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INFORME CONFIDENCIAL

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INFORME CONFIDENCIAL

generalEl general Ernesto Videla Cifuentes ® ha autorizado en exclusiva a Temas.cl la difusión de su análisis político del mes de mayo, en especial por la situación con Bolivia.

LA PAZ AGITADA

– Bolivia mostró sus cartas

Como era previsible, Bolivia finalmente mostró sus verdaderas cartas y confirmó de manera rotunda lo que veníamos advirtiendo desde hace años. Al incorporar en su Constitución la “reivindicación marítima” -la devolución de los territorios perdidos en la guerra- dejó al descubierto que para lograr su respaldo engañó a la comunidad internacional sosteniendo que la causa de su subdesarrollo era su mediterraneidad y, por tanto, requería de nuestro país una salida soberana al mar. Pero dio un paso suicida porque al desenmascarar su verdadera intención, dejó en evidencia lo irrealizable de su objetivo porque Chile está imposibilitado de cederle soberanía en forma graciosa para satisfacer su aspiración emocional.

La devolución de territorios es tan absurda que el mismo Morales admitió que en la posición del Presidente Piñera, no aceptaría dividir su territorio con un corredor.

Bolivia cuenta con las más amplias facilidades para acceder al mar, más allá de las que le corresponde en virtud del Tratado de 1904 e incluso con beneficios preferenciales más ventajosos que nuestros connacionales. Varios gobiernos le han propuesto iniciativas con espacios ligados al mar para que puedan instalar complejos industriales o exportar su gas, como los tiene en Arica con el oleoducto y los depósitos de petróleo de Sica-Sica.

Es falso que nuestro país no haya hecho propuestas, como dice Morales. Las hizo, pero siempre advirtiendo que eran sin soberanía. Piñera fue el más explícito.

Tan efectivo es esto que el propio mandatario boliviano consultado por las propuestas sin soberanía del mandatario chileno advirtió el 23 de marzo: “Tal vez el tema de la soberanía en estos momentos no nos distancia sino que nos pone un freno, como un bloqueo, por decir. Entiendo perfectamente la situación del Presidente Piñera”.

Incluso en 1976 el Gobierno chileno le propuso a Bolivia un corredor soberano al norte de Arica con el correspondiente dominio sobre el mar que proyecta, sujeto a una compensación territorial de igual superficie. Después que su Gobierno aceptó la fórmula de manera pública y con alegría, el nuestro, en cumplimiento al artículo 1° del Protocolo Complementario al Tratado de 1929, consultó al del Perú. Estando en esa etapa y mientras Chile vivía una grave tensión con Argentina por su declaración de nulidad del laudo de Su Majestad Británica que zanjó el diferendo del Canal Beagle, en marzo de 1978, Bolivia suspendió sus relaciones diplomáticas con nuestro país.

Pese a eso y a que nuestro vecino declaró que no nos vendería “una molécula de gas”; a las falsedades históricas que se dicen e, incluso, al tono agresivo y descalificador que usan sus autoridades, jamás hemos usado esas actitudes para consumo de política interna y, por el contrario, hemos empleado un lenguaje respetuoso, serio, franco y responsable manifestado en hechos nuestra mejor disposición para que ambos pueblos se beneficien con la relación, tal como lo hacemos con los demás vecinos.

Nadie tiene argumentos serios para culpar a Chile del deterioro que han experimentado las relaciones con Bolivia.

Contradiciendo de manera explícita tal reconocimiento, el mismo Día del Mar y después de destacar el buen nivel de nuestras relaciones, Evo Morales anunció que recurriría a la justicia internacional para lograr su objetivo.

– La vía internacional

En otra muestra de desorientación en el manejo de la obligación que tiene de renegociar o denunciar el Tratado de Paz y Amistad de 1904 con Chile antes que se cumpla el plazo de cuatro años que establece su Constitución (febrero de 2013), el Presidente Morales solicitó los servicios del mediático juez español Baltasar Garzón. Pese a que, según reveló, quedó muy bien impresionado de su capacidad, éste desistió del ofrecimiento. Es sabida la inexperiencia del magistrado en este tipo de materias internacionales y, por lo mismo, midió las consecuencias que tendría para su carrera incursionar en algo tan complejo.

boliviaMorales fue criticado en su país por lo impropio de su iniciativa y porque dejó al descubierto que buscaba tan sólo un abogado con capacidad mediática.

Aunque la vía jurídica que Bolivia pretende usar existe, tiene dificultades serias para lograr su propósito. Es difícil que los tribunales internacionales acepten sus pretensiones de modificar y, menos aún, que declaren nulo un tratado que se firmó después de 20 años de terminada la guerra con la más evidente complacencia boliviana; que a Chile le significó como compensación un cuantioso desembolso de dinero; que se cumplieron todos los trámites exigidos en ambos países para establecer su validez; que en 1920, la Asamblea de las Naciones -después de dieciséis años de vigencia del tratado- rechazó igual pretensión con la opinión unánime de los cinco jueces que vieron la causa; y que lleva más de cien años de vigencia como pilar de nuestra convivencia pacífica.

Así lo entienden bolivianos ilustrados, incluso en el mismo gobierno y, por lo mismo, dudan de la efectividad que pueda tener en nuestro país tamaño despropósito.

De allí que hace rato se vislumbra la clara inclinación de no demandar ante los tribunales la delimitación territorial zanjada en ese tratado, sino más bien otros aspectos como el artificial conflicto que levantara por las aguas del río Silala, identificado claramente como tal en el propio mapa del tratado y que Bolivia hoy califica de manantial.

En lo que se considera una ofensiva diplomática, ahora amenazó a Chile con acusarlo ante la OEA, porque, a su juicio, nuestro país no ha cumplido con las “recomendaciones” que instan a buscar una salida “equitativa” al mar. Efectivamente desde 1979 a 1989 se emitieron 11 resoluciones con este llamado. Pero lo que no consigna nuestro vecino es que Chile le desconoce toda competencia a la organización para inmiscuirse en un tema que es propio de la relación bilateral entre dos estados y que así lo ha sostenido de forma invariable.

