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LA ONU RASTREA EL DINERO CORRUPTO

LA ONU RASTREA EL DINERO CORRUPTO

LA ONU RASTREA EL DINERO CORRUPTO

LA ONU RASTREA EL DINERO CORRUPTO

Sin título-1Se calcula que el dinero robado anualmente en los países en vías de desarrollo, mediante sobornos, apropiación indebida o cualquier otra forma de corrupción, oscila entre los 20 y los 40 mil millones de dólares, cifra que comparativamente representaría casi el 30% de las ayudas destinadas al Tercer mundo.

La corrupción es uno de los males que arruinan las relaciones internacionales desde el punto de vista político y económico. Hoy más que nunca es necesario el trabajo realizado por organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE para perseguir y sancionar este tipo de acciones. Sin embargo, las agencias de la ONU deben velar también por no ser incoherentes

Mientras el programa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), impulsado por Naciones Unidas y el Banco Mundial, trata de tejer una gran red de países que actúe de manera coordinada para identificar y retener fondos obtenidos ilícitamente por dictadores, la UNESCO se plantea instaurar el Premio Internacional Obiang Nguema Mbasogo financiado con 2,43 millones de euros, donados por el propio presidente de Guinea Ecuatorial con conocida fama de corrupto.

Precisamente desde StAR se calcula que el dinero robado anualmente en los países en vías de desarrollo, mediante sobornos, apropiación indebida o cualquier otra forma de corrupción, oscila entre los 20 y los 40 mil millones de dólares, cifra que comparativamente representaría casi el 30% de las ayudas destinadas al Tercer mundo. De esa cantidad sólo se han conseguido recuperar 5 mil millones de dólares en los últimos 16 años. Un dinero que ha servido para aliviar en parte la pobreza de algunos países. Según el Banco Mundial, por cada 100 millones de dólares recuperados se puede financiar el acceso a agua potable de 250.000 hogares o el tratamiento médico de más 600.000 personas con SIDA.

Hasta ahora los fondos retenidos por el programa StAR en colaboración con países como Suiza y Estados Unidos están relacionados con dictadores o políticos corruptos que han sido condenados, destituidos o que han fallecido. A los casos de Ferdinand E. Marcos en Filipinas, Sani Abacha en Nigeria, Vladimiro Montesinos en Perú o Jean Claude Duvalier en Haiti, se ha sumado recientemente el del ex presidente de Maldivas, Maumoon Abdul Gayoom, y sus socios, que han gobernado el país durante los últimos 30 años hasta que en unas elecciones libres celebradas en 2008 perdieron el poder.

Un informe del auditor nacional de Maldivas presentado en 2009 señalaba que el gasto realizado por el ex presidente Gayoom estaba totalmente fuera de control y lo ilustraba con los 9,5 millones de dólares gastados en la compra de un yate o los 17 millones destinados a reformar el palacio presidencial y las casas de algunos de sus familiares.

El trabajo del programa StAR parece pasar desapercibido para la UNESCO que sólo ante el aluvión de críticas por parte de organizaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos y de algunos países miembros de la ONU ha decidido recapacitar sobre la idoneidad de constituir el Premio Internacional Obiang Nguema Mbasogo. El dictador de Guinea Ecuatorial se había comprometido a donar casi dos millones y medio de euros para dotar este premio con el que se pretendía reconocer los logros científicos que mejoran la calidad de la vida humana. La Directora General de la UNESCO ha optado por aplazar la decisión hasta octubre a pesar de que España, China y algunos países africanos se mostraban favorables a la iniciativa.

LAS EMPRESAS TAMBIÉN SON RESPONSABLES

De la lucha contra la corrupción no son responsables únicamente los países, también lo son las empresas multinacionales que extienden su actividad en el extranjero. En ocasiones, las barreras de entrada, las diferentes legislaciones o la corrupción de los gobiernos dejan la puerta abierta a que las multinacionales recurran a las malas prácticas para facilitar o cerrar sus operaciones empresariales.

Por primera vez, la OCDE ha hecho públicos datos sobre el esfuerzo realizado por parte de los 38 países que integran la Convención Anti-Soborno de la OCDE. Desde 1998 han sido sancionadas 148 personas y 77 entidades por llevar a cabo sobornos en su actividad internacional. Al menos 40 de las sanciones individuales terminaron en condena a prisión y las sanciones a empresas han alcanzado la cifra de 1.240 millones de euros. En

la actualidad, cerca de 280 investigaciones continúan abiertas.■■■■■

Aceprensa

16 06 2010

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