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LA MERMA QUE HA SUFRIDO LA PROPIEDAD PRIVADA

LA MERMA QUE HA SUFRIDO LA PROPIEDAD PRIVADA

LA MERMA QUE HA SUFRIDO LA PROPIEDAD PRIVADA

Felipe Larraín: “Resulta preocupante la tendencia a querer comenzar todo de nuevo, como si la experiencia y la gobernabilidad ejercida en las últimas tres décadas no hubiesen sido fruto de un esfuerzo conjunto…”.

La reforma constitucional que propondrá al país el gobierno de la Nueva Mayoría arriesga comprometer las bases de la arquitectura económica institucional que durante las últimas décadas ha permitido un aumento sin precedentes del bienestar de los chilenos.

Como punto de partida, la Nueva Mayoría propone pasar de un Estado subsidiario a uno social y democrático de derechos, constitucionalizando así el Estado de Bienestar. Este es un giro copernicano a la acción que ha desarrollado el Estado en las últimas décadas. De este principio no solo derivan la libertad y la subsidiariedad económica -que determina cuándo el Estado debe intervenir en estas materias-, sino que también el escenario de indispensable libertad para que todos los grupos asociativos fijen los objetivos que deseen alcanzar, organizándose del modo que estimen más conveniente y sin intromisión de personas o autoridad ajena a sus estructuras.

El Tribunal Constitucional ha señalado que “al Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos intermedios. Ello se entiende sin perjuicio, por cierto, de aquellas que, por su carácter, ha de asumir el Estado”.

La Nueva Mayoría pretende un Estado de Bienestar que se contrapone al espíritu del Estado subsidiario vigente. Este Estado de derechos se garantizaría a través de acciones judiciales que cubrirían no solamente la totalidad de los derechos económicos, sociales y culturales actualmente consagrados, sino también otros, tales como el derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo.

Los efectos que provocaría este cambio son preocupantes. Primero, por el tratamiento jurídico que se le otorgará a estos derechos, ya que desde el momento que sean exigibles deberán “asegurar mínimos de igualdad social para un disfrute efectivo” del derecho garantizado. Ello involucra un cambio desde una visión realista y antidemagógica, que prioriza de acuerdo con los recursos que disponga el Estado, a una posición de garantías a todo evento que ignora el más básico problema económico: recursos escasos y necesidades ilimitadas. Segundo, la forma en que los tribunales de justicia harán cumplir la ley en este tipo de casos puede configurar un “activismo judicial” que incluso llegue a ponerse al margen del sistema democrático.

Además de los efectos que ya han causado las tres reformas estructurales impulsadas por este gobierno, preocupa constatar la merma que ha sufrido la propiedad privada como institución en las últimas iniciativas legales promovidas por el Ejecutivo. En esta senda, el programa de gobierno establece que “junto con reconocer el derecho de propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitará su contenido, de conformidad a la ley”.

La Constitución actual -así como la de 1925- contempla el concepto de función social de la propiedad, que supone una armonía entre los intereses colectivos y el legítimo uso y disposición individual de un determinado bien.

Esta mención extendería las limitaciones conocidas. El programa también señala que “el Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales”. Así, se nos notifica una ampliación del royalty a todos los recursos naturales.

Asimismo, se indica que “una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social… así como la apertura plural del espectro radioeléctrico y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información”. Esta propuesta no incluye nada que justifique una intervención de esta magnitud.

Merece dudas la propuesta de favorecer el igual acceso de mujeres y hombres a puestos de responsabilidad profesional en el sector privado. Estamos muy de acuerdo en promover una mayor participación laboral femenina, pero sin imponer cuotas en la conformación de los directorios de empresas o en sus estructuras sociales, una restricción a la libertad de emprendimiento que no colaborará a su real integración.

A su vez, la rebaja de los quórums de modificación en el Congreso de las leyes orgánicas constitucionales y de las interpretativas de la Constitución sería un peligroso precedente para la democracia. Quien obtenga la mayoría absoluta en el Congreso tendrá el poder suficiente para imponer su punto de vista de manera aplastante, con lo cual los incentivos para llegar a acuerdos transversales serán cosa del pasado.

Actualmente, el Banco Central de Chile goza de autonomía según lo dispuesto por la Constitución. Por ello, la propuesta de establecer por ley su nivel de autonomía significa -en la práctica- una desvalorización de la misma.

Mejorar o reformar la Constitución Política de 1980 es una opción válida en una sociedad democrática como la nuestra. Lo que resulta hoy preocupante es la tendencia a querer comenzar todo de nuevo, como si la experiencia y la gobernabilidad ejercida en las últimas tres décadas no hubiesen sido fruto de un esfuerzo conjunto. Esperamos que el debate constitucional se libere de los eslóganes y posturas radicalizadas. Solo así se podrá dar paso a un diagnóstico serio sobre los principios políticos y económicos que le han permitido a Chile conseguir mejores condiciones de vida a todos sus habitantes.

Felipe Larraín Bascuñán. Director de Clapes UC. Ex ministro de Hacienda

El Mercurio, 24-04-2015

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