Pero hay otro aspecto sustancial que conviene tener presente. Las recomendaciones de la OEA, como hemos dicho, fueron una respuesta al clamor que expresaba Bolivia en demanda de una salida al mar para poder vencer su subdesarrollo. Hoy lo hace por una reivindicación territorial -es decir, por territorios que fueron suyos-, que, como comentamos en el Informe pasado, no puede respaldar ningún gobierno porque sería abrir las puertas a una revisión generalizada de los tratados que con tanto esfuerzo y sacrificio han fijado nuestras fronteras en el continente.

Choquehuanca dijo explícitamente que su país intentará renegociar con Chile el Tratado de 1904 o, en su defecto, lo denunciará. Ese es hoy el problema de la OEA.

Las autoridades bolivianas han ido tan lejos en su imprudencia que nos califican de usurpadores, consideran que su “reivindicación marítima” es un derecho e insisten en que el Tratado de 1904 fue suscrito por la amenaza de la fuerza, cuestión que carece de todo rigor histórico y ahora más encima nos acusan de armamentismo. Ellos nunca han sido capaces de reconocer el pacto secreto que firmaron con Perú en 1873 que obligó a este último país a intervenir en la guerra del Pacífico y que terminaron por abandonarlo.

Así, Bolivia ha sido desde hace tiempo, con mayor razón durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet en que aprobó su Constitución, la que ha creado este ambiente difícil e inconveniente, mientras Chile ha puesto extrema cordura para que se mantengan nuestras artificiales diferencias dentro de un cauce manejable. No ha sido el Presidente Piñera quien dijo: “Pueblo boliviano, Policía, Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional: ¡Patria o muerte!” Fue el Presidente Morales con motivo de la celebración del Día del Mar. Con estos encendidos llamados no se nos puede acusar de una carrera armamentista. Por eso fue un despropósito que el Ministro Allamand respondiera que nuestras FF.AA. están en condiciones de hacer respetar los tratados. Es mejor que lo haga primero la diplomacia.

– Irresponsabilidad temeraria

bolivia

Resulta poco comprensible que la pasión política obnubile de tal manera a ciertos sectores de la izquierda chilena que los haga ignorar la gravedad que encierra para la paz entre nuestros países la amenaza boliviana de llegar a desconocer unilateralmente el Tratado de 1904. El ex senador Carlos Ominami, acompañado del ex subsecretario del Ejército y embajador en Cuba, Gabriel Gaspar, al despedir al Cónsul boliviano Walker San Miguel, en la Fundación Siglo 21, le encontró razón a Morales en sentir que las confianzas se habían dañado y que la Cancillería chilena había “vuelto” al desinterés por “resolver los problemas con Bolivia” y era responsable del severo deterioro de las relaciones bilaterales. El ex parlamentario ignora que la demanda reivindicatoria boliviana consiste, a la larga, en que Chile devuelva Antofagasta. Sostener, además, que ha “vuelto” la Cancillería a la tesis del desinterés por Bolivia, para contraponerla con la Concertación que sí lo tenía, es otra afirmación inconsistente. Porque la postura de Bachelet de no reaccionar en forma clara protestando por la incorporación en la Constitución de la reivindicación marítima es la más grave asumida durante su gobierno. Sólo la ignorancia de nuestra clase política permitió que eso no fuera debidamente entendido por la ciudadanía. Lo cual fue respaldado con la absurda determinación del Consejo de Transparencia que negó a El Mercurio su petición formal a que la nota fuese hecha pública. Decisión incomprensible ya que lo establecido en la Constitución boliviana fue público y la supuesta protesta chilena quedó en secreto.

Es irresponsable no advertir la gravedad del anuncio del canciller Choquehuanca que Bolivia denunciará el Tratado de 1904, como lo establece la Constitución.

La Guerra de 1879 tuvo su causa en el incumplimiento -no desahucio como ahora- del Tratado de 1874 y la negativa boliviana de someter a arbitraje la diferencia, en virtud del Protocolo Complementario de 1875. Como ayer, ahora también podría no reconocer a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (Protocolo de 1907) para zanjar la diferencia.

Eugenio Tuma, presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado llegó a sostener en el canal de la entidad que Bolivia tenía derecho de una salida soberana al mar para combatir su subdesarrollo y que Chile, tarde o temprano, debía otorgársela.

Chile no tiene problemas de límites pendientes con Bolivia y está bueno que se entienda. Si nuestro vecino lo entiende, podremos concentrar nuestros esfuerzos en complementarnos mejor y facilitar el desarrollo porque Bolivia tiene enormes riquezas naturales. Acabada esta última maniobra política, los gobernantes bolivianos tendrán que asumir su responsabilidad y hacer una eficiente administración.

– Infartante espera

En pocos días más se dilucidará la contienda electoral en Perú que no sólo inquieta a los peruanos sino también a la región y, en particular a Chile. Las encuestas prevén un incierto resultado de la disputa entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, aun después del frontal debate del domingo pasado. Hasta último momento no se manifestó con claridad el efecto del tono más moderado de las propuestas con el cual buscaban diferenciarse en la campaña. Los inversionistas nacionales están inquietos con los 10 mil millones de dólares colocados en el mercado de ese país y los peruanos con los 300 millones puestos en el nuestro, que incluye inversiones transfronterizas y joint ventures en sectores clave como Distrilima en Perú y Cemento Melón en Chile. Hay que tener presente que es nuestro principal socio vecinal y con un saldo a favor nuestro.

Del empate técnico que arrojan los sondeos surge una primera inquietud: que si el resultado es estrecho, el perdedor decida desconocerlo.

Fruto del deterioro de los partidos políticos y la obstinación de los candidatos más moderados en sus respectivas posibilidades electorales, fue imposible que se concentrara el voto en alguno de ellos (sumados tenían más del 50% de los votos). Fue así como el futuro de Perú quedó entregado a los dos candidatos que más incertidumbre ofrecían por el marcado acento populista de ambos y en el caso de Humala, además, por su exacerbado ultranacionalismo. Por eso, más allá de las cuestiones de carácter económico, por cierto muy gravitantes, nuestra preocupación principal radica en la personalidad política de ambos candidatos y particularmente en la posibilidad que este último sea el elegido.

