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Los tres nudos que hicieron fracasar el acuerdo de la reforma de pensiones de Bachelet

Los tres nudos que hicieron fracasar el acuerdo de la reforma de pensiones de Bachelet

Los tres nudos que hicieron fracasar el acuerdo de la reforma de pensiones de Bachelet

Según economistas y abogados, algunas de las propuestas del gobierno serían inconstitucionales. El Ejecutivo planteaba que el 5% adicional de cotización no se podía heredar y se creaba una nueva y más cara entidad estatal para administrar los fondos.

 

El 9 de agosto del año pasado, al calor de una de las marchas del movimiento “No +AFP”, la Presidenta Michelle Bachelet realizó una cadena nacional en que anunció la creación de un comité técnico transversal para lograr un “gran pacto nacional” sobre una reforma previsional.

“Un pacto que le dé sustento, un pacto que incorpore las mejores ideas, un pacto que reparta con justicia los beneficios y las responsabilidades del esfuerzo común”, dijo la Mandataria sobre el comité, que incluyó a trabajadores, empresarios, académicos, representantes del mundo social y político oficialistas y de oposición.

Sin embargo, ayer los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Trabajo, Alejandra Krauss, realizaron una breve conferencia de prensa tras entregarle las conclusiones a la Presidenta, en la que admitieron que no se logró el consenso esperado.

Las propuestas del gobierno que trascendieron fueron cobrar un 5% adicional a las empresas, del cual 2,5% irían a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, y el resto se utilizaría como un fondo de reparto para subir las pensiones actuales; aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años y aumentar el tope imponible, que hoy es de $2,3 millones.

Entre las razones de por qué no se logró un acuerdo previsional, hay al menos tres que se explican a continuación:

1.- Visos de inconstitucionalidad

La idea del Ejecutivo de cobrarle un 5% a las empresas es catalogada derechamente por diversos abogados especializados, como inconstitucional.

Olga Feliú sostiene que dicho cobro entraría en la categoría de impuesto, que se aplicaría a determinadas personas, que serían los empleadores, y no irá en beneficio directo de sus trabajadores.

“Además, está afecto a una determinada finalidad (mejorar las pensiones más bajas) y eso es inconstitucional, al igual como lo es el aplicarlo sólo a un grupo que en este caso serían los empleadores. Los impuestos tienen que ser igualitarios”, señala la ex alta funcionaria de la Contraloría, donde trabajó 26 años.

El ex ministro del Tribunal Constitucional y académico de la Universidad de Los Andes, Raúl Bertelsen, explica que la Constitución permite cobrar, aumentar o disminuir las cotizaciones para salud y seguridad social, pero que debe estar “bien reflejado en el articulado del proyecto de ley, porque si bajo el nombre de cotización se establece un impuesto con un fin determinado, eso no está permitido en la Constitución”.

El abogado constitucionalista José Francisco García, decano de Derecho de la Universidad Autónoma y socio de Fermandois & Cía, plantea que si se busca “establecer un impuesto a los empleadores para financiar un fondo solidario en cualquier variante, se violará el principio de no afectación tributaria. No se puede establecer un impuesto para un fin específico. Eso la Constitución lo prohíbe”.

2- Administración de los fondos: AFP vs entidad estatal

La afirmación de la ministra Krauss de que “ni un peso” del 5% que se recaude será administrado por las AFP encendió otra polémica, ya que dejaba “por decreto” fuera a dicho sistema, que tendría costo cero para los cotizantes.

El ministro Valdés, en cambio, optó por el modelo Canada Pension Plan (CPP), un sistema estatal de pensiones, que no ha mostrado tener mejor rentabilidad que el chileno ni costos más bajos, según han hecho ver varios economistas.

De acuerdo a datos públicos del CPP, entre marzo de 2006 y de 2016 (su última cifra disponible) el sistema promedió una rentabilidad de 6,8% nominal, mientras que los multifondos en las AFP alcanzan un retorno de 7,2% promedio en 10 años, al cierre de 2016, es decir, 0,4 puntos más que el portafolio estatal canadiense. Los costos de administración canadiense, en tanto, son muy superiores al de las AFP, 1,11% versus el 0,6% nacional.

El investigador de Clapes-UC, Salvador Valdés, aclara que dicho sistema no es un plan de pensiones sino un gestor de fondos o multifondos, ya que no recauda cotizaciones, no actualiza millones de cuentas individuales, ni calcula o procesa pensiones.

Salvador Valdés agrega que en el sistema canadiense trabajan 1.266 empleados a cargo de la gestión financiera -que ganan $19 millones al mes-, cifra muy superior a las 100 personas que hacen la misma función en las AFP.

“Me pregunto si quieren imponer a cada uno de los afiliados que pongan toda su plata en un fondo estatal, o si darán la libertad de elegir. Que den la opción y veamos qué hace la gente, pero que no sea obligatorio, porque entregar un monopolio me parece indefendible”, afirmó el economista hace unos días.

3- Aportes adicionales no serían heredables

Una de las principales pugnas que abrió el gobierno con esta propuesta del 5% es que los recursos que se destinarían al trabajador (2,5%) no serían heredables, lo que infringiría la Constitución, según diversos especialistas.

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, criticó la propuesta porque “demuestra claramente que la plata no sería del trabajador, como es hoy, que es heredable. Pregúntenle a ellos qué quieren que se haga con su plata”.

El gerente general de Cuprum, Pedro Atria, coincide en que es un error porque “no genera los incentivos correctos y hace más difícil aún que la gente sienta que la plata es de ellos. La herencia para la gente es importante y eso ayuda a que la gente no evada esa cotización. Si finalmente esa herencia va para el Estado como ha salido, sería una forma encubierta de aumentar los impuestos”.

Además, el Ejecutivo plantea un seguro de vejez intrageneracional con el 1%  de los fondos, donde las cotizaciones de cada cohorte (por ejemplo, grupo de entre 20 y 24 años) van a un fondo común que pertenece solo a esa generación; y otra cifra similar del 1% sería de aporte intergeneracional desde los trabajadores activos a los actuales jubilados para elevar pensiones en curso de pago.

Entre 0,4 y 0,5% de los fondos se usarían para compensar las pensiones de las mujeres por medio de mayor solidaridad de los hombres. Esto, porque hoy ellas tienen bajos montos de jubilación explicados por menores densidades de cotización, menor edad de jubilación y mayores expectativas de vida.

Uziel Gómez. EL LIBERO, 12-04-2017

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