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ÓRDENES DE PARTIDO

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ÓRDENES DE PARTIDO

Nueva imagen“Es sano para la democracia fortalecer a los partidos, pero es artificial que éstos traten de conseguir mediante la ley la disciplina de sus militantes”.

Ha causado polémica en la Concertación el retiro por el Gobierno del proyecto que planteaba medidas para fortalecer a los partidos políticos e incluía en su articulado el establecimiento de las órdenes de partido para los parlamentarios en ejercicio. La relevancia práctica de esta institución se ha hecho especialmente visible desde la decisión de la junta nacional de la DC de prohibir a sus parlamentarios votar a favor el proyecto de ley de reconstrucción propuesto por el Ejecutivo.

Diversas razones desaconsejan establecer las órdenes de partido en la ley orgánica constitucional respectiva. Históricamente, empleadas ellas sin limitaciones durante los gobiernos radicales, afectaron profundamente la eficacia de los mismos. Y es sano para la democracia fortalecer a los partidos, pero es artificial que éstos traten de conseguir mediante la ley una disciplina de sus militantes que sería esperable de una adhesión surgida de procedimientos internos democráticos y transparentes. Resulta improbable que el modo de evitar a los “parlamentarios díscolos” —objetivo expresamente señalado por varios dirigentes— sea mediante su prohibición legal, en vez de lograrlo con una política más inclusiva y menos cupular. Y extrañan las afirmaciones de que con esta medida el Gobierno daría una muestra de “autoritarismo”, pues la institución que se intenta establecer significa precisamente imponer el autoritarismo de algunas estructuras internas de los partidos. Incluso cabe pensar que el efecto conseguido sería el contrario.

Es natural que dentro de los partidos políticos existan líneas y énfasis distintos, que permitan el dinamismo de la actividad política y su ajuste a la variedad de la ciudadanía. Aspirar a que eso se decida a puertas cerradas, en consejos generales, juntas nacionales u otros, y no en el órgano político por excelencia —el Congreso—, va contra quienes concurren con su voto a elegir parlamentarios, pero no son militantes del partido al que éstos pertenecen.

Además, las órdenes de partido, más allá de objeciones políticas o de doctrina, no son compatibles con un sistema basado en cierta representación regional. En Chile, todos los parlamentarios lo son del país completo, pero su representación está dada en parte por el compromiso regional con los votantes. Eso no es recogido por una planificación política central e incuestionable desde el partido con sede en Santiago, y por ello estas medidas suelen transformarse en un obstáculo a los frecuentes votos transversales o cruzados. Con un esquema centralizado, de poco servirían las cualidades personales de los candidatos, si luego estuviesen obligados a acatar aquello que el partido les ordene.

De hecho, como contrapartida, sería justo establecer una prohibición de que aquel candidato elegido como independiente ingrese posteriormente a algún partido político —como ya es costumbre—, pues eso significa una deslealtad para con sus votantes, que en gran parte le dieron el voto por la libertad que le garantizaba su candidatura independiente.■■■■■

“El Mercurio”

09/06/2010

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