Con Perú tenemos una relación sensible porque, pese al tiempo transcurrido, subyace un resentimiento de la guerra, que se manifiesta con especial virulencia ante el menor desencuentro. Los casos de Lucchetti, graffiteros, Aeroperú-Lan, espionaje e insultos del Comandante en Jefe del Ejército y la carta de Humala a Piñera para que pidiera perdón por la Guerra del Pacífico y el citado espionaje, son algunos ejemplos de este estado de cosas. Así, aunque ambos candidatos cumplan su compromiso de acatar la sentencia de la CIJ, en caso de serles desfavorable, está por verse cómo lo harán.

Más allá de las reacciones que puedan producirse en ese país hay que considerar que la colonia peruana residente es un tercio de la extranjera total y que el 80% -unos 100 mil- se concentra en Santiago y el resto en el norte, especialmente Arica. Tenemos una frontera común muy poblada, con un intenso movimiento de personas y bienes que, por lo mismo, es fuente de incidentes que a veces adquieren connotaciones indeseables. Perú es el mayor productor de cocaína del mundo. Para Chile, pues, es muy importante que producido un incidente, quien dirija los destinos de esa nación obre con prudencia y sin exacerbar los ánimos ni adoptar actitudes patrioteras.

Perú juega un papel fundamental en nuestro cuadro geoestratégico norteño. Es una pieza que siempre está presente en la demanda marítima boliviana.

Su diplomacia se mueve con habilidad en el escenario de respaldar una salida al mar de su vecino y afirmar que no se opone, pero llegado el momento de aceptar una fórmula -la única factible porque no divide nuestro territorio- que considere un corredor por Arica, se las ingenia para hacerla fracasar sin manifestar una negativa. Si bien es cierto Bolivia al sincerar en la Constitución su aspiración reivindicatoria desahució el mencionado corredor porque queda fuera del territorio que le pertenecía antes de la guerra, seguirá respaldando a su aliado en el conflicto de 1879. Por tanto, para Chile es muy importante quien dirija mañana la política exterior peruana.

Por esta y otras consideraciones era imperioso que el Gobierno del Presidente Piñera abandonara la política seguida por la Presidenta Bachelet y su Canciller Fernández de mantener una relación “no imaginativa”. Por el contrario lo que correspondía era, como se ha hecho, obrar con inteligencia y actuar de consuno con su gobierno para crear las mejores condiciones en ambos países, para cuando se conozca el fallo de la CIJ ambos pueblos lo reciban en las mejores condiciones. Esa política facilitó que todos los candidatos se comprometieran a aceptarlo.

A Chile le conviene que a Perú le vaya bien y, en general, a nuestros vecinos. Hoy tenemos sobradas razones para estar inquietos. Un país con la economía más dinámica de América Latina en los últimos 15 años, con un crecimiento del PIB del 7% en la última década, que ha duplicado la renta per cápita (de US $2.298 a US $ 5.195), con una política fiscal y monetaria prudente (inflación del orden del 3%, 5 veces inferior a la de la década pasada), equilibrio fiscal y deuda bruta/PIB del 40%, inferior al resto de Sudamérica (salvo Chile y Colombia), está por optar entre dos candidatos que producen los más grandes recelos de cómo manejarán la economía. El hecho que un tercio de los 30 millones de habitantes se sitúe en la extrema pobreza, sin agua ni servicios, con la mitad de la población sin alcantarillado, una pésima educación y un 85% de gente que vive de la economía informal, sin duda ofrece un escenario ideal para el populismo -de izquierda o de derecha- con el que los peruanos califican a ambos candidatos. Sobre Humala está el fantasma de Hugo Chávez y sobre Fujimori, el de su padre. Nadie puede asegurar que el primero, como lo ha dicho, no seguirá su política ni Keiko una diferente a la de su progenitor.

Es inquietante la debilidad de sus instituciones que quedó en evidencia con el poco más del 4% obtenido por el APRA, único partido que tenía estructura.

El futuro tampoco se ve muy auspicioso ya que ningún partido ni colectividad controla el Legislativo. De 130 parlamentarios, Humala tiene 36 y Fujimori 26. Esto presenta un serio riesgo de gobernabilidad, un ejecutivo débil, lo que es complicado para nuestras relaciones.

– El parto del postnatal

La inmensa mayoría de nuestro país tiene aprecio por sus instituciones pues sabe que el progreso y el bienestar descansan en la justicia dentro del orden. Cada vez que se ha quebrado ha sido porque sectores de la clase dirigente la han socavado hasta destruirla y su costo ha sido muy alto. Los efectos de la última, aún permanecen vivos. Pero hoy parece que nos olvidamos que para llegar a la crisis siempre se empieza por burlar normas que en apariencia carecen de relevancia y, por tanto, su violación se consuma porque carece de una reacción condenatoria contundente y, en consecuencia, su costo electoral resulta irrelevante. Es así como se van imponiendo los intereses políticos personales o de grupo por sobre los comunes. Burlar la norma general -cualquiera sea su importancia-, la que somete a todos por igual, es el medio para ganar poder y, por lo mismo, cuando se implanta se transforma en discriminatoria. Así, la disposición pierde su valor como elemento democrático consensual y, por tanto, armonioso y se transforma en fuente de discordia. Una sociedad política responsable, cuando considera que se debe suprimir, mejorar o sustituir una disposición por otra, busca los medios legales para hacerlo.

Hace años advertimos que la Constitución (art. 60) establece que el senador o diputado que en el ejercicio use su influencia en negociaciones o conflictos laborales, fueran del sector público o privado, o que interviniere en actividades estudiantiles que atentaran contra el normal desarrollo de la enseñanza, cesará en el cargo. Eso ya es letra muerta porque los parlamentarios que deberían dar ejemplo de respeto a la Constitución no la cumplen. Incluso justifican su incumplimiento.

Las disputas en el Congreso entre el Ejecutivo y el Legislativo por las prerrogativas que les asigna la Carta Fundamental suelen situarse dentro de un marco razonable. Pero después de veinte años, la oposición ha incursionado en una de las más delicadas. Los senadores de la Concertación pretenden tener facultades para aumentar el gasto, como ocurrió con el proyecto de ley sobre el postnatal. Esta atribución privativa del Presidente que ha sido fundamental para la buena administración de las cuentas públicas, que sirvió a sus mismos gobiernos para frenar las presiones populistas e irresponsable de sus partidos y, por tanto, al país, la oposición actual la quiere revertir.

