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¿QUIÉN TITULA A QUIÉN?

¿QUIÉN TITULA A QUIÉN?

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¿QUIÉN TITULA A QUIÉN?

fuenzalidaEscribe Javier Fuenzalida A.: “El mejor calificador de resultados será el mercado medido por instituciones expertas en este tipo de investigaciones. No importa si son nacionales o extranjeras. El Estado no puede ir en contra del mercado”..

Continuamos debatiendo cómo producir egresados académicos y profesionales de calidad. la Concertación creyó que la acreditación, sucesora de la autonomía, resolvería el problema. Las instituciones que demuestren tener activos y capital humano más una tecnología, una función de producción, más los insumos necesarios, pasarían la prueba y deberían producir egresados de calidad. No hay ninguna garantía que ello suceda. Hay universidades que poseen todos los recursos señalados y forman buenos profesionales, tienen un intangible, la experiencia y tradición pasada. Otras nuevas han sido hábiles en suplir el pasado acumulado con innovaciones. Pero también hay nuevas y antiguas con iguales recursos que forman egresados más o menos y malos.

Ante esta diversidad el mercado recurre a indicadores alternativos o complementarios de la acreditación como son los “ranking” de mercado, basados en el desempeño de sus egresados. La acreditación califica los recursos, los “ranking” los resultados. Me inclino por esto último, porque es lo que los padres desean para sus hijos y lo que estos esperan para su futuro. En estos últimos 30 años hemos visto cómo universidades de tradición han decaído en algunas de sus facultades y como las emergentes, privadas nuevas, se han ido colocando en igual posición que las más tradicionales, o incluso mejor.

La experiencia de la CNA y de los acreditadores privados ha sido mala y los jóvenes están pagando las consecuencias de un Estado ineficiente en asegurar la calidad. Algunas universidades se someten a acreditadores prestigiosos internacionales directamente o al intercambio de títulos con universidades de reconocido prestigio internacional. No les interesa el cartón estatal, a menos que deseen tener accesos a dineros fiscales. En este sentido, el Estado es un extorsionador. Pero aun así, el mejor calificador de resultados será el mercado medido por instituciones expertas en este tipo de investigaciones. No importa si son nacionales o extranjeras. El Estado no puede ir en contra del mercado.

De tarde en tarde se propone nuevamente traspasar la calificación de apto o no apto para desempeñar un oficio o profesión a los colegios profesionales, y las instituciones educadoras se limitarían a otorgar grados académicos. Es volver a la Edad Media cuando gremios y corporaciones ejercían el monopolio del trabajo, decidían quién sería aceptado, cuándo, cómo debía trabajar y a qué precio. Es lo que hay detrás de otorgar a los colegios profesionales la facultad de discriminar, aunque el egresado haya cumplido con todos los requisitos académicos y, por lo tanto, se encuentre habilitado para ejercer una profesión si el mercado lo acepta, le guste o no al sindicato médico, abogado, ingenieros o cualquier otro. Quienes abogan por este derecho divino ignoran que la Constitución garantiza la libertad de trabajo.

Una facultad como la comentada se prestaría además para caer en la tentación de limitar el número de personas habilitadas para ejercer, con objeto de restringir la oferta y por lo tanto aumentar el precio de sus servicios. Con frecuencia, algunas personas reclaman que existe exceso de titulados de algunas profesiones. Hasta el momento nadie ha podido verificar fehacientemente tal aseveración, ni el Estado ni los particulares, y sugerirla sólo se presta para explotar a la demanda. αὨ

Javier Fuenzalida A.

Profesor Universidad Finis Terrae

27 02 2013

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