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Human Rights Watch: El juicio a Leopoldo López es una farsa

Human Rights Watch: El juicio a Leopoldo López es una farsa

Human Rights Watch: El juicio a Leopoldo López es una farsa

El director de la división América de HRW, José Miguel Vivanco, denuncia que las declaraciones de Franklin Nieves ratifican que el Poder Judicial en Venezuela es un apéndice del Poder Ejecutivo.

El fiscal venezolano Franklin Nieves, quien fue uno de los persecutores que presentó cargos contra el líder político Leopoldo López, pidió asilo en Miami y denunció que fue el Gobierno de Nicolás Maduro, y no la justicia, el que decidió encarcelar al ex alcalde, por lo que el proceso judicial estuvo completamente viciado, en un sentido video de arrepentimiento y denuncia que subió a Youtube.

Sus acusaciones durante 72 audiencias por un año y medio fueron claves para condenar a 13 años de prisión a López por las manifestaciones del 12 febrero de 2014, que acabaron con 43 fallecidos. El fiscal asegura que responsables del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional le dijeron que Maduro dio la orden de actuar contra López y que, sobre la marcha, montó la acusación. “Un cuento”, dijo Nieves en entrevista con El País de España.

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“La justicia venezolana tiene ahora la responsabilidad de anular el juicio. Se violaron garantías constitucionales, el derecho a la defensa… Pero en Venezuela lo que opera es una sociedad de cómplices, se protegen entre ellos porque muchas personas saben secretos de otras”, afirmó Nieves (en la foto) al diario español.

Para analizar esta situación, “El Líbero” conversó con José Miguel Vivanco, director de la división América de Human Rights Watch, quien durante años ha monitoreado y denunciado la situación política de Venezuela.

-¿Cuál es la opinión de HRW sobre las declaraciones del ex fiscal Nieves?

-Las declaraciones del fiscal Nieves confirman lo que venimos diciendo hace tiempo, no existen evidencias en el expediente de que López ni los estudiantes vinculados a su caso hayan cometido ningún delito. El valor agregado es que lo confirme una de las personas más involucradas en la persecución penal de López, que expone no solo la barbaridad del caso, sino también la absoluta falta de independencia judicial que opera en Venezuela hoy en día.

-¿Cree que se debería repetir el juicio o los cargos contra Leopoldo López no corresponden?

-Ese juicio es una farsa y nunca debería haber ocurrido; mucho menos volver a hacerlo porque sería volver a someter a una persona a un proceso sin sustento. Más allá de que López no incitó a nadie a cometer ningún delito, no existen los llamados “delitos de opinión”.

-También declaró que la orden del arresto fue directamente de Nicolás Maduro e incluso antes de las protestas estudiantiles. ¿Qué opinión le merece?

-Yo no tengo pruebas de esa orden en particular, pero no tengo ninguna duda de que en Venezuela el poder judicial es un apéndice del ejecutivo. Desde que el ex Presidente Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional coparon al Tribunal Supremo de Justicia en 2004, ya no existen en Venezuela instituciones independientes capaces de hacer frente a los abusos de poder. En Venezuela casi el 70 por ciento de los jueces no cuentan con estabilidad en sus cargos y pueden ser removidos arbitrariamente; con lo cual es muy difícil que puedan oponerse a una orden que viene del ejecutivo.

-Ante la falta de justicia en Venezuela, ¿qué acciones en la justicia internacional puede hacer Leopoldo López?

-Lamentablemente López no puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta sentencias vinculantes, porque Venezuela denunció (se retiró) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, tiene a su disposición toda una serie de organismos de derechos humanos en la ONU y a la Comisión Interamericana, donde puede denunciar los abusos sufridos, y lo hizo. De hecho, existen múltiples pronunciamientos de estos expertos independientes cuestionando la detención y condenas arbitrarias de López y otros políticos opositores venezolanos y solicitando su inmediata liberación.

-En una entrevista en septiembre en este medio, Ud. dijo que “los gobiernos de la región deben abandonar su silencio cómplice”. ¿Han abandonado ese silencio cómplice o lo mantienen?

-Muy gradualmente vemos pasos hacia abandonarlo, pero todavía estamos muy lejos. Salvo contadas excepciones, como Colombia o Chile en menor medida, la regla sigue siendo el silencio cómplice. Esto es gravísimo.

-¿Cuál es la situación actual de los DD.HH. en Venezuela?

-En Venezuela la concentración de poder es absoluta. No hay independencia judicial y se abusa del sistema de justicia para procesar, encarcelar e inhabilitar a opositores políticos. Las manifestaciones opositoras y estudiantiles de 2014 fueron brutalmente reprimidas y estos delitos permanecen impunes. Por otra parte, la libertad de expresión se encuentra muy limitada debido al constante acoso a los medios de comunicación independientes. Y por último, el hostigamiento a defensores de derechos humanos y críticos menos conocidos es habitual y hace cada vez más difícil que hagan su trabajo y expongan los abusos en el país.

-¿Qué garantías de transparencia e independencia entrega el órgano electoral de Venezuela en las próximas elecciones parlamentarias de diciembre próximo?

-Ninguna. Justamente por eso es vital para la legitimidad de las elecciones que exista una observación electoral internacional seria, que no sea un simple “acompañamiento” como pretende el gobierno venezolano. Venezuela ya se opuso a la observación electoral de la OEA y de la Unión Europea, y ahora está vetando a Nelson Jobim, un prestigioso e independiente jurista brasileño que había sido propuesto por Brasil para liderar la misión de observación electoral de Unasur. Sin las garantías que da una persona como Jobim, es muy difícil confiar en la observación de Unasur o en el resultado de las elecciones, que son cruciales para Venezuela.

Uziel Gómez. El Libero, 03-11-2015

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