La Concertación pretende ahora limitar el poder de los ministros de Hacienda, cuestión que le fue imposible hacer cuando fue gobierno.

Esto que es parte sustantiva del modelo económico que heredó y mantuvo la coalición, que fue factor determinante de nuestra ejemplar transición y que le permitió conservar el poder veinte años, hoy cree que puede cambiarlo, aprovechando que no es gobierno y, por tanto, que puede obligar al actual. Una cerrada obstinación por considerar que perdió el poder dado que la administración Bachelet prefirió seguir los consejos de Andrés Velasco y no gastar mucho más de la enorme cantidad de dinero que usó en la campaña, resulta absurdo. Es casi cobarde que sus dirigentes hasta hoy se nieguen a discutir las verdaderas causas de su derrota, porque éstas fueron, más que económicas, fruto de una mediocridad política -reconocida por varios de sus principales dirigentes-. Porque pretendió conservar un poder sin saber para qué; la corrupción y clientelismo partidista adquirían dimensiones enormes y, en definitiva, sólo interesaba mantenerlo para seguir subsistiendo.

Lo cierto es que la Concertación de Partidos por la Democracia que accedió al poder no creía en el modelo económico social que heredaba del régimen militar, así lo demostró con su fuerte crítica en la campaña plebiscitaria de 1988 y luego en la presidencial, como lo demuestran sus programas. Personalidades políticas de mentalidad estatista como Patricio Aylwin tuvieron el buen juicio de seguir los consejos de su Ministro de Hacienda y continuar sus políticas porque demostraban sus virtudes. Nació así y se fue profundizando una disputa cada vez más fuerte y en forma pública entre el poder político y el económico donde se impuso el segundo, básicamente por una cuestión de responsabilidad y también de capacidad de los actores. Así lo demuestra el hecho que dos gobiernos de izquierda, especialmente el último de Bachelet, cuya trayectoria política era marcadamente socialista y carecía de preparación en temas económicos, hayan terminado teniendo a sus ministros de Hacienda como los más valorados, incluso para indignación de los políticos presidenciables.

Como lo afirmó el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la coalición gobernó con las ideas de la centroderecha. Habría que agregar que lo hizo porque tuvo ministros en esa cartera que las compartían y que felizmente convencieron a sus mandatarios, lo que les permitió doblegar a la clase política que se resistía.

Eduardo Frei representó la falta de convicción concertacionista en el modelo económico, aunque lo empleó durante sus seis años de gobierno.

Ante el fundado temor de perder su elección presidencial registró para la historia su famosa advertencia que el gobierno de Michelle Bachelet no le podía dejar un activo millonario a la derecha y que se debían gastar las reservas para conservar el poder. El país podía esperar más de quien lo gobernó y que, fruto de sus erradas decisiones económicas, hizo que nuestra sociedad sufriera los efectos de una recesión que debió manejar más eficientemente.

La política opositora de exigir un aumento de recursos en cada iniciativa de beneficio social que impulsa el Gobierno trae un beneficio para la gente, pero es una irresponsabilidad porque escapa al manejo racional de los recursos. La Concertación sigue con su política asistencial porque le reporta beneficio electoral, pero con eso no estimula a los ciudadanos a labrar su futuro y seguir creciendo solos, sin la sempiterna ayuda del Estado.

Esto amenaza no sólo nuestro proceso económico y social, sino también institucional y sus síntomas son inquietantes.

– Al abordaje de HidroAysén

El caso de HidroAysén es patético. La oposición se sumó en masa a criticar su aprobación, ocultando que se había hecho, precisamente, conforme a las normas legales establecidas durante sus veinte años de gobierno. No advirtieron sus dirigentes que los medios reproducirían sus anteriores declaraciones respaldando la obra y con ello mostrando su evidente falta de consecuencia. La ex Presidenta Michelle Bachelet, blindada por sus incondicionales como ningún otro mandatario de la Concertación, afirmó en 2008 que no nos podíamos dar el lujo de desaprovechar recursos de energía eléctrica y menos en una época de cambio climático donde todos los países debían promover las fuentes menos contaminantes como la hidroeléctrica. “Avanzaremos decididamente”, afirmó en la cuenta presidencial de ese año. Sin embargo, ahora ha eludido referirse al tema. La lista de declaraciones de ministros, senadores, diputados y dirigentes políticos oficialistas de esa época, incluso el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, es tan enorme como contundentes sus opiniones a favor de llevar adelante no sólo centrales hidroeléctricas, sino que específicamente ésta.

boliviaEn vez de Bachelet, lo hizo su vocero, Francisco Vidal, para sostener que las declaraciones de sus ministros -tan contundentes como las de ella- no la representaban.

Nos quiere hacer creer que éstos, mientras desempeñan sus cargos, pueden emitir públicamente criterios discrepantes del Presidente o que pueden separar su rol entre personajes públicos y privados. Un argumento demasiado repetido y desestimado como para insistir en el mismo.

El ex Presidente Ricardo Lagos hizo otro aporte a la inconsecuencia política y se desplazó de un día para otro de su apoyo original a un rechazo condicionado a que se cumplieran ciertas condiciones que, pese a que se demostrara su falta de sustento, evitó pronunciarse de nuevo. Su opinión era esperada porque desempeñó un cargo internacional financiado por la ONU para hablar del cambio climático y que le dio tanto reconocimiento.

La oposición quiso sacar ventaja electoral al sumarse a la protesta por la construcción de HidroAysén, pero carecía de historia para alinearse a ella.

La evidente falta de concordancia de la oposición entre la conducta de sus gobiernos y la posición que adoptó ahora quedó finalmente al descubierto. Asombra el desprecio que siente de correr el riesgo a ser desmentida de manera tan flagrante, como ocurrió. Sus intentos por participar en las marchas quedaron pronto frustrados y terminó por desaparecer de la protesta. Por el contrario, sufrió los efectos boomerang porque la gente se les vino en contra.

Estamos hablando de obras que están a la vista, no de apreciaciones y, por tanto, es imposible rebatir que en los últimos 15 años de los gobiernos de la Concertación se hicieron más de 100 centrales térmicas, la mayoría a carbón, el recurso más contaminante. Durante el período del gobierno de Bachelet tuvimos la construcción de 41 centrales termoeléctricas, la mayor cantidad de las cuatro administraciones de la Concertación. Bastó que el Presidente Piñera lo recordara para que se produjera un quiebre en la oposición. El costo de seguir sería muy alto y hoy se trata de controlar.

