegios tienen la posibilidad de cobrar un copago relativamente similar al que cobraban antes de la aprobación de la reforma, y que todavía existe un plazo considerable para que comience a regir la obligación para los sostenedores del sector particular subvencionado de ser dueños de la infraestructura. Es de esperar que a medida que pase el tiempo, este fenómeno se vaya haciendo cada vez más notorio”, afirma Cristina Tupper.

Sólo 15% de los colegios subvencionados con fines de lucro se ha acogido a nueva ley

Otro efecto negativo de la reforma que ya se puede vislumbrar es el ambiente de incertidumbre que prevalece en el ámbito educacional. Este 31 de diciembre se vence el plazo para que los sostenedores de los establecimientos particulares subvencionados que quieren seguir funcionando como tales el próximo año, estén constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro.

Sin embargo a la fecha sólo un 15% de los 4.975 establecimientos particulares subvencionados que tenían fines de lucro el 2015 han llevado a cabo la transformación, lo que se traduce en que más de un millón de estudiantes asisten a establecimientos particulares subvencionados que no estarían en condiciones de recibir la subvención del Estado el próximo año.

“Lo anterior es gravísimo, se trata de un 53% de la matrícula del sector particular subvencionado y de un 29% de la matrícula total que estaría en riesgo, es decir, $1.021.365. De mantenerse la situación actual al 31 de diciembre, nada menos que esa cantidad de alumnos estaría asistiendo a establecimientos particulares subvencionados que no cumplen con las condiciones para recibir recursos públicos”, concluye el estudio de LyD.

Uziel Gómez Padrón. EL LIBERO, 06-08-2017

 

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