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ABORTO: SUPREMA ADVIERTE “ESPACIO DE IMPUNIDAD” POR CONFIDENCIALIDAD MÉDICA

ABORTO: SUPREMA ADVIERTE “ESPACIO DE IMPUNIDAD” POR CONFIDENCIALIDAD MÉDICA

ABORTO: SUPREMA ADVIERTE “ESPACIO DE IMPUNIDAD” POR CONFIDENCIALIDAD MÉDICA
mayo 04

Máximo tribunal señaló que la exclusión del deber de denuncia de equipos de salud impediría perseguir a autores de violación.

Los deberes de confidencialidad postulados por el proyecto de ley en el Código Procesal Penal, podrían constituirse en un espacio de impunidad en desmedro de las víctimas de delitos sexuales menores de 18 años”, advierte la Corte Suprema, en el informe del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal o tras una violación.

El documento, evacuado a la Cámara de Diputados, alude la obligación que hoy tienen los médicos de reportar los casos de aborto que se presenten y los cambios propuestos por la norma en trámite, que persigue eliminar este deber, precisando que primará la confidencialidad entre el profesional y la paciente, en lugar de la obligación de denunciar.

Al respecto, la Corte Suprema plante que la mayoría de las agresiones sexuales son realizadas por parientes o cercanos a la víctima y que podría ocurrir que una menor de 18 años acuda una o varias veces a un establecimiento de salud y obtenga el procedimiento de interrupción del embarazo “sin que se investigue penalmente el eventual delito de violación o estupro dado que, tanto la exclusión del deber de denuncia como la primacía del deber de confidencialidad, pesarán tanto sobre el médico cirujano que atienda a la requirente de interrupción del embarazo, como al equipo de salud especialmente conformado”.

El máximo tribunal advierte que podría darse que el autor de la violación sea el propio padre de la menor y entregue autorización para que se desarrolle el aborto, sin que se genere la investigación penal del caso, dado el deber de la confidencialidad. “Por lo anterior, es conveniente la revisión de la exclusión de los deberes de denuncia y primacía de la confidencialidad prevista en el proyecto, a fin de resguardar el legítimo interés de la sociedad por perseguir los delitos cometidos contra menores de edad, particularmente en cuanto atentan contra su indemnidad sexual”.

Al respecto, el abogado Juan Domingo Acosta explicó que el proyecto entraría en conflicto al aludir a niñas o adolescentes que interrumpan su embarazo tras ser víctimas de violación, puesto que el Código Procesal establece acción penal pública, es decir, que se deben perseguir los delitos cometidos contra menores de edad. “No sé si fue error del proyecto o si ex profeso se quiso excluir la obligación de denunciar. Pero hay que hacer un balance de intereses, entre qué está primero: el interés público de perseguir al responsable o el de la menor embarazada que se practica el aborto”, dijo.

El penalista añade que “tiendo a coincidir con la Corte Suprema en que hay razones político criminales para mantener la obligación de denuncia del doctor, pero no del aborto, sino de la violación. Mi opinión es que debe primar el interés público de perseguir al responsable”.

Una opinión similar tuvo el director de Derecho Civil de la U. de Los Andes, Hernán Corral, quien dijo que “una cosa es que el médico no revele información reservada que le haya contado la niña y otra, que no se denuncie el hecho, porque eso es lo que evita la impunidad, especialmente tratándose de violaciones. Ahí hay un abuso, que puede ser reiterado y que el médico tome conocimiento, sin poder denunciarlo. Así como está planteado, el proyecto favorece la impunidad del agresor y desprotege a la menor abusada”.

También, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, agrega que mandatar la confidencialidad, sin matices, es riesgoso, porque “hay muchas situaciones, en un contexto de agresión sexual o de violencia intrafamiliar, donde la confidencialidad puede estar más del lado del agresor que de la víctima. Yo diría que la realidad es mucho más diversa y que la ley debiera dejar un espacio para el criterio del médico”.

REPAROS

El informe -que no es vinculante- también repara la eventual vulneración de la corresponsabilidad parental, pues el proyecto plantea que si una menor de 14 años deseara interrumpir su embarazo y se diera la “falta” de autorización de “su representante legal o de uno de ellos a elección de la menor, si tuviere más de uno”, la niña podría pedir al juez su intervención para que constate la ocurrencia de la causal de violación. “La palabra falta puede dar lugar a dudas en cuanto a su significado. Podría entenderse que esa carencia de autorización alude tanto a cuando existe omisión en su pronunciamiento como a cuando existe una negativa justificada a brindarla”. Añade la Corte que “La aclaración del concepto no es baladí, en tanto la carencia de un pronunciamiento sobre la autorización es bien distinta a la oposición expresa que un padre, una madre, ambos o la persona a cuyo cuidado se encuentra la niña, puedan señalar frente a una situación de esta naturaleza”.

Sobre la obligación de resolver de los tribunales de familia, se corrige que debiese tratarse de “un juez con competencia en materia de familia” y que su función no es “autorizar” la realización de un aborto frente a violaciones, sino resolver al respecto. También, se objetan las 48 horas impuestas para que el juez entregue su resolución.

Gabriela Sandoval P. La Tercera, 29-04-2015

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