Los ministros aludidos mantuvieron sus declaraciones, aunque se sumaron a la tesis de Vidal para no quedar mal con ella. Sin embargo, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, admitió que las divisiones al interior del gobierno de Bachelet, impidieron “una decisión clara” sobre HidroAysén y que había gente que lo apoyaba y se eludió adoptar una decisión abierta a la ciudadanía.

boliviaOsvaldo Andrade, presidente del PS, defendió a la ex mandataria al sostener que lo importante era que este gobierno había aprobado el proyecto y que Bachelet estaba inhibida de opinar por un problema contractual con la ONU. Vaya recursismo; su correligionario José Miguel Insulza, siendo secretario general de la OEA, hizo campaña semipresidencial en Chile y, antes que asumiera el actual gobierno, hablaba de política interna como si estuviera en casa. Para qué decir Ricardo Lagos que habló cuando él quiso, algo similar a Bachelet.

La oposición tiene la obligación de cumplir sus funciones, pero con responsabilidad. Tratar de usar este tema crucial del país para fines electorales es volver a los peores momentos de nuestro oscurantismo político. Las autoridades, sea cual fuere el lugar donde se desempeñen, tienen la obligación de hablarle a la gente con la verdad, son ellas las que deben ilustrar, especialmente cuando se trata de materias tan complejas como trascendentales para el país.

Podrán poner más exigencias medioambientales, pero nadie discute que Chile no tiene otra fuente mejor que la hidroeléctrica y eso se debe decir aunque sea impopular.

La Ministra Ena von Baer pidió que la ex Presidenta Bachelet se refiriera a la iniciativa y que sus escuderos en vez de defenderla a ella se pronunciaran cómo armonizar la defensa del medioambiente con los medios que deben usarse para satisfacer nuestras imperiosas necesidades energéticas.

Cada vez con más frecuencia se habla de recurrir al plebiscito y parlamentarios de todos los sectores, para congraciarse con los electores, muestran su disposición para hacer uso de este mecanismo. Se ha ido tan lejos por falta de valor político para objetarlo que nadie advierte a la gente que tenemos una democracia representativa, es decir donde los ciudadanos al elegir a sus representantes delegan en parte sus derechos. Que su poder está en el voto y por eso tiene la libertad de elegir. Recurrir al mecanismo plebiscitario es tender a establecer una democracia directa, muy propia de los estados totalitarios o de democracias muy avanzadas como la suiza. En este caso, conviene destacar que el Presidente tuvo el coraje de asumir los costos políticos sabiendo que la oposición buscaría provecho electoral. La actitud que tenga en el futuro puede marcar un hito en su gestión porque, de persistir en su respaldo, si se cumplen las etapas siguientes, habrá dado un ejemplo de estadista.

– Vuelta a la intransigencia

Guardando las debidas proporciones y las condiciones políticas imperantes en el mundo, en nuestra región y en el país, los síntomas de descomposición política muestran similares parámetros a los que observamos en la tragedia de los sesenta y setenta. La actitud opositora que en forma premeditada buscó entorpecer la cuenta pública del Presidente el 21 de mayo, atentó no sólo contra la majestad del cargo, sino también contra las instituciones de la República. Hace 50 años, como recordó El Mercurio, los entonces senadores DC y PS, Eduardo Frei y Salvador Allende, respectivamente, se retiraron del Congreso produciendo gran alboroto, junto a los parlamentarios de sus respectivos partidos, cuando se les negó el uso de la palabra antes que el Presidente Jorge Alessandri rindiera cuenta de su gestión. Como lo dijo el ex mandatario en esa oportunidad, “fue un atentado contra la democracia”.

Conocida es la historia de las profundas diferencias que tendrían. Frei terminaría por aliarse con la derecha para acabar con el gobierno de Allende.

Los sucesos de tan brutal división entre los chilenos son ignorados por la juventud porque no sólo se le ha negado conocer la verdad en todas sus dimensiones sino que se la ha distorsionado y, por tanto, le resulta novedoso este tipo de actitudes. Pero lo que parece inadmisible es que los actores de aquella época, responsables de los sucesos y de la adecuación de la historia a sus propios intereses, vuelvan tan irresponsablemente a caer en los mismos vicios que emporcaron la política. Tan trastrocados están aquellos valores que parlamentarios de oposición indignados por la transmisión oficial que hizo canal nacional del mensaje presidencial, presentaron un reclamo al Consejo Nacional de Televisión por lo que consideraron una proyección televisiva que beneficiaba al Presidente. La Concertación, que es infinitamente más diestra que el oficialismo en este campo, usó de la manera más amplia y profunda los medios para influir en las personas. Basta ver los archivos para observar el cuidado en el manejo de imagen a fin de resaltar los rasgos más positivos de sus mensajes presidenciales. En el pasado, la cámara de televisión no se despegaba del Presidente, pasara lo que pasara a su alrededor. Parlamentarios de oposición reclamaron porque no se habían transmitido los incidentes en las tribunas u otro tipo de actos de descontento con el Gobierno. Pero el canal transmitió las manifestaciones de los invitados por determinados parlamentarios opositores que actuaron coordinadamente cada cierto tiempo para interrumpir el mensaje con sus gritos. Lo serio es que conocida su identificación, ninguno respondió públicamente por los cargos. También se transmitió el triste momento en que un grupo de parlamentarios de la oposición levantó una pancarta para protestar en contra de la central HidroAysén, lo que dio origen a un entrevero con los del oficialismo y la de una diputada RN que levantó la suya para agradecerle al Presidente el postnatal. Pero lo más inquietante fue que el director de la transmisión del mensaje respondiera la acusación del ex presidente del Senado, Jorge Pizarro, quien levantó la voz para increpar al Presidente para que no gritara, diciendo que había evitado proyectarlo para no hacerlo pasar un bochorno y el senador tampoco respondiera.

