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“INDIGNADOS” EN ISRAEL: LA PROTESTA MÁS EFICAZ

“INDIGNADOS” EN ISRAEL: LA PROTESTA MÁS EFICAZ

“INDIGNADOS” EN ISRAEL: LA PROTESTA MÁS EFICAZ

“INDIGNADOS” EN ISRAEL: LA PROTESTA MÁS EFICAZ

Entre las más o menos doscientas ciudades de unos setenta países donde el 15 de octubre hubo manifestaciones de ciudadanos “indignados”, Tel Aviv recibió relativamente poca atención por parte de la opinión pública internacional. Sin embargo, la protesta israelí es la que ha presentado demandas más concretas y la que más ha forzado al gobierno a responder.

Gracias a la organización de boicoteos, han conseguido que las empresas alimentarias bajen los precios

indignados

El movimiento comenzó visiblemente el 14 de julio pasado con una acampada en el bulevar Rothschild de Tel Aviv para protestar por el elevado coste de la vivienda. Pronto se añadieron otras quejas: el encarecimiento de los alimentos, la escasez de guarderías asequibles, el aumento de la desigualdad social. Es el clamor de la clase media por dificultades concretas y cotidianas; el “basta ya” de gente que trabaja y paga impuestos, pero no puede permitirse vivir en una casa buena y pasa apuros para criar a sus hijos.

No faltan tampoco las llamadas a cambiar el “sistema”, como en las protestas de otros países. Pero los indignados israelíes han sabido mantenerse en sus demandas concretas y originales, y su presión ha dado más frutos. También han cuidado presentarse como independientes de partidos, sindicatos y tendencias políticas, entre otras cosas evitando la menor referencia a los temas más polémicos en Israel: la disputa con los palestinos, la seguridad, la ocupación de Cisjordania.

REACCIÓN RÁPIDA DEL GOBIERNO

El gobierno no tardó en reconocer la fuerza del movimiento. Preparó a toda prisa un proyecto de ley para aumentar la oferta de casas nuevas, que fue aprobado por el Knesset (parlamento) el 3 de agosto. El 15 de agosto nombró una comisión encargada de estudiar las demandas del movimiento popular y presentar recomendaciones, cosa que hizo en septiembre. El 9 de octubre, el consejo de ministros aprobó sus propuestas, con algunos cambios. El gabinete de Benjamín Netanyahu irá aplicándolas mediante decretos y leyes a lo largo de los próximos años, con la esperanza de que den frutos tangibles antes de las próximas elecciones, previstas para 2013.

El gobierno aprobó una ley para aumentar la oferta de casas nuevas, pero los “indignados” quieren viviendas de promoción pública y asequibles
La rápida respuesta del gobierno es prueba de la fuerza del movimiento, que la exhibió el 6 de agosto al lograr reunir la mayor manifestación de la historia del país: más de 200.000 personas en Tel Aviv, y multitudes menores en otras ciudades. Sin embargo, las medidas aprobadas no satisfacen las aspiraciones de los indignados, que exigieron la retirada del proyecto de ley sobre vivienda y se han pronunciado en contra del informe Trajtenberg.

DECEPCIONES Y VICTORIAS

La receta del gobierno para abaratar la vivienda recurre a las leyes del mercado, y lo que el movimiento pide es más intervención estatal. La ley urgente aprobada en agosto acelera la aprobación de promociones inmobiliarias. Los indignados rechazan tal liberalización y reclaman proyectos públicos.

El informe Trajtenberg propone construir cerca de 200.000 viviendas en cinco años, de modo que al aumentar tanto la oferta, los precios bajen. Los dirigentes de la protesta no confían en las promotoras privadas, que según ellos querrán vender tan caro como ahora, o no construirán. “Si la razón por la que nos echamos a la calle fue la crisis de la vivienda —dijo una iniciadora del movimiento, Dafne Leef, tras la aprobación de las recomendaciones Trajtenberg—, ¿por qué el gobierno no hace una propuesta relevante para afrontarla? ¿Dónde están las viviendas públicas, las viviendas asequibles?” (Haaretz, 9-10-2011).

