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Sename: diagnóstico y soluciones conocidos

Sename: diagnóstico y soluciones conocidos

Sename: diagnóstico y soluciones conocidos

DURANTE 2011 se efectuaron dos consultas para evaluar el estado de los servicios brindados a niñas, niños y adolescentes de los centros del Sename. La primera fue “Mi Derecho a ser Escuchado”, que conoció la opinión de 3.964 menores sobre aspectos de su estadía en dichos centros. La segunda se trató de “Mi Opinión Cuenta”, en donde más de 67.000 jóvenes se pronunciaron sobre el estado de sus derechos.

En paralelo a los resultados de ambos instrumentos, recibimos los informes de los jueces y fiscales judiciales que visitaban los centros del Sename, a raíz de lo cual, en mi calidad de ministro de Justicia de la época, me reuní con la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y la jueza, Mónica Jéldrez, para agradecerles sus informes y solicitarles que los parametrizaran con el fin de abordar los aspectos negativos que detectaron. Producto de lo anterior, el gobierno del Presidente Piñera presentó un programa de 11 medidas para optimizar la reinserción de los adolescentes infractores de ley, mejorando sus condiciones de habitabilidad, seguridad y dignidad, además de un plan de 10 medidas contra el abuso infantil, que implicó acelerar la ley que reorganizaba la institucionalidad a cargo de los temas de infancia y adolescencia; implementaba la ley que creó el Registro de Pedófilos; aumentaba el presupuesto para el SML, de forma de poder dotar a sus 17 sedes regionales de los especialistas requeridos para terminar con las listas de espera, y mejorar la calidad; y creaba un sistema de entrevista única, para evitar que los niños que fueran víctimas de abusos sexuales no lo revivieran; entre otras medidas.

Ello trajo consigo que en 2012 se presentaran los proyectos de ley para crear el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de separar a quienes sufren la vulneración de sus derechos, de quienes son infractores de ley. Lo concreto es que transcurridos cinco años desde la realización de las consultas de 2011, el país no ha materializado los cambios estructurales que son de toda lógica, lo que implica la impostergable división del Sename, para poder proteger efectivamente a los menores y jóvenes.

No solo hablamos de la vulneración de los derechos de los menores que deben ser cuidados por el Estado, sino también de un problema estructural que tiene efectos en la generación de más delincuencia, pues una investigación reciente concluyó que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil, reincidirán antes de los próximos 24 meses.

Lo urgente, como ya había quedado de manifiesto en 2011, es establecer un modelo que permita un mejor resguardo de los menores que llegan a manos del Estado y, por otro lado, posibilitar una adecuada corrección de conducta y reinserción de los niños y adolescentes que son infractores de ley.

¿Eran suficientes estas medidas planteadas entre 2011 y 2012? Posiblemente no. Pero representaban un significativo punto de partida. Es cierto que el Estado nunca podrá reemplazar el rol de un buen padre o madre; no obstante, es posible aprovechar esta coyuntura para generar los cambios de fondo que se han postergado innecesariamente.

Teodoro Ribera, Rector Universidad Autónoma de Chile y exministro de Justicia

LA TERCERA, 12-07-2017

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