Al igual que ayer, pareciera que los políticos no tienen límites y que los intereses superiores de la República, antaño nobles propósitos de los servidores públicos, perdieron significado. Esto cruza todo el espectro político. El mismo Presidente en la lectura de su Mensaje, interpelado por el jefe de la bancada de diputados del PS, Alfonso de Urresti, por citar al senador Jaime Guzmán como único parlamentario en ejercicio asesinado y no al diputado Carlos Lorca, se salió de libreto al responderle. La reacción del mandatario, concordante con el reclamo, fue impropia porque no correspondía que lo hiciera y su respuesta fue insatisfactoria. El citado diputado no estaba en ejercicio cuando falleció y quien sí pudo conocerlo fue su padre pero no él que era muy joven.

– Síntomas de crisis

boliviaEn las afueras del Congreso Nacional se vivió una alteración del orden público que tendió a considerarse propio de los desmanes que, por desgracia, vienen ocurriendo desde hace algún tiempo y que se asocian a ciertas demandas sociales insatisfechas. Ahora, además, se les sumó a las protestas por HidroAysén y el fenómeno de las movilizaciones a través de las redes sociales. Para algunos, con razón, constituyen manifestaciones reales pero que carecen de sustento, algo así como protestar por protestar. Pero el problema es que, por la misma razón, sería difícil manejarlas porque las autoridades carecerían de un modo racional de encauzarlas para acabar con ellas. Pero en Valparaíso apareció una expresión que puede tener un efecto social y político más inquietante.

En las calles se gritaba: “¿¡A ver, a ver, quién lleva la batuta, los que negocian o los que luchan!?”

Esto significa que un sector de nuestra sociedad, aunque sea menor, asumió una actitud de proyecciones muy graves porque es absoluta, por tanto excluyente y disruptiva. Es la antítesis de lo que significa la política, el arte de gobernar, donde la negociación es el mecanismo que permite conciliar posiciones diferentes porque las partes renuncian a sus aspiraciones máximas en beneficio de un bien común. Porque se entiende que son diferencias entre hermanos, por tanto buscan el bien de los gobernados y jamás la imposición de la voluntad de uno sobre otro como ocurre en la guerra, que busca doblegar la voluntad de lucha del enemigo. Por ese camino la paz es imposible. Eso, si no se le pone atajo pronto nos puede llevar nuevamente a romper nuestra convivencia social.

Muchas explicaciones se vierten sobre el comportamiento de la sociedad y la influencia que tiene el fenómeno de los medios de comunicación y las redes sociales. Se afirma que es un “empoderamiento” de la ciudadanía, una suerte de conciencia adquirida acerca de su verdadero poder para influir en la vida nacional. Sería algo así como una comprensión intuitiva de que a través de este tipo de manifestaciones callejeras las personas pueden encontrar satisfacción a sus propias demandas o, más aún, a ciertas cuestiones más generales, como la ecológica, donde es posible forzar con su participación un determinado camino, decidido sobre la base de estudios responsables sometidos a una rigurosa institucionalidad. No serían las autoridades a las que se les ha delegado democráticamente la facultad de decidir, sino, en cada caso, la voluntad ejercida en forma directa por los ciudadanos. Como dijo el periodista Joaquín Villarino en su columna dominical, según el historiador Polibio en democracia el pueblo elige sus representantes. En cambio en la oclocracia es el gentío -hoy las llamadas redes sociales-, mediante el uso de la presión o incluso la fuerza, el que obliga a los poderes del Estado a adoptar políticas o decisiones desafortunadas, viciosas, erradas. Según él, el periodismo tiene aquí una tarea relevante, que es llamar a razonar.

Lo verdaderamente preocupante es el problema de fondo que plantea la negación de la negociación.

Y eso no obedece a los medios técnicos de comunicación que facilitan la convocatoria, sino que son el reflejo de un ejemplo que están dando los políticos con su vuelta a negar “la sal y el agua”, a “no cambiar el programa ni por un millón de votos”. Es esa visión absoluta donde se niega lo más evidente, se descalifica con tanta liviandad, se agrede con virulencia y, especialmente, se observa esa inconsecuencia de buena parte de nuestra clase política que ya cansó, especialmente a los jóvenes.

Es, en definitiva, esa falta de visión, de propuesta que se observa en la oposición que está más interesada en pensar en el futuro candidato presidencial o en los que competirán en las elecciones municipales. Es esa falta de renovación donde la Concertación vuelve la mirada a Lagos o Bachelet, porque no tiene otras figuras mejores, lo que causa escozor en la DC que se niega a enfrentar por tercera vez una nueva contienda presidencial sin candidato. Otro tanto sucede en la Alianza que se diferencia tan sólo en que la disputa está relativamente más controlada porque se encuentra en el poder.

Se siguen levantando restos de figuras que la juventud no conoció. A Eduardo Frei Montalva, le siguió la de Salvador Allende, viene la de José Tohá y existe resistencia a que también se exhumen los restos de Pablo Neruda cuyo cáncer era por todos conocido. Este no es el mejor ambiente porque ve que la sociedad sigue polarizada.

Ese es el fundamento de su negativa a la negociación, porque la consideran espuria, inconducente, falsa y sin medir sus consecuencias optan por la imposición.

En un programa de CNN-Chile, un joven -representante de la ciudadanía- sostuvo que le parecía frustrante que el presidente del PS, Osvaldo Andrade, allí presente, comentara que en el mensaje presidencial, Piñera no había dicho nada; que el Gobierno era como un circo porque a un ministro le había dado sueño y se había ido (Salud); otro se las daba de payaso (Interior); otro estaba de vacaciones y había aparecido para la foto (Energía) y otra se dedicaba al modelaje (Vocera). La respuesta fue tan sorprendente como insensata. En vez de acoger la inquietud de quien se expresaba en buenos términos para manifestar lo que pensaba aquella juventud que quiere dialogar en vez de desatar el caos en la calle, se le respondió que los jóvenes eran muy exigentes, desconocían la labor que los políticos desarrollaban y ellos tampoco eran capaces de controlar sus instintos en las barras deportivas. La crisis de los partidos políticos ha conducido a una merma institucional que resulta una irresponsabilidad ignorarla y, por tanto, se debe abordar con urgencia.

– Los herederos de Prat y O´Higgins

Los gobiernos de la Concertación progresivamente se empeñaron en reducir el poder de influencia que tenían las FF.AA. y Carabineros. Fue un proceso que primero persiguió su subordinación al poder político y luego que la perdieran en la ciudadanía. Retirado Pinochet, detenido en Londres y luego fallecido, esto se aceleró.