La protesta ha tenido más éxito con el sector privado, gracias a la organización de boicoteos. Tnuva, fabricante de quesos y otros productos, capituló el 2 de octubre, y se compromete a bajar los precios. Dos días después cedió la cadena supermercados Super-Sol, que venderá más barato, asegura, reduciendo costes e importando alimentos por sí misma. Ahora los indignados apuntan a otras empresas alimentarias. Zion Balas, presidente de una de ellas, Strauss, reconoce que “los precios de los alimentos en Israel son de los más altos del mundo”, pero advierte que los productores no se bastan para arreglar la situación: tienen que intervenir los vendedores y el mismo gobierno.

INTERESES CONTRAPUESTOS

Otra protesta de este verano ilustra una de las causas de los elevados precios de los alimentos y muestra que los indignados no tienen enfrente solo al “poder”, gubernamental o empresarial. El 3 de agosto se manifestaron en Tel Aviv unos cinco mil granjeros contra una proyectada reforma del mercado de los productos lácteos. El gobierno pretende bajar los aranceles y aumentar la cuota de importaciones. Los manifestantes invocaron en su favor las aspiraciones de la ciudadanía: “El pueblo quiere leche israelí”, fue el lema de la concentración.

También en la campaña por la vivienda se ha visto que, pese al empeño de los indignados por evitar motivos de división, distintos sectores de la sociedad civil tienen intereses contrapuestos. Los que en julio iniciaron el campamento en el bulevar Rothschild no tienen la misma idea que los jóvenes colonos judíos de Cisjordania que se sumaron al mes siguiente. “Hemos venido para apoyar la protesta civil —declararon al diario Haaretz (4-08-2011)—, pero también para decir que hay solución: construir en Judea y Samaria”, o sea en los territorios ocupados. Lo mismo propusieron el 2 de agosto 42 ministros y diputados de varios partidos en una petición a Netanyahu: “Facilitar viviendas para decenas de miles de ciudadanos en Judea y Samaria, así como en Jerusalén”.

Pero expandir aún más los asentamientos israelíes en suelo palestino es la política radical que constituye el mayor obstáculo por parte israelí para la paz, no la respuesta a las demandas del movimiento popular. La clase media que protesta desde el verano pide viviendas asequibles en Israel y no quiere vivir en los territorios ocupados. Sin embargo, el esfuerzo del Estado se concentra en los colonos: “La mitad de la promoción de vivienda pública en la pasada década fue en Cisjordania norte, y no hubo nada en la zona de Tel Aviv”, señaló la diputada de la oposición Zahava Galon en el debate sobre la ley aprobada en agosto.

También es elocuente que de una protesta por el elevado coste de la vida para las familias estén ausentes los que más hijos tienen: los haredim o judíos “ultraortodoxos”. Pero la verdad es que esta no es su causa. Ellos reciben subvenciones del Estado por dedicarse al estudio de la Torá, no pagan impuestos directos, están exentos del servicio militar, muchos no trabajan. El movimiento popular es de gente no subvencionada, que trabaja y paga impuestos, y mira con resentimiento las prebendas de los haredim.

La discusión del informe Trajtenberg en el seno del consejo de ministros puso de manifiesto otra divergencia entre grupos sociales representados por distintos partidos. Para ganar el plácet de Yisrael Beiteinu (YB), el principal de los cinco socios del Likud en la coalición de gobierno, Netanyahu tuvo que admitir varios cambios. YB, con cinco ministros en el gabinete, tiene un electorado compuesto en buena parte de judíos inmigrados desde la antigua Unión Soviética y una ideología con cierto tinte anticlerical. Sus exigencias fueron reducir los subsidios para vivienda a los haredim para dar más a inmigrantes, trabajadores y veteranos del ejército; y disminuir también las subvenciones a las yeshivas (escuelas rabínicas). Estas concesiones dejaron fuera del acuerdo al partido religioso Shas (cuatro ministros). Tampoco lo suscribió el partido del ministro de Defensa Ehud Barak (cuatro ministros), porque para financiar las medidas propuestas se recortarán los gastos militares.

Aunque los líderes del movimiento no se atreven a decirlo, la justicia social que reclaman consistiría, en buena parte al menos, en equilibrar el gasto y la atención del Estado, actualmente escorados hacia el ejército, los colonos, los haredim, los llegados de la diáspora. En un país donde hay sectores sociales con intereses muy definidos y una ley electoral que da considerable representación a las minorías, las protestas iniciadas este pasado verano parecen el despertar de la “gente común”, la clase media sin privilegios que no recibe una parte proporcional del pastel.▄▀

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