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Decidir por ella

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marzo 16

Me sorprende que estos adalides del empoderamiento femenino nunca protesten contra gobiernos como el chino que imponen abortos forzosos (eso sí, seguros) o que deciden a su antojo el número de hijos que puede tener una familia.

Nada más tomar posesión de su cargo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la que se prohíbe utilizar fondos federales para financiar organizaciones que “realizan o promueven activamente el aborto como método de planificación familiar” en el extranjero. Esta política no es nueva, ya que los anteriores presidentes republicanos habían puesto el mismo veto, mientras que los demócratas lo habían levantado.

El impacto de la medida es sin duda importante, ya que a las pocas semanas se ha celebrado en Bruselas una reunión para encontrar financiación alternativa con donativos de otros países y de organizaciones privadas. Bajo el lema “Ella decide”, la conferencia ha sido promovida por Holanda y ha reunido a delegados de más de 40 países.

Pero se ha comprobado que no será fácil compensar los 600 millones de dólares que los EE.UU. retirarán a este tipo de organizaciones. La conferencia de Bruselas ha conseguido compromisos de distintos países por valor de 181 millones de euros (190 millones de dólares).

Los críticos de la medida de Trump la han presentado como un corte de fondos para la planificación familiar en países pobres. Aunque quienes se quedan sin el dinero americano son estos grupos que promueven el aborto, ellos presentan la medida como si Trump se lo estuviera quitando a los pobres. En realidad, la orden del presidente ni tan siquiera prohíbe financiar organizaciones que se dediquen a la planificación familiar, siempre y cuando no realicen ni promuevan el aborto. Pero se ve que las ONG de este tipo están dispuestas a prescindir del dinero público antes que renunciar a la promoción del aborto. No en vano entre las organizaciones más activas está Planned Parenthood, que es el grupo que en EE.UU. realiza más abortos en sus clínicas.

Sin embargo, la política de Trump es congruente con la aprobada en la Conferencia de la Mujer de Pekín, en 1995, que dice que “en ningún caso se debe promover el aborto como medio de planificación familiar”.

Pero, con una de esas típicas contorsiones lingüísticas, lo que es una política abortista se presenta como una labor dirigida a salvar vidas. Se da por supuesto que si no hay aborto legal y seguro, las mujeres pobres abortarán igualmente, solo que de modo inseguro. No se plantea que la otra alternativa sea no abortar.

También se presume que hay una “demanda insatisfecha” de anticonceptivos en el Tercer Mundo. Este es uno de esos conceptos, acuñados por las organizaciones de planificación familiar, para los que no hace falta conocer la opinión de las interesadas. Según lo explicaba una nota del Banco Mundial, las mujeres con “necesidades insatisfechas de contracepción” son aquellas que “no quieren quedarse embarazadas pero no están usando contraceptivos”. El Banco Mundial reconoce que “las mujeres con necesidades no cubiertas pueden no tener aún ninguna intención de usar contraceptivos, aunque estos sean accesibles y de buena calidad”. Curiosa demanda, que incluye a quien no desea utilizar el producto aunque sea gratis.

Pero los organizadores de la conferencia de Bruselas presentan la planificación familiar –aborto incluido– como la poción mágica para garantizar la salud de las mujeres y de sus hijos, la igualdad, la superación de la pobreza, el empoderamiento de la mujer…. Incluso se llega a mezclar los fondos para la planificación familiar con la vacunación de los niños, como si la orden de Trump fuera un impedimento para esto.

Hijos no deseados por el gobierno

Por casualidad, en la misma web de The Guardian donde leo la noticia de la conferencia, hay un video sobre las 272.000 mujeres peruanas –la gran mayoría indígenas y pobres– que fueron esterilizadas entre los años 1995 y 2000, bajo la presidencia de Alberto Fujimori. Allí se recogen los testimonios de estas mujeres que, engañadas y acosadas, fueron esterilizadas dentro de una campaña que se presentó como de planificación familiar, y que en realidad iba dirigida a disminuir el número de nacimientos en el sector más pobre de la población peruana.

En uno de los vídeos allí rescatados se ve un discurso de Fujimori en la Conferencia de la Mujer en Pekín en 1995. Fujimori, que ya era criticado por su política de control de población, se defiende de estas acusaciones, y asegura que la esterilización sería en todo caso “voluntaria”. “Mi gobierno –explica– ha decidido llevar a cabo, como parte de su política social de desarrollo y de lucha contra la pobreza, una estrategia integral de planificación familiar, para que de esta forma las mujeres dispongan con plena autonomía y libertad sobre su propia vida”. El discurso fue muy aplaudido. De hecho, en febrero de 1996, la propia OMS felicitó a Fujimori por su plan de control demográfico.

Los métodos coercitivos utilizados por los agentes del gobierno para llevar a cabo esta política, que pronto incluyó “cuotas a completar”, pueden comprobarse en los testimonios de estas mujeres que hoy piden justicia. Incluyen esterilizaciones sin consentimiento, complicaciones postoperatorias por falta higiene, por mal estado de salud de las pacientes y hasta por embarazos no detectados. Lo mínimo que puede decirse es que la campaña no contribuyó mucho a “empoderar” a las mujeres. Ellas no decidieron.

Pero la campaña no fue solo sufragada por el gobierno peruano. La principal fuente de financiación, con 36 millones de dólares, fue la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID), en los tiempos de Bill Clinton, mientras que el Fondo de Población de Naciones Unidas aportó otros 6 millones. Varias ONG, como la organización feminista peruana Manuela Ramos, recibieron también dinero en el marco de esta campaña, que secundaron con entusiasmo para dar un duro golpe a las posturas “retrógradas” de la Iglesia católica.

Tampoco puede decirse que estas derivas abusivas de las políticas de control de la natalidad sean una exclusiva de Fujimori, hoy encarcelado por atentados a los derechos humanos. Otras veces han sido noticia las campañas de esterilizaciones de campesinas pobres en la India o los abortos forzosos y las multas a las mujeres chinas que tenían un segundo hijo sin autorización. Y, sin llegar a esos extremos, las imposiciones de objetivos de control de la población a cambio de ayuda al desarrollo por parte de países ricos.

No pretendo decir que las organizaciones reunidas en la conferencia de Bruselas aboguen por la planificación familiar coercitiva. Pero me sorprende que estos adalides del empoderamiento femenino nunca protesten contra gobiernos como el chino que imponen abortos forzosos (eso sí, seguros) o que deciden a su antojo el número de hijos que puede tener una familia. Tampoco han denunciado antes de Trump que los fondos de la USAID fueran condicionados a la adopción de determinadas políticas demográficas, donde no contaba mucho lo que “ella decidiera”. Lo único importante era que decidiera tener menos hijos.

Ignacio Aréchaga. ACEPRENSA, 07-03-2017

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