Pero una cosa era que efectivamente las FF.AA. se subordinaran al poder político y otra que terminaran por perder el necesario para cumplir su misión.

La subordinación, pese a algunos ingratos pasajes ocurridos durante la administración de Patricio Aylwin, se manifestó de manera clara y contundente. Pero, a continuación, incluso con Pinochet en el escenario, se puso en marcha un proceso que las ha debilitado seriamente porque el poder de las FF.AA. no está sólo en las armas que poseen, sino en la moral y fortaleza de sus soldados. Y lo más significativo es que ellas se nutren del respeto de la ciudadanía.

La traicionera agresión que sufrieron el 21 de mayo en Valparaíso cadetes de la Escuela Naval y soldados del Regimiento Buin son extremadamente graves.

Esto no ocurrió ni en los peores momentos del Gobierno de la Unidad Popular. Las imágenes de los cadetes huyendo del ataque por la espalda son tan estremecedoras como de enormes proyecciones. Dan cuenta del grado de inhibición a la que se ha llevado a las FF.AA. En tiempos normales la fuerza agredida debió repeler la agresión aunque fuera sin el uso de las armas de fuego, sino tan sólo empleando sus fusiles como se hace en la lucha cuerpo a cuerpo. Mientras se conmemoraba la gloriosa gesta de Iquique y se destacaba el heroísmo del Capitán Prat que enfrentó a un enemigo muy superior, sus herederos y los de O´Higgins tuvieron que eludir el combate y huir. Ciertamente que los traicioneros agresores al ver tan sólo que la fuerza se les venía encima se habrían dispersado, porque su acción es cobarde. Sin duda que los desalmados habrían quedado impunes y los mandos que estaban a cargo de esa unidad hoy estarían siendo sumariados, duramente criticados por los políticos y sus carreras profesionales truncadas.

Es cierto que la situación logró controlarse, pero se sentó un precedente que será muy difícil de borrar y, por lo mismo, dañino para nuestra convivencia y que deberá hacer meditar a los mandos de nuestras instituciones, porque se debió salir mejor de esa situación. De nada sirve que se las quiera si no se las respeta.

Esto, aunque es indeseable que ocurra, no es lo mismo que con Carabineros porque ellos están expuestos a este tipo de actos criminales por la propia función que tienen, no así en el caso de las FF.AA. que están para resguardar la seguridad nacional. Si no se les pone atajo pronto a estas manifestaciones nuestro país se verá seriamente dañado porque nuestro mayor patrimonio está radicado en el buen funcionamiento de nuestras instituciones, en la certeza jurídica existente y en el orden social imperante. Si estas expresiones libres de los ciudadanos se siguen manifestando en la calle para manifestar su descontento y llegan a forzar las necesarias determinaciones de las autoridades, los políticos pueden verse sobrepasados y de seguro no existirá la fuerza militar que pueda restablecer el orden.

– Lacrimógena decisión

boliviaLa resolución del Ministro del Interior de prohibir a Carabineros hacer uso de las bombas lacrimógenas para repeler los desórdenes callejeros fue una demostración de debilidad política estimulada para congraciarse con los agitadores. El hecho de justificar la medida a la espera de determinar si afectaba la salud de las personas, fue asumir que después de años de uso en el mundo de este medio de disuasión que usan las policías, en nuestro país, se determinaría su verdadero efecto, resultó tan infantil como dañino para la institución que los usa.

El General Director de la Policía uniformada, Eduardo Gordon, cumplió la disposición del Ministro del Interior pero advirtió que los gases usados estaban certificados por protocolos y estamentos de salud internacionales. Resultaría incomprensible que Rodrigo Hinzpeter ignorara esta información antes de suspender su uso.

El General Director de Carabineros debió evitar la decisión o guardar silencio, pero no admitir públicamente que se haría la revisión.

Esto dio pie a que los senadores Guido Girardi y Eugenio Tuma presentaran un proyecto de ley para prohibir el uso de gases lacrimógenos, otros compuestos químicos o de agua disparada a través de cañones para disolver manifestaciones. Por su parte, los senadores Bianchi, Horvath y Walker propusieron un proyecto de ley que explicita el deber de las Fuerzas Policiales de “brindar protección a las personas y bienes durante manifestaciones pacíficas”. Recordaron que dichas fuerzas tienen la obligación de resguardar “el orden público y el bien común y existen para dar eficacia al derecho”, como lo establece el artículo 101 de la Carta Fundamental. Proponen que en “toda manifestación pacífica” brinden “protección a las autoridades, a los bienes materiales, públicos o privados, y a los manifestantes, evitando que cualquier persona ocasione desórdenes o hechos violentos, ajenos al objeto de la manifestación”.

Toda la preocupación de las autoridades se centra en exigir obligaciones a la fuerza pública restringiendo la aplicación de los medios para cumplir su cometido en vez de imponer medidas severas en contra de los que se manifiestan alterando el orden, causando daños físicos a la propiedad y atentan, incluso, contra la integridad física de personas inocentes y de los propios policías.

Bien harían las autoridades en experimentar personalmente el trabajo de los policías en las manifestaciones “pacíficas”.

Este gobierno dio un paso muy importante en respaldar el accionar profesional de Carabineros y ello le permitió reducir la magnitud de la violencia que estaba creciendo sostenidamente. En esto no había sido un continuador de la política de la Concertación, como se solía decir hasta hace poco, que aunque se violara la Constitución eludía aparecer respaldando a la policía cuando ésta, llegado un límite donde se preveía la posibilidad de un descontrol, pasaba de la disuasión a la acción. La experiencia de la UP, donde los carros lanzaagua terminaron repartiéndola en las poblaciones populares, fue dolorosa porque luego la policía fue superada y agredida porque quedó sujeta a un uso político partidista. Algo similar sucedió con Bachelet que sancionó a personal de Carabineros por reaccionar, incluso, ante una agresión. Esto se pensó que se había acabado en esta administración.

En la primera experiencia sin uso del gas, en el ex Pedagógico resultaron diez efectivos heridos, pero como son uniformados nadie protestó por la agresión. Distinta habría sido la reacción de los medios y de las autoridades si hubiesen pertenecido al grupo de vándalos que trataba de controlar la policía.

