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EL GOBIERNO DEBE GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO SIN DILACIONES

EL GOBIERNO DEBE GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO SIN DILACIONES

EL GOBIERNO DEBE GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO SIN DILACIONES
marzo 02

EL GOBIERNO DEBE GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO SIN DILACIONES

Nueva imagen (1)El gobierno debe dejar atrás las dudas, porque la ciudadanía espera que se cumpla con la ley y apoyará el desempeño de las Fuerzas Armadas y policiales dentro del marco constitucional previsto para emergencias de esta naturaleza.

Los graves hechos de violencia, saqueos y pillaje ocurridos en las últimas horas en Concepción y en Santiago han puesto de manifiesto una debilidad y tardanza incomprensibles en las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía.

En situaciones de emergencia como las que vive el país es crucial que se demuestre la capacidad de mantener el orden público, pues es sólo sobre la base de éste que resulta posible organizar la asistencia a los más necesitados y enfocarse en las tareas de rescate y reconstitución de los servicios básicos, fijando las prioridades y tomando decisiones para alcanzarlas.

Pese a que el gobierno decretó el domingo (28/02/2010) estado de catástrofe en las dos regiones más afectadas por el terremoto y el tsunami que lo siguió, no ha sido capaz de garantizar el orden público. Los alcaldes de algunas ciudades afectadas se quejan de la lentitud y escasez del despliegue militar, lo que ha permitido que se sigan registrando escenas de violencia. Ayer (01/03/2010), grupos de jóvenes tomaron por asalto una multitienda en Concepción, la que luego procedieron a incendiar, sin que los pocos soldados que había en el lugar fueran capaces siquiera de disuadirlos. El edil de Hualpén, mientras tanto, realizó dramáticas declaraciones a una radio mientras la sede de la municipalidad era saqueada por una turba.

La violencia y descaro apreciados en imágenes y despachos de prensa dan cuenta de la impunidad con que han actuado los delincuentes, frente a los que la población ha quedado indefensa y amenazada en momentos en que todavía no se repone de los efectos del desastre.

Lo esperable, a partir de la declaración de estado de catástrofe el domingo pasado, era un rápido despliegue de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en las zonas más afectadas de la Séptima y Octava Región, así como un redoblamiento de las fuerzas policiales en Santiago.

Son evidentes los prejuicios y vacilaciones que exhibe el gobierno desde un primer momento respecto de la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas de rescate y preservación del orden público. El cumplimiento de las obligaciones de la autoridad y el respeto de los derechos de las personas no pueden quedar supeditados a consideraciones de este tipo.

La experiencia mundial en estas emergencias y catástrofes recomienda desplegar cuanto antes estas medidas de seguridad para prevenir la ocurrencia de los hechos que ahora se están lamentando y que deben ser controlados a la brevedad.

Es importante considerar que el gobierno ha recibido un fuerte apoyo de todos los sectores, especialmente de la futura administración, y de las personas comunes y corrientes (algunas de las cuales se han organizado espontáneamente para resguardar sus enseres y su seguridad) para aplicar las medidas necesarias para enfrentar estos problemas y los requerimientos de seguridad pública no son una excepción.  El gobierno debe dejar atrás las dudas que ha mostrado en esta materia, porque la ciudadanía espera que se cumpla con la ley y apoyará el desempeño de las Fuerzas Armadas y policiales dentro del marco constitucional previsto para emergencias de esta naturaleza.

La declaración de estado de catástrofe y la aplicación del toque de queda no son suficientes si no van acompañadas del apoyo explícito de las autoridades a los efectivos policiales y militares para que su presencia sea efectiva y genere un efecto disuasivo en quienes injustificablemente han tratado de aprovecharse de esta situación. Ese apoyo ya es claro y evidente en la ciudadanía. Cualquier duda en este sentido puede hacer más difícil en el futuro inmediato la tarea de preservar el orden público.

A lo anterior cabe agregar la necesidad de que se descarte otorgar justificación, especialmente a través de los medios masivos, a quienes cometen estos actos de vandalismo y robo. Cualquier tolerancia de este tipo desalienta el cumplimiento de la ley y dificulta restaurar el orden público a quienes están encargados de hacerlo.■■■■■

“La Tercera”
Santiago
02/02/2010

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