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JUECES COMPROMETIDOS

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rodriguezEscribe Pablo Rodríguez Grez: “…si los jueces no acatan la ley, se distorsiona todo el sistema institucional y caemos de modo irremediable en la dictadura judicial. En Chile comenzamos a vivir los primeros síntomas de este fenómeno…”

La evidencia parece irrefutable. Una fracción minoritaria de nuestros jueces, en especial los que integran la justicia penal, están comprometidos con una concepción ideológica que los enfrenta, en forma constante, con las leyes que deben aplicar. Para que un fallo judicial tenga poder vinculante (valor), debe fundarse en lo preceptuado en la ley. Del contenido de esta última se extraerán los elementos normativos que, incorporados a la sentencia, permiten dotarla de validez y hacerla cumplir coercitivamente.

Por consiguiente, los conflictos intersubjetivos se resuelven de acuerdo a los principios consagrados en la ley (norma), que es una manifestación de voluntad de los otros poderes del Estado —colegisladores— democráticamente elegidos de acuerdo a la institucionalidad vigente. El sistema judicial, desde esta perspectiva, solo funciona adecuadamente en la medida en que los jueces sean leales al mandato legal y sus resoluciones no busquen la forma de eludirlo para fallar según sus personales preferencias.

Para demostrar las virtudes de este sistema, debe tenerse en consideración que la ley que invoca el sentenciador ha debido existir y hallarse en vigencia antes de generarse el conflicto que se trata de dirimir y que, por lo tanto, no respetar las “reglas del juego” acarrea la peor injusticia que puede cometerse. Asumir lo ordenado en la ley, en consecuencia, es una manera de honrar la voluntad de la mayoría ciudadana democráticamente manifestada.

Es curioso observar cómo protesta el público cuando en un espectáculo deportivo el árbitro (juez) no respeta el reglamento (ley) y cobra las faltas según sus simpatías e inclinaciones. Sin embargo, no se formula la misma protesta cuando un juez se aparta de lo que ordena la ley. Es probable que ello ocurra porque estos últimos justifican hábilmente sus determinaciones con argumentos aparentes y casi siempre especiosos. Pero lo cierto es que, en uno y otro caso, la situación es la misma.

Si los jueces no acatan la ley, se distorsiona todo el sistema institucional y caemos de modo irremediable en la dictadura judicial. En Chile comenzamos a vivir los primeros síntomas de este fenómeno. Las políticas públicas, en cuestiones tan sensibles como la generación eléctrica, los sistemas de salud y la lucha contra la delincuencia, chocan frontalmente contra la voluntad de algunos magistrados que, al parecer, tienen una visión distinta de la manera en que deben enfrentarse estos problemas. Como resulta inevitable, las relaciones entre los Poderes del Estado, en este contexto, se deterioran en forma progresiva, provocando un distanciamiento que impide una acción eficiente y mancomunada. Lo ocurrido con el proyecto de Observatorio Judicial es elocuente a este respecto.

Lo que señalamos queda de manifiesto en lo relativo a los planes sobre seguridad pública, política que debería comprometer a toda la población, y que ha redundado en un creciente desprestigio del Poder Judicial. No existe un estímulo más potente para el delincuente que la impunidad. En la medida en que se aprecie que la mayor parte de los delitos quedan sin sanción, la criminalidad seguirá creciendo.

Se ha sostenido, con insistencia, que no corresponde a la judicatura prevenir el delito y que ello es tarea de otras reparticiones del Estado. Pero la realidad demuestra que la incapacidad de las instituciones para combatir el delito, deriva, en gran parte, de la sensación de impunidad que domina en el submundo criminal. El “garantismo”, concepción que privilegia el tratamiento que se brinda al hechor en desmedro del ofendido, y al que adhiere un sector de nuestros jueces penales, no puede fundarse en el respeto a los derechos humanos, porque el infractor atenta precisamente contra ellos y casi siempre con una perversidad inhumana.

Mucho menos pueden los jueces asumir compromisos ideológicos y dejar que los mismos orienten sus decisiones. Si se estimara que el que infringe la ley es una víctima de la sociedad y, por lo mismo, debe ser amparado, incluso vulnerando el mandato de la norma legal, el juez se transformaría en un censor de la función legislativa, sobrepasando, en lo que le corresponde, el ejercicio de la soberanía e invadiendo el ámbito de otras potestades.

No quisiéramos que la desconfianza que don Andrés Bello manifestó sobre la tarea de los jueces siga siendo un escollo insuperable para nuestra institucionalidad, pero todo demuestra que es un peligro que nos será difícil superar.■

Pablo Rodríguez Grez

Decano Facultad de Derecho

Universidad del Desarrollo

Social

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