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LUCES Y SOMBRAS DE UNA GRAN CATÁSTROFE

LUCES Y SOMBRAS DE UNA GRAN CATÁSTROFE

LUCES Y SOMBRAS DE UNA GRAN CATÁSTROFE
marzo 01

LUCES Y SOMBRAS DE UNA GRAN CATÁSTROFE

Nueva imagenHa quedado de manifiesto con el terremoto del 27 de febrero que se produjo en Chile, no sólo el creciente número de víctimas, sino también la trágica enormidad de los daños; pero además, demasiadas insuficiencias y fallas.

Una catástrofe como la que se está enfrentando exige gran prudencia en los juicios. Chile fue reiteradamente elogiado por autoridades y medios extranjeros por su preparación frente a situaciones de desastre en las horas iniciales tras el reciente terremoto. Y, sin duda, frente a la magnitud de lo ocurrido, el país ha estado resistiendo en mejor pie que muchas otras naciones, incluso desarrolladas: en el pasado no lejano, sismos de menor intensidad han causado estragos comparativamente mayores en Japón, y el huracán “Katrina” evidenció las deficiencias que en este ámbito pueden darse aun en la superpotencia estadounidense. Probablemente, un sismo de 8,8 grados que alcanzara a la mitad más poblada de cualquier otro país de la región latinoamericana habría tenido efectos aniquiladores, en tanto que el nuestro, aunque malherido, ha seguido funcionando.

No obstante, precisamente porque Chile ha debido aprender de una larga y dolorosa experiencia en esta materia, el realismo exige registrar no sólo los logros, sino las deficiencias que habrá que corregir con miras al futuro. La jornada de ayer puso de manifiesto no sólo el creciente número de víctimas —más de 700 muertos al cierre de esta edición—, sino también la trágica enormidad de los daños; pero además, demasiadas insuficiencias y fallas como para que podamos sentirnos satisfechos.

Desde luego, resalta la evidencia de que el sistema oficial de comunicaciones, informaciones, transmisión de instrucciones, envío de socorros y equipos especializados es insólitamente deficiente para el grado de avance de la tecnología -siendo de lamentar que, al menos en las primeras 36 horas, no hicieran excepción a esto ni las Fuerzas Armadas ni Carabineros-. Las autoridades gubernamentales no mostraron disponer de redes alternativas para esos efectos si colapsan los medios normales por una emergencia. De allí que la evaluación de la situación por la cúpula del Gobierno y diversas reacciones consiguientes fuesen lentas y a no pocos respectos importantes, tardías.

La muestra más grave de ello fue que la propia Presidenta de la República —tan justamente apreciada y querida por su incansable preocupación y su cálida sensibilidad ante la desgracia y la angustia de miles de compatriotas— descartara prematuramente la posibilidad de maremotos, que sin embargo se produjeron y cobraron víctimas. El ministro de Defensa imputó al día siguiente la equivocación a la Armada, que ciertamente deberá explicar esta situación al país, pero subsiste el hecho de que el sistema de alarma temprana no funcionó, y que los publicitados ejercicios realizados en años recientes para preparar a la población contra estas eventualidades no surtieron efecto en múltiples localidades costeras del territorio continental, ni en la isla de Juan Fernández. Todo lo anterior es inaceptable.

Igualmente incomprensible es que debieran aflorar saqueos en múltiples puntos de la zona estragada -principalmente en Concepción, pero también en la capital, como sucedió en Quilicura-, malamente controlados o no contrarrestados, para que, recién pasadas las 15 horas de ayer, el Gobierno resolviera declarar el Estado de Catástrofe —uno de los estados de excepción constitucional— por 30 días en las regiones de Maule y Biobío. A esas horas, además del clamor de muchos alcaldes de las ciudades más afectadas por la delincuencia, ya toda la ciudadanía lo tenía largamente en claro, por la labor de los medios de información: lo conocido por los diarios, radios, televisión, internet y demás (“Esto es una guerra”, fue la descripción de algunos observadores de esos hechos) hacía obvio que la seguridad pública estaba severamente amagada, y que el multisecular mecanismo constitucional para enfrentar tales casos habría debido utilizarse desde el día anterior, para evitar lo que luego sucedió.

No sorprende, en cambio, que otros servicios estatales como los de salud —sin reservas de sangre suficiente— o de Gendarmería —con fugas de presos y motines— estén mostrando redobladamente limitaciones que también se manifiestan en tiempos de normalidad.

También todo lo relativo a infraestructura —puertos, aeropuertos, carreteras— y a vivienda requerirá una reevaluación severa cuando se recupere la normalidad. Tal vez fue temerario el juicio de un alto prelado que imputó la responsabilidad por fallas de construcción que costaron muchas lesiones y vidas al ánimo de “ganar unos pesos más” por parte de firmas constructoras, pero sería de esperar que instancias técnicas independientes de ellas, de los ministerios mandantes y de los concesionarios en su caso —como los colegios de Ingenieros y Arquitectos, institutos y facultades universitarias de esas especialidades— evacuaran un informe sobre la eficacia de las normas antisísmicas y similares en vigencia, así como sobre la real fiscalización de las mismas por las instancias competentes. Porque pueden entenderse los desplomes de hospitales y cárceles vetustas, pero adquiere otra dimensión la gravedad de las fallas que han podido afectar tan gravemente la red vial del país, incluyendo a no pocos tramos de construcción moderna. El grado de destrucción que muestra dicha red, y en particular la carretera norte-sur, espina dorsal del país, requerirá recursos ingentes para su recuperación e implicará un retraso en el desarrollo, el crecimiento y el empleo de todo Chile. Es indispensable que las responsabilidades al respecto sean claramente establecidas.

Ahora, una enorme responsabilidad recae sobre los militares que, en virtud de la declaración del Estado de Catástrofe, tienen bajo su dependencia inmediata a las regiones de Maule y Biobío. Por su intermedio, en dicho estado la Presidenta de la República puede adoptar (artículo 43 de la Constitución) las medidas administrativas necesarias para el restablecimiento de la normalidad, y restringir las libertades de locomoción y reunión -incluido el toque de queda-. Se espera de las Fuerzas Armadas un rápido incremento de la coordinación y la eficacia de las acciones, para lo cual cabe anticipar que contarán con amplio apoyo ciudadano.■■■■■

“El Mercurio”
01/03/2010

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