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Un detalle chocante

Un detalle chocante

Un detalle chocante

Siguen matando a líderes sociales en Colombia. No a uno u otro ocasionalmente, lo cual ya sería grave. Sino a un montón, de manera regularizada y predecible. No más esta semana asesinaron al caucano John Jairo Rodríguez. 

Desde el punto de vista del Estado, el asunto se plantea de la siguiente manera. Puede haber un debate legítimo alrededor de las dinámicas y motivaciones subyacentes a cada uno de estos crímenes. Mi experiencia es que tales debates, aunque a veces exasperantes, pueden ser muy útiles y mejorar la calidad de los análisis. Sólo oyéndolos con atención se puede llegar a contabilidades creíbles y confiables. Pero en este asunto hay más, mucho más, que el análisis caso por caso. Una de las funciones definicionales tanto de Estado como de soberanía es la provisión razonablemente universal de la seguridad. Un Estado que se merezca ese nombre no puede renunciar a esta dimensión crítica, o achacar su impotencia para mantenerla a las “fuerzas oscuras” (entre otras cosas, porque se supone que éstas se evaporaron, ¿no? Las FARC ya no pelean, no existen los paramilitares, las Bacrim no son políticas…). Más aún, es claro para quien esté mínimamente familiarizado con estos temas que en muchísimas regiones del país los líderes sociales viven en estado de zozobra semi-permanente, puntuado por amenazas, acosos y encarcelamientos arbitrarios. Esto, por supuesto, no necesariamente quiere decir que los protagonistas de tales hostigamientos —un nutrido elenco en el cual figuran de manera prominente agentes estatales— sean los mismos de la violencia letal. Implica, en cambio, que el mundo de la institucionalidad está contribuyendo a crear un clima en el que es más fácil atacar a los líderes sociales, sobre todo en ciertas regiones.

Ahora bien: para nadie es un secreto que numerosos dirigentes sienten afinidad por, o pertenecen a, una u otra familia de la izquierda colombiana. El lector podrá deplorar esta circunstancia, o celebrarla, o aceptarla como una realidad política con la que hay que contar. Independientemente de esto, reconocerá que el hecho de que esas preferencias impliquen una exposición significativamente mayor a sufrir ataques letales es una falla geológica de nuestra democracia. ¿Me equivoco en este razonamiento? Me encantaría ser corregido. Cierto: numerosos cuadros de diversas banderías son asesinados. Pero creo que proporcionalmente el riesgo para ciertas familias políticas es mucho más grande. Cualquiera de nosotros puede hacer las cuentas en el anverso de un sobre. ¿Cuánta gente vota por el partido Liberal, digamos, y cuántos dirigentes de esa fuerza son sacrificados? Los habrá, sin duda, y me duelen como me duelen las vidas de todos los colombianos. Ahora bien: ¿cuánta gente vota por Marcha Patriótica, valga por caso, y cuántos de sus cuadros y jefes han sido exterminados? Estaría dispuesto a apostar que en cualquier evaluación razonable los liderazgos de Marcha estarían expuestos a un riesgo cuando menos diez veces mayor.

Mientras el señor Ordóñez recorre el país con su flota de automóviles blindados y su batallón de escoltas, todo sufragado por nosotros (y concedido a él por sí mismo), ciertas formas de acción colectiva perfectamente legales siguen siendo en Colombia una profesión de alto riesgo. Con dos agravantes que me parecen muy serios. Primero, que los medios electrónicos de comunicación callen sobre estos episodios. Por la vía de estos silencios sistemáticos llegamos a la Unión Patriótica y a las masacres. En democracia, la información puede disminuir de manera muy real la probabilidad de que estos atentados aleves sucedan. Segundo, que el Estado no haya sido capaz de desarrollar y presentar en sociedad una política evaluable de protección. Este es un terreno en el que se necesitan tanto políticas claras y bien diseñadas como un seguimiento público y activo por parte del Gobierno. Hasta ahora, no hay ninguna señal ni de lo uno ni de lo otro.

Columna de Francisco Gutiérrez Sanín. EL ESPECTADOR, Colombia, 03-11-2016

 

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