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INESPERADO E INNECESARIO DEBATE CONSTITUCIONAL

INESPERADO E INNECESARIO DEBATE CONSTITUCIONAL

INESPERADO E INNECESARIO DEBATE CONSTITUCIONAL
mayo 04

La elaboración de una nueva Constitución que ha propuesto la Presidenta de la República no guarda ninguna relación con las denuncias que hoy remecen a la opinión pública.

LA PRESIDENTA de la República ha aprovechado lo que el mismo gobierno calificó como un conjunto de “medidas para prevenir la corrupción, regular los conflictos de interés, el financiamiento de la política y restablecer la confianza en los mercados”, para insistir sobre una de sus más repetidas consignas de campaña: la elaboración de una nueva Constitución.

El anuncio sorprende, no sólo porque no formó parte del informe de propuestas de la comisión sobre la cual se basan las medidas de probidad, sino porque tampoco se encontraba entre las prioridades del propio Ejecutivo. Prueba de lo anterior es que recién el fin de semana pasado se había efectuado un cónclave entre gobierno y partidos oficialistas para concordar la agenda legislativa, sin incluir la reforma constitucional en el paquete de prioridades.

No obstante, aunque no menos preocupante, dicha omisión resulta coherente con los caminos escogidos por la Presidencia para desarrollar el debate constitucional: “diálogos, consultas y cabildos” ciudadanos, según anunció la Mandataria. El Congreso, a la luz de sus palabras, ha quedado fuera de esta convocatoria, lo que contradice el propio ordenamiento nacional. Porque la representación ciudadana recae, precisamente, en las autoridades electas, tal como ocurre con la propia figura presidencial, y la Constitución determina con claridad los órganos competentes para el debate de eventuales reformas a la carta fundamental.

El privilegio que el discurso insinúa para los “diálogos, consultas y cabildos” ciudadanos representa también un duro golpe para los partidos políticos, porque -como establece la ley- constituyen el vehículo de organización ciudadana para influir en las decisiones políticas. Todo el resto de las agrupaciones que abogan por intereses específicos son bienvenidas, pero no cuentan con las atribuciones ni el perfil para arrogarse la representación popular.

La incorporación del debate constitucional en el marco de las medidas de probidad terminó, de paso, diluyendo la relevancia de las propuestas del consejo asesor presidencial y parece evidente que ni siquiera fue un asunto que se discutiera previamente con sus integrantes. No obstante, el anuncio aprovecha el hito de la entrega del informe de esta comisión para volver sobre este afán reformador, añadiendo incluso que las medidas planteadas por los consejeros adquieren “sentido de conjunto y contribuyen a delinear la idea de Estado, de la democracia y de los negocios que queremos construir” en la medida que se completan con “la redacción y aprobación de una nueva Constitución”.

Lo cierto es que en el actual escenario, marcado por la desconfianza ciudadana y un respaldo presidencial debilitado en las encuestas de opinión, este debate constitucional resulta tan forzado como riesgoso. Intentar recuperar el apoyo ciudadano mediante la modificación del pilar que ha sustentado el período democrático más significativo de la historia chilena, parece tan inadecuado como pretender imponer esta preocupación por encima de los verdaderos problemas que hoy afectan al país, comenzando por el debilitado crecimiento de la economía y del empleo.

No sirve, por lo mismo, recurrir al gastado argumento de las prioridades establecidas en el programa presidencial. La propia ciudadanía demostró el año pasado que el respaldo otorgado al gobierno en las urnas no constituye carta blanca ni tampoco un apego irrestricto a las consignas incluidas en su programa, como quedó demostrado con la movilización de muchos padres y apoderados que derivó en modificaciones sustanciales a la propuesta inicial de reforma educacional.

Las irregularidades en materia de financiamiento de campañas políticas y conflicto de intereses que han conmovido en los últimos meses a la opinión pública y que motivaron la creación de esta comisión, no guardan ninguna relación con el debate constitucional. Por el contrario, es precisamente el funcionamiento de las instituciones que la Carta Magna consigna lo que ha permitido que estos hechos sean conocidos y que hoy se encuentren en proceso de investigación, ya sea por parte del Ministerio Público o del Servicio de Impuestos Internos, según corresponda. De hecho, no son pocos los que han advertido en este debate un vehículo para desviar la atención ciudadana del resultado de estas investigaciones.

La Constitución vigente ha asegurado años de bonanza y estabilidad política y económica. Muchos de sus principios reflejaron demandas históricas de varios presidentes elegidos democráticamente en el pasado y, en su conjunto, constituye un esfuerzo de expertos constitucionales que difícilmente puede ser delegado a estos cabildos y debates ciudadanos. Asimismo, tras una serie de reformas que obligaron a la promulgación de una nueva carta refundida bajo la administración del ex Presidente Ricardo Lagos, su supuesta debilidad de origen quedó superada por los hechos.

Como consecuencia, frente al inesperado anuncio presidencial, corresponderá ahora al Congreso tomar nota de esta situación y evaluar los caminos que tomará una vez que otro poder del Estado, como es el Ejecutivo, organice y convoque a cabildos que minan su propia autoridad y que bien podrían alterar los cimientos de nuestra actual democracia.

La Tercera. Editorial, 03-05-2015

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