El país sufrió las consecuencias de la debilidad del Ministro del Interior, lo que quedó en evidencia con el artero ataque que sufrió un carabinero a manos de un manifestante en la Alameda con una tabla de skate que le pudo significar la muerte a no ser por la intervención de un bombero.

Al comienzo de la administración de la ex Presidenta Bachelet, la imagen de una agresión asesina a Carabineros dio cuenta de la debilidad que su gobierno había llevado a la policía uniformada. Tan fuerte fue el impacto que se recordó aquella del Gobierno de la Unidad Popular de un vándalo garrote en mano a punto de partirle la cabeza a un carabinero. Esta vez, en Valparaíso, un joven desnudo intentó estrechar la mano del General encargado de controlar la violenta manifestación callejera, para demostrar así que estaban entre iguales.

El nudista pretendía desconocer la potestad de la autoridad que por la Constitución y las leyes le corresponde imponer el orden público.

Se ignora lo que significa un estado de derecho y la imperiosa necesidad de conservar la paz que es la justicia dentro del orden.

– Los frutos de un Beato

general

Nunca en la historia tuvimos un Papa, como Juan Pablo II, con el que los chilenos nos sintiéramos más cercanos porque sobrepasó la mera fidelidad religiosa de los creyentes con el sucesor de Pedro. Su intervención para evitar que en 1978 se consumara una agresión militar y se respetara el derecho internacional, no sólo fue decisiva para salir de esos angustiantes momentos sino que, además, con la solución del diferendo sellado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, sentó las bases para que chilenos y argentinos construyéramos y fortaleciéramos la integración.

Consciente de la trascendencia que tuvo su intervención mediadora, la Santa Sede aceptó la sugerencia del Gobierno chileno y consideró la realización de una breve pero emotiva ceremonia, al margen del programa de beatificación, donde ambos gobiernos expresaron el reconocimiento de sus pueblos.

En la Casina de Pío IV donde se desarrollaron las conversaciones y ante autoridades vaticanas y las delegaciones de Chile y Argentina, el Canciller Alfredo Moreno recordó los difíciles momentos que vivía el mundo en esa época como para comprender el enorme significado que le atribuyó el Santo Padre a esta encrucijada en que se encontraban ambos países.

Fue una ejemplar demostración de su consecuencia con la cruzada por la paz, que marcó su gestión como conductor de la Iglesia Católica.

La confrontación bipolar este-oeste que amenazaba al mundo con el holocausto nuclear, no fue excusa para desatender una diferencia puntual entre dos pueblos alejados de las mayores inquietudes internacionales, ni, por cierto, las obligaciones que le demandaban sus nuevas y delicadas funciones apostólicas.

El Sumo Pontífice fue un líder mundial que como ningún otro apostó por la paz, sin importar los costos que le significaban tanto a la Iglesia como para él, su cabeza conductora.

Juan Pablo II siempre sostuvo que el respeto a los tratados era uno de los sustentos de la paz. Por eso aceptó que la Santa Sede fuera garante moral del suscrito documento.

bolivia

La mediación fue un largo proceso lleno de vicisitudes donde a veces todo parecía volver a los aciagos días de diciembre de 1978. Tan difícil fue la tarea del Sumo Pontífice que tuvo fundadas y comprensibles razones para abandonar su función e invitar a las Partes a recurrir a otros medios de solución pacífica. Sin embargo nunca desfalleció y, por el contrario, frente a cada dificultad persistió en terminar en forma exitosa el compromiso asumido. Es que comprendió de tal manera la complejidad del problema, que sabía las consecuencias que tendría su alejamiento.

Concluida su obra mediadora, nos visitó en abril de 1987. Recibió en su recorrido por el país el testimonio de un pueblo que le expresó con inmensa alegría y unción su gratitud.

La obra pontificia del hoy Beato Juan Pablo II es gigantesca. Para chilenos y argentinos su intervención fue vista como milagrosa, porque, cuando todo indicaba que se desataría una tormenta, calmó las aguas. Luego nos guió con sabiduría, paciencia, prudencia y esa fuerza interior que nacía de sus profundas convicciones. Conservaremos por siempre nuestra gratitud, porque no sólo nos ayudó a solucionar por la vía pacífica nuestras diferencias, sino que sentó las bases para que la paz se fuera construyendo día a día. El Tratado que nos ofreció nos tiene aún, sin darnos cuenta, viviéndolo a diario, porque sus disposiciones no sólo zanjaron los complejos problemas que nos separaban, sino que también establecieron los instrumentos para que fortaleciéramos nuestra relación.

Es en virtud del artículo 12 del Tratado de 1984 que se acaba de efectuar la reunión de catorce gobernadores argentinos con intendentes chilenos.

El encuentro es una manifestación significativa de un proceso iniciado tan pronto se aprobó el tratado. En efecto, en cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo, a los seis meses se formó una Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física que convino su reglamento, estableció sus principios y desarrolló un intenso y fructífero trabajo con la primera concurrencia de gobernadores argentinos a Chile. Por razones que se ignoran -¿políticas tal vez?- los gobiernos dejaron de lado la Comisión Binacional y el año pasado se firmó un tratado, que cubre las mismas funciones establecidas en el pontificio.

En todo caso, el llamado Tratado de Maipú, por cierto valioso, no es un complemento del mencionado de Paz y Amistad porque lo allí resuelto y convenido era completo y mucho menos puede decirse que “supera” a aquel, como declaró el Canciller Timmerman, porque nada puede superar a la paz.

El Papa triunfó donde muchos fracasan, porque las obras inspiradas en el amor y la fe tienen buen resultado. Él amó la misión que se impuso y cuando logró irradiarlo a ambos pueblos, logró finalmente que se aceptara su Tratado de Paz y Amistad hace justo veintiséis años, un 2 de mayo que coincidió con el día en que ambos gobiernos recordaron su obra en El Vaticano.▄▀

Prohibida su reproducción parcial o total.

Esta es una publicación de L y L S.A. Representante legal: Ernesto Videla Cifuentes.

Warren Smith 70, Of. 102, Fono: 2023867, fax 2023019, e mail evidelac@terra.cl

Las Condes, Santiago.

30 05 2011

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