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Francia: la libertad de expresión no llega al aborto

Francia: la libertad de expresión no llega al aborto

Francia: la libertad de expresión no llega al aborto
diciembre 29

La Turquía de Erdogan tiene el récord de medios de prensa cerrados, acusados de desinformación por no seguir la línea oficial islamista. Ahora también el gobierno francés está descubriendo las ventajas de echar mano de la ley para cerrar las webs que dan una información que se aparta de la doctrina oficial. En este caso, sobre el aborto.

En su afán de quitar cualquier reserva al derecho al aborto, el gobierno socialista está dando muestras de una obstinación sin precedentes desde que la interrupción voluntaria del embarazo (IVG) se legalizó en 1976. Primero quitó del texto de la ley el estado de necesidad (détresse) que justificaba la excepción al principio de respeto a la vida de todo ser humano. Aunque se tratara de una mera formalidad, podía ser incongruente con la autonomía total de la mujer para decidir sobre el embarazo. Luego suprimió el plazo de reflexión de una semana, que la ley exigía para llegar a una decisión más meditada antes del aborto. Las mujeres no eran menores de edad, se dijo, y ya sabían lo que querían.

Webs disidentes

Pero ahora quiere acallar también las webs que ofrecen informaciones y testimonios que pueden provocar la reflexión de la mujer confusa ante un embarazo conflictivo. Estas webs (ivg.net, sosbébé, testpositif, afterbaiz…) tienen más audiencia de lo que el gobierno desearía y eso le irrita. Mientras que los canales oficiales solo ofrecen informaciones para facilitar el aborto, estas otras webs –sin discutir directamente el derecho al aborto– ofrecen consejos sobre el embarazo, información sobre las repercusiones médicas del aborto, alternativas ante un embarazo no deseado, testimonios de mujeres que lamentan haber abortado, respuestas a dudas, atención y escucha de mujeres que quieren contar su experiencia…

Las opiniones que puedan disuadir del aborto serían consideradas como presiones psicológicas tan ilícitas como la obstaculización física.

Son webs con un lenguaje sereno, que sobre todo dan salidas positivas y animantes a la mujer ante un embarazo inesperado. Y quizá por reflejar esas inquietudes que la web oficial del Ministerio silencia, conectan con las preocupaciones de mujeres que tienen sentimientos ambivalentes ante la interrupción de su embarazo.

Al no poder ganar la batalla de la persuasión, la ministra de los Derechos de las familias, de la infancia y de las mujeres, Laurence Rossignol, pretende crear un delito de opinión, sin llamarlo así. La maniobra consiste en ampliar el delito de “obstáculo a la interrupción voluntaria del embarazo” –pensado para impedir piquetes ante clínicas abortistas– para poder cerrar las webs que con su “desinformación” obstaculizan la libre decisión de la mujer. Pero ¿cómo se explica que la libertad de expresión de una persona sea un obstáculo para la libertad física de otra?

Una verdad oficial

La ministra reprocha a estas webs en un comunicado el “ejercer presiones psicológicas o morales a fin de disuadir a las mujeres de recurrir a la IVG”. Pero ¿no es esto lo que hace cualquier grupo que quiere promover lo que considera una buena causa? Por la misma razón habría que castigar a los que presionan a favor del transporte público como obstaculizadores del derecho a ir en coche, y a las webs de veganos que nos quieren crear problemas de conciencia por ejercer el derecho a comer carne.

La maniobra es tan artificial que la ministra se apresura a asegurar que, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Estas webs serían perseguidas por crear obstáculos con una información engañosa, con el fin de disuadir a la mujer que se plantea abortar. Pero una información engañosa supone que hay una verdad oficial sobre el aborto, definida por el gobierno.

La pretensión de excluir ciertas webs implica también poca confianza en la capacidad de las lectoras para evaluar la información.

Sin duda, en la literatura médica sobre el aborto hay temas discutidos, pero lo que pretende el gobierno es que solo pueda presentarse públicamente la doctrina que él defiende. ¿Es una alegación falsa decir que el aborto puede tiene secuelas psicológicas negativas? ¿O que puede influir en la futura fertilidad? ¿No son reales los testimonios de mujeres que lamentan haber abortado o que cuentan las presiones que han sufrido en su entorno familiar? De hecho, otras webs como ivg.net advierten de las afirmaciones falsas o incompletas que aparecen en la web del Ministerio.

Por lo menos, hay que reconocer que son asuntos debatibles, con opiniones variadas también dentro de la literatura científica. Y la libertad de expresión es precisamente para que todas puedan manifestarse.

La ministra alega que estas webs no proporcionan una información neutral. Pero basta ver la web oficial (ivg.social-sante.gouv.fr) para comprobar que el gobierno se dispensa de esa neutralidad al hablar de las consecuencias médicas de la IVG o al silenciar las posibles alternativas al aborto. En cambio, previene contra la información que se da en otras webs, que “son en realidad editadas por militantes contra el aborto”. “A veces son difíciles de reconocer –avisa–, pero desconfía sistemáticamente de las webs y números verdes que, por ejemplo, consagran gran parte de su contenido a la maternidad y a las supuestas complicaciones y traumatismos ligados a la IVG”. Y, puestos a ampliar la información, remite a webs tan “neutrales” como la de la Asociación de clínicas acreditadas para el aborto.

El sentido crítico de las mujeres

La pretensión de excluir ciertas webs implica también poca confianza en la capacidad de las lectoras para evaluar la información. Como escribe Madelaine de Jessey, del partido Los Republicanos, la propuesta supone “considerar a una mujer como menor de edad, incapaz de reflexionar por sí misma, de forjarse su propia opinión o de distanciarse del contenido de una web”. En este caso, no parece que el derecho a decidir se aplique a la web en la que la mujer quiera informarse.

El radicalismo de la proposición ha provocado que el presidente de la Conferencia Episcopal francesa, el arzobispo de Marsella, Mons. Georges Pontier, haya escrito una carta al presidente François Hollande expresándole su preocupación. Un gesto que ha llamado la atención, por lo excepcional. En su carta Pontier, defiende la labor de estas webs, “cuyo éxito prueba que responden a una necesidad”. Las mujeres que se informan allí, podrán luego abortar o guardar a su hijo. Pero “la postura [de estas webs] incita a la reflexión, y eso es justamente lo que se les reprocha. Tendrían que adoptar de entrada una postura favorable al aborto”.

Por eso, el arzobispo de Marsella manifiesta a Hollande que esta proposición de ley “pone en cuestión muy especialmente la libertad de expresión, que no puede ser a distintas velocidades según los temas”. Sobre todo, constituiría “un grave precedente de limitación de la libertad de expresión en Internet. Una limitación tanto más grave porque afecta a cuestiones de libertad de conciencia. Esto me parece un atentado muy grave a los principios de la democracia”.

Presiones habituales

Pontier pone el dedo en la llaga, pues si el gobierno pudiera vetar todo lo que considera “desinformación”, también podría cerrar las webs de sindicalistas que discrepan de su reforma laboral o las webs económicas que critican la mala marcha de la economía. ¿Y el tema del aborto tiene un margen más restrictivo de debate?

Por otra parte, no parece que haya mucha dificultad para abortar en un país donde uno de cada cinco embarazos termina en aborto y es financiado por la Seguridad Social al 100%. El número de abortos, en torno a 215.000 anuales, está estabilizado desde 2006, a pesar de la extensión de la contracepción, y supone una tasa de 14,5 por mil mujeres en edad de concebir.

Si de presiones se trata, las presiones a la que está más expuesta una mujer con un embarazo conflictivo son las que proceden de su pareja, de su entorno familiar o de su empleador que a menudo le incitan a interrumpir su embarazo. Pero este tipo de presiones sobre la libertad de la mujer no son las que preocupan al gobierno.

Trámite legislativo

El texto, ya aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional por el procedimiento acelerado el 1 de diciembre, modifica el Código de la salud pública para añadir a las acciones que constituyen una obstaculización del derecho al aborto:

“…por cualquier medio, incluida la difusión o la transmisión por vía electrónica o en línea de alegaciones, indicaciones que induzcan intencionadamente a error, con un fin disuasorio, sobre las características o las consecuencias médicas de una interrupción voluntaria del embarazo”.

Es notable que solo se castigue las alegaciones que puedan inducir a error “con un fin disuasorio”, pues si se trata de evitar la “desinformación” también habría que penar las que se hacen con el fin de alentar al aborto.

El texto pasó al Senado donde, tras el debate parlamentario, quedó formulado así:

“…o ejerciendo, por cualquier medio, presiones morales o psicológicas, amenazas o todo acto de intimidación contra personas que tratan de informarse sobre una interrupción voluntaria del embarazo, personal médico y no médico que trabaja en los establecimientos mencionados en el mismo art. L. 2212-2, contra mujeres que van a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo o de su entorno familiar”.

Se observa que en el texto del Senado ha desaparecido la alusión específica a las webs. Ahora una comisión paritaria entre la Asamblea y el Senado deberá acordar un texto común.

Ignacio Aréchega.

ACEPRENSA, 22